El exministro Álvarez-Cascos, denunciado y expulsado de su partido por apropiación indebida

El exministro de Fomento Francisco Álvarez-Cascos ha sido expulsado de Foro, el partido asturiano que promovió hace nueve años, y denunciado en un juzgado de Oviedo como presunto autor de distintos delitos de apropiación indebida y administración desleal.

La comisión directiva de Foro, al frente de la cual se encuentra la exalcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, ha tomado esta decisión a raíz de una auditoría externa encargada hace meses en la que se denuncian distintas irregularidades y en la que se le achacan ingresos de más de 1,2 millones de euros en sueldos y gastos que pasó al partido que él promovió en 2011.

La querella interpuesta por la actual dirección de Foro contra su fundador va a acompañada de numerosas de facturas y contratos de su esfera personal que, según han señalado a Efe fuentes del partido, pueden haber supuesto para la formación un coste superior al millón de euros.

Entre las facturas, hay de zapatos, videojuegos, licencia de pesca o estancias en hoteles en viajes particulares

Entre esas facturas, las hay de zapatos para sus hijos, videojuegos, tasas de licencia de pesca, llamadas de teléfonos de su familia o estancias en hoteles en viajes particulares, según fuentes del partido, que aseguran que la dinámica de gastos se mantiene desde que se fundó el partido hace nueve años.

Tras su salida del Partido Popular, Cascos impulsó Foro Asturias Ciudadanos -el acrónimo del partido, FAC, coincidía con las iniciales de su presidente- y se mantuvo al frente de esta formación hasta 2018, primero como presidente y luego como secretario general, hasta que tomó las riendas la exalcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón.

Pugna en la cabecera del partido

El enfrentamiento entre ambos por el control del partido llevó a Moriyón a fiscalizar las cuentas desde la fundación del partido, a anunciar a finales del pasado año que el tiempo de Cascos en Foro ya había pasado y a anunciar que se personarían en los tribunales por los gastos en los que había incurrido.

El que fuera vicepresidente del Gobierno de José María Aznar, ministro de Fomento y presidente del Principado no se considera, sin embargo, responsable de las irregularidades destapadas en esa auditoría y ha defendido la transparencia de una cuentas "que conoce todo el mundo" y que han sido auditadas y fiscalizadas hasta hace un año.

"No me siento responsable de las irregularidades" y "no hay ningún misterio", señaló Álvarez-Cascos tras hacerse pública la auditoría el pasado 29 de mayo. Por contra, aseguró que con Moriyón al frente de Foro sí que hubo irregularidades porque no hay ni presupuestos aprobados el pasado año ni informe de gestión económica.

En esta batalla también hay cinco demandas interpuestas por afiliados contra la actual dirección y Moriyón, que preside el partido desde septiembre de 2018; y se ha producido la división del grupo parlamentario en la Junta General del Principado, con uno de sus dos diputados expulsado, situación que ha llevado al único diputado en el Congreso, Isidro Martínez Oblanca, a alinearse con los partidarios de Cascos.

Con el partido por la mitad, los partidarios de Cascos mantienen que en Foro hay un intento de apropiación indebida del proyecto político original y culpan a Moriyón de querer convertir la formación en una muleta del PSOE y defender la oficialidad del bable.

Moriyón, por su parte, achaca a Álvarez-Cascos el fracaso electoral de los últimos comicios autonómicos y una vinculación con la formación regionalista basado en las retribuciones que percibía de Foro.

Incluso antes de la auditoría, los partidarios de Moriyón acusaron a Álvarez-Cascos de haber percibido un salario de unos 5.000 euros mensuales como vicepresidente del partido y de generar gastos de hasta 14.000 euros al mes a dicha formación al incluir los gastos sociales, coche, chófer, gasolina, hoteles y peajes, entre otros.

Para el actual secretario general de Foro, Adrián Pumares, el partido respeta la presunción de inocencia en el ámbito judicial, pero desde el punto de vista político los actos destapados por la auditoría no tienen justificación posible, no son éticos ni estéticos y por eso se procedió a su expulsión.