La confirmación de la existencia de amianto en algunos de los vagones más antiguos del Metro de Madrid ha encendido las alarmas sobre los riesgos que presenta para la población el contacto directo con un material altamente tóxico, presente en muchas instalaciones y edificios, y cuyo uso en el sector de la construcción quedó prohibido en el año 2001.

Si bien Metro de Madrid se ha comprometido a eliminar el amianto de las estaciones mediante la aplicación de un plan cuyo presupuesto ronda los cien millones de euros, ha sido ahora la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) la que ha alertado sobre los riesgos de este agente cancerígeno en las viviendas de la capital. 

La FRAVM ha denunciado que miles de casas y locales del Poblado Dirigido de Fuencarral, el barrio de San Pascual (Ciudad Lineal) y la Meseta de Orcasitas (Usera) mantienen en sus estructuras y cubiertas placas de uralita construidas con cemento y amianto. 

Los vecinos han reclamado al Ayuntamiento de Madrid, a través de una propuesta dirigida al proyecto de presupuestos participativos, la creación de un registro municipal de “edificios, estructuras e instalaciones que tengan amianto o materiales que contengan amianto (MAC): fibrocemento, placas y tubos (uralitas), plásticos reforzados, telas asfálticas, conducciones de agua potable, calorifugados y cordones (calderas de calefacción y sus conducciones, hornos e instalaciones industriales)”. 

El mapa del amianto

Óscar Bayona, portavoz de la Campaña por la Supresión del Amianto de la FRAVM, ha explicado a este periódico que, si se hiciera un mapa del amianto en Madrid, los distritos de Fuencarral, Ciudad Lineal y Usera ocuparían un lugar muy preferente, aunque el amianto, a su juicio, está presente en todos los distritos de la capital y en casi todas las ciudades y pueblos de España. 

“Todas las edificaciones que se levantaron desde los años sesenta hasta 2001 son susceptibles de tener amianto. Se calcula que en España hay más de dos millones de toneladas de este material en nuestros edificios y equipamientos, y éste es un problema de salud pública de primer orden”, asegura Bayona. 

Por su parte, el concejal de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, quiere trasladar un mensaje tranquilizador a la población e insiste en que el amianto en buenas condiciones no genera un peligro para la salud, sino que el riesgo está en la manipulación, y sobre todo en la retirada de este componente. 

“El principal riesgo en la retirada de amianto”, precisa, “se da cuando se generan partículas de amianto en el aire, ya sea por el corte, rotura, desgaste o cualquier otra intervención, siendo peligrosa para la salud la inhalación de partículas de amianto desprendidas, por lo que es necesario que su retirada sea realizada por expertos”. 

Calvo ha indicado que el Ayuntamiento de Madrid, consciente de la existencia de amianto, un material de construcción muy utilizado en España durante los años 60 y 70 especialmente en cubiertas o bajantes, ha querido ayudar a los vecinos a sustituirlo por otros materiales no perjudiciales para la salud. 

Plan MAD-RE

Dentro de las líneas de ayudas del Plan MAD-RE hay una subvención específica del 50%, que, atendiendo a las solicitudes vecinales, en la convocatoria 2018 del Plan será del 60%, para sustituir estas cubiertas por otras eficientes, con materiales aislantes que, “además de garantizar la salud de los vecinos, garanticen también un mejor confort interior de sus viviendas con menor consumo de combustible y menor coste de las facturas de energía”. 

Calvo ha subrayado que, como todas las líneas de subvención del Plan MAD-RE, accesibilidad, eficiencia energética y conservación, esta ayuda tiene un complemento del 5%, si se agrupan más de 5 comunidades del mismo entorno y es del 90% para familias con situación de especial vulnerabilidad. 

Finalmente, el concejal ha recordado que, en obra nueva, el amianto está prohibido desde diciembre de 2002, y el Ayuntamiento controla mediante las licencias el cumplimiento no solo de la normativa urbanística sino también de la normativa general de aplicación a la construcción, por lo que en los edificios construidos después de esta fecha se puede garantizar que no existe amianto. 

Las operaciones de retirada de amianto deben realizarse por una empresa inscrita en el RERA (Registro de Empresas con Riesgo por Amianto), debido al riesgo que conlleva para la salud la retirada de dicho material. El RERA es el organismo oficial que controla y regula todas las empresas que manipulan amianto. 

El órgano responsable del cumplimiento de las condiciones exigidas por las normativas europeas para la retirada del amianto es la Comunidad Autónoma. En concreto, en Madrid es la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, a través del Organismo Autónomo Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo.