El mero hecho de que el jefe del Estado de un mensaje por televisión en prime time de la noche del miércoles evidencia la gravedad de la crisis desatada por la expansión incontrolada del Covid-19. Felipe VI se ha dirigido a todos los españoles cuando se han cumplido cuatro días de la entrada en vigor del estado de alarma, declarado por el Consejo de Ministros del pasado sábado. Al menos 558 personas ya han perdido la vida a causa del coronavirus.

Horas antes, por la tarde, el rey se había reunido en el Palacio de La Zarzuela con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y con los cuatro ministros al frente del comité técnico de gestión de la crisis del virus (Salvador Illa, Margarita Robles, Fernando Grande-Marlaska y José Luís Ábalos).

Ha sido el segundo mensaje extraordinario de su reinado, que arrancó en junio de 2014 con la abdicación de su padre, Juan Carlos I. Después de suspender su agenda pública (y la de la reina), llega la primera intervención pública del monarca sobre la crisis que ha llevado al borde de la extenuación al sistema sanitario, ha forzado la reclusión de la mayoría de los españoles en sus casas, el despliegue del Ejército o la aprobación por parte del Gobierno de un "escudo económico y social" que prevé movilizar 200.000 millones de euros para afrontar las consecuencias de la pandemia.

De hecho, ni este monarca ni su padre, ahora rey emérito, han tenido por costumbre pronunciar discursos solemnes ante la nación más allá de su tradicional cita en Nochebuena, obviando sus declaraciones en distintos actos, y el acostumbrado discurso en el Solemne Acto de Apertura de las Cortes Generales, cuando ya ha sido investido un presidente del Gobierno y comienza a andar una nueva legislatura.  

El único precedente para el actual jefe del Estado fue su intervención del 3 de octubre de 2017, tras la celebración del referéndum soberanista del 1-O en Catalunya. Para muchos, este discurso demostró que el rey había asumido los postulados del entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y representó su alejamiento de buena parte de la ciudadanía.

Entre otras cuestiones, y sin explicitarlo, el monarca animó al Ejecutivo a aplicar el artículo 155 de la Constitución en Catalunya, como finalmente ocurrió. "Es responsabilidad de los legítimos poderes del Estado asegurar el orden constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones, la vigencia del Estado de Derecho y el autogobierno de Cataluña, basado en la Constitución y en su Estatuto de Autonomía", dijo entonces.

Precisamente, su intervención ese 3-O se ha equiparado reiteradamente con el discurso de su padre tras el golpe de Estado del 23 de Febrero de 1981. Esta equiparación se ha mantenido, a pesar de que los autores del 23-F fueron condenados por rebelión, y el Tribunal Supremo condenó por sedición (o sedición y malversación) a la mayoría de los políticos catalanes que impulsaron el 1-O.

"Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir", aseguró el entonces monarca, de pie, en el pasillo de un hospital. Fueron sus primeras palabras al recibir el alta, tras pasar cinco días ingresado por la fractura de cadera que sufrió en una cacería en Botsuana.

La inesperada disculpa llegó además en un momento de máximo cuestionamiento de la monarquía, no sólo por las actividades del hoy monarca emérito, sino por la imputación de su yerno Iñaki Urdangarín, hoy cumpliendo su condena a cinco años y diez meses de cárcel por malversación, prevaricación, fraude a la Administración, dos delitos fiscales y tráfico de influencias. La hija del monarca, Cristina de Borbón, fue absuelta de un delito fiscal, pero condenada a pagar una multa de 256.000 euros.

En su día, además, Juan Carlos de Borbón censuró el comportamiento "no ejemplar" de Urdangarín, pero hoy es su ejemplaridad la que está en tela de juicio. Y, mientras PSOE, PP, Ciudadanos y la formación ultraderechista Vox se oponen a investigar al monarca emérito en el Congreso de los Diputados, tras las últimas revelaciones sobre sus finanzas, la Casa Real ha optado por intentar zanjar la polémica con un comunicado y un par de decisiones cargadas de simbolismo.

La fecha escogida tampoco parece casual. La Casa Real difundió el comunicado el domingo, el mismo día de la entrada en vigor del estado de alarma, que sólo se había declarado una vez, casi diez años atrás. En ese comunicado, Felipe VI aseguró que renunciaba a la herencia de su padre -pese a que éste no ha fallecido, y por tanto la renuncia no tiene valor jurídico-, y le retiró la asignación directa de la que hasta entonces se beneficiaba, con cargo al erario público: 194.000 euros al año.

El texto reconoce que el jefe del Estado supo hace ya casi un año que figuraba como beneficiario de un capital de origen desconocido, y ha esperado hasta ahora para retirarle esta asignación. 

Felipe VI ha intentado cortar todo vínculo con las finanzas opacas de su padre, después de conocerse que la Fiscalía helvética investiga una multimillonaria donación que recibió Corina Larsen desde una cuenta suiza que su abogado justificó como un "regalo no solicitado del Rey emérito", y que proceden de una fundación panameña con un patrimonio de 100 millones de dólares. La investigación judicial intenta averiguar si ese dinero tiene alguna relación con las obras del AVE a La Meca.

Y, mientras el socio del PSOE en el Gobierno, Unidas Podemos, sigue apostando por investigar las finanzas del rey emérito -una vez superada esta crisis-, el presidente del Gobierno defendió este martes la "necesaria y coherente" decisión del monarca, recogida en ese comunicado. Salvo que aquí sí haya un giro de guion inesperado, se da por hecho que Felipe VI esquivará este tema.