El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo mintió en el año 2010 cuando, apenas un año después de acceder al poder, aseguró disponer de una auditoría de la consultora neerlandesa KPMG que supuestamente avalaba las posibilidades de fusión de Caixa Galicia y Caixanova, las dos grandes cajas de ahorro de Galicia.

Así se desprende de la declaración de uno de los expertos de KPMG que declaró la semana pasada ante la Comisión del Congreso de los Diputados que investiga la crisis financiera y el rescate bancario de las entidades quebradas en España.
Según Francisco Gibert, consultor de la compañía y coautor del informe en el que la Xunta basó su apuesta por aquella fusión y por el que pagó un millón de euros, lo que su empresa entregó a Feióo no era una auditoría contable de las cajas, sino tan sólo un "diagnóstico acelerado" basado en previsiones coyunturales que resultaron ser erróneas. El experto reiteró así la versión que ya había dado en el año 2013 en el Parlamento de Galicia.

A partir del año 2008, el crac financiero puso en una delicada situación a Caixanova, con sede en Vigo, y a Caixa Galicia, en A Coruña, ambas víctimas de una gestión megalómana basada en una excesiva exposición al ladrillo, las hipotecas de alto riesgo, la expansión nacional e internacional acelerada y la exagerada inversión en sectores industriales y no financieros.

En el año 2009, nada más llegar al poder, y ante la amenaza de una intervención del Banco de España en Caixa Galicia, Feijóo optó por promover su fusión con Caixanova. La apuesta fue muy contestada, especialmente en Vigo, donde buena parte del empresariado y del poder mediático se posicionaron contra una operación que consideraban perjudicial para los intereses del sur de Galicia, en general, y de la mayor ciudad de la comunidad, en particular. Temían que la peor situación de Caixa Galicia arrastrara a Caixanova, cuya apariencia era de mayor solvencia.

Feijóo y su entonces conselleira de Economía, Marta Fernández Currás, quien posteriormente sería ascendida a secretaria de Estado de Presupuestos en el Gobierno de Mariano Rajoy, reaccionaron aireando los resultados de esa supuesta auditoría de KPMG. Aunque no la hicieron pública, Feijóo la utilizó como el principal argumento para defender la fusión, y el departamento de Fernández Currás llegó a emitir varias notas de prensa aludiendo a los resultados de la misma.

En una de ellas, fechada el 20 de enero del 2010, la Xunta decía, literalmente: "La auditoría externa encargada por la Xunta de Galicia a KPMG avala la solvencia de la fusión de las cajas gallegas, una operación que dará lugar a la quinta caja española por volumen de activos, con una dimensión suficiente para el nuevo escenario financiero (...) La unión de Caixa Galicia y Caixanova es solvente, es la fórmula que garantiza la galleguidad [de la entidad resultante] y está avalada técnicamente".

Feijóo acabó saliéndose con la suya, la fusión se llevó a cabo y se bautizó a la entidad con el nombre de NovaCaixaGalicia. El presidente gallego situó en la copresidencia a Mauro Varela, un exdiputado autonómico y nacional que se había colocado tras su carrera política como vicepresidente de la entidad coruñesa y presidente de su Comisión de Control.

Aunque la realidad tardó poco en desmentir aquellas optimistas previsiones. Un año después, la caja surgida de la fusión, NovaCaixaGalicia, siguió arrastrando los mismos problemas, lo que forzó a que abandonara su condición de caja para convertirse en un banco, NCG Banco. Para dirigirla, el propio Feijóo promovió a José María Castellano, ex vicepresidente y consejero delegado de Inditex y antigua mano derecha de Amancio Ortega, y quien por entonces ocupaba la presidencia de Ono y la vicepresidencia de La Voz de Galicia, el diario de mayor tirada de la comunidad, con sede en A Coruña y que secundaba la estrategia en favor de la fusión de la Xunta.

La gestión de Castellano fue muy polémica, pues, pese al lastre financiero que le dejó la anterior dirección, al escándalo de la estafa de las preferentes y al riesgo evidente de quiebra, se asignó un salario de 900.000 euros anuales, superior incluso al de los anteriores gestores. Las remuneraciones de su cúpula directiva, una docena de personas, ascendía a 4,47 millones por ejercicio.

Castellano no pudo cumplir su promesa de recaudar 700 millones de inversores privados para recapitalizar la entidad, que acabó siendo nacionalizada y entregada al Fondo de Restructuración Ordenada Bancaria (FROB). El Estado tuvo que inyectar en NCG Banco cerca de 8.000 millones de euros para evitar su quiebra antes de vendérsela al banquero venezolano Juan Carlos Escotet, propietario del Grupo Banesco, por mil millones de euros.

Así, la fallida operación auspiciada por Feijóo terminó con parte de la cúpula directiva de Novacaixagalicia entre rejas, condenada por asignarse pensiones e indemnizaciones millonarias, y las antiguas cajas, privatizadas y convertidas en un pingüe negocio que, bajo la marca Abanca, ha proporcionado a Escotet beneficios millonarios desde el primer momento de su adquisición.

Como hizo hace cinco años en el Parlamento de Galicia, Francisco Gibert ha negado ahora la versión de la Xunta al advertir de que lo que KPMG realizó para el Gobierno gallego en el año 2009 no fue ni mucho menos una auditoría de cuentas, sino un mero informe "factual" que debía estar listo en un mes y en el que no se analizaban otras alternativas a la fusión de las dos cajas. De hecho, esa opción no era la más recomendable, ya que lo que KPMG proponía, a falta de un análisis más detallado y de una verdadera auditoría, era una absorción de Caixa Galicia por parte de Caixanova. El ex presidente de esta entidad, Julio Fernández Gayoso, uno de los condenados a prisión, declaró en la misma comisión del Congreso que la fusión "era la peor de las opciones posibles".

Toda la oposición en el Parlamento de Galicia ha pedido la comparecencia de Feijóo para que explique por qué dijo que aquel informe previo era una auditoria. El portavoz de En Marea, Luis Villares, lo acusa de engañar a los ciudadanos. La portavoz del BNG, Ana Pontón, ha anunciado que su formación prepara una querella por prevaricación contra el jefe del Ejecutivo gallego. Y el alcalde de Vigo, Abel Caballero (PSOE), califica al presidente de la Xunta como autor de una “mentira cósmica”.

Por su parte, el portavoz del PP, Pedro Puy, ha rechazado que su partido, con mayoría absoluta en la Cámara autonómica, vaya a aceptar la comparecencia de Feijóo. Aseguró que sería "absurdo" hacerlo teniendo en cuenta que la versión que Gibert expuso en el Congreso es la misma que la que llevó ya había esgrimido en el 2013.

El presidente de la Xunta no ha respondido a la pregunta de por qué calificó como "auditoria" a lo que, según ha reconocido, no era más que una due dilligence o análisis previo. Pero sí ha defendido de nuevo las ventajas de la fusión, a pesar de que las cajas acabaran perdiendo su carácter público tras una inversión multimillonaria de fondos públicos. Incluso ha asegurado que la operación ha permitido mantener la sede de la entidad en Galicia, a pesar de que su principal accionista la tiene en Venezuela