La tercera comisión de investigación del Congreso sobre la llamada brigada política del Ministerio del Interior en el Gobierno de Rajoy nació con poca vida, sin consenso de los grupos sobre quiénes serían los comparecientes y qué objetivos alcanzar. Ahora, con la disolución del Parlamento, se pierde una oportunidad más de indagar en el "vergonzoso" episodio de las 'cloacas de Interior', resaltan fuentes parlamentarias. 

La corta vida de esta comisión de investigación solo ha permitido la comparecencia del comisario jubilado José Manuel Villarejo. Fue el pasado 11 de mayo cuando el principal investigado en el macrocausa Tándem regresó al Congreso para ser preguntado por su implicación en la operación Catalunya, uno de los operativos de la 'brigada patriótica' diseñado presuntamente por el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz entre 2012 y 2015. 

Durante su intervención, Villarejo intentó saldar cuentas con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), responsabilizando a la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría de la operación Catalunya y asegurando que estaban al corriente tanto el expresidente Rajoy como la exsecretaria general del PP Dolores de Cospedal.

Poco o nada aportó Villarejo a una investigación parlamentaria que pretendía centrarse en los trabajos de la 'brigada patriótica' para frenar el independentismo catalán mediante informes falsos, como el que vinculaba al exalcalde de Barcelona Xavier Trías con una falsa cuenta en Andorra, que fue publicado en El Mundo. 

La caída de la Banca Privada de Andorra

La otra comparecencia acordada en el seno de la comisión es la del expresidente de la Banca Privada d'Andorra (BPA), Higini Cierco i Noguer, señalada inicialmente para el mismo día que la de Villarejo, pero que fue suspendida por coincidirle un viaje previamente organizado. La comparecencia de Cierco estaba pendiente de nueva fecha, pero ahora ha quedado definitivamente cancelada. 

Una de las derivadas de la operación Catalunya es la caída de la Banca Privada d'Andorra (BPA), por la que un juzgado del Principado investiga al expresidente Rajoy y a los exministros Fernández Díaz y Cristóbal Montoro, además de un grupo de policías españoles, por presuntamente coaccionar a los responsables de la BPA, entre ellos los hermanos Higini y Ramón Cierco, para conseguir datos de supuestas cuentas de los expresidentes catalanes Jordi Pujol y Artur Mas, y también del exvicepresidente Oriol Junqueras. 

Veinte comparecientes

Los portavoces en la comisión lograron pactar una primera lista de veinte comparecientes el pasado 17 de mayo, tras varios intentos infructuosos que la mantuvo paralizada durante el mes de marzo: la ex secretaria general del PP Dolores de Cospedal; el exministro Fernández Díaz; el exsecretario de Estado de Interior Francisco Martínez; el ex DAO Eugenio Pino; el exjefe de Asuntos Internos de la Policía Marcelino Martín Blas; el exdirector general de la Policía; Ignacio Cosidó; y los policías Bonifacio Díaz Sevillano y Celestino Barroso, entre otros.

También iban a comparecer Narciso Ortega, exjefe superior de Policía en Catalunya, que denunció a Fernández Díaz y a Cospedal por su cese en el marco de la operación Catalunya; y el abogado Agustí Carles Garau, presidente de la entidad Drets, una de las asociaciones que presentó la querella en Andorra por la presunta extorsión por parte de policías españoles a los accionistas de la BPA para obtener pruebas contra los líderes nacionalistas catalanes. 

La querella fue ampliada años después contra Rajoy, Fernández Díaz y Montoro, que están imputados en el Principado por los presuntos delitos de coacciones contra los órganos constitucionales, penado con entre tres y diez años de cárcel; y el de creación, uso y comercialización de documento falso, castigado con hasta tres años de prisión.

No obstante, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha paralizado la comisión rogatoria acordada por la justicia andorrana tras estimar los recursos de Rajoy, Montoro y Fernández Díaz. 

Falta de consenso con Podemos

Unidas Podemos pretendía abordar en la comisión la rama mediática de las cloacas del PP y citar a periodistas que llegaron a publicar las informaciones falsas fabricadas por Villarejo, como el falso informe PISA sobre la financiación de Podemos. Además pedía la comparecencia de Pablo Iglesias como víctima de esas cloacas. El PSOE se negó. Tampoco quisieron los socialistas que Mariano Rajoy volviera a acudir a una comisión de investigación sobre el mismo asunto. 

Hay que recordar que el expresidente compareció en la anterior comisión sobre las 'cloacas del PP', centrada en la operación Kitchen, sobre el espionaje ilegal al extesorero del PP Luis Bárcenas. El dictamen de aquella investigación, en febrero de 2022, concluyó que los responsables políticos, "últimos y conocedores" de la operación Kitchen fueron el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y la exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.