La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a las dos activistas de Femen que asaltaron la Catedral de la Almudena en junio de 2014 como autoras de un delito de profanación, por lo que tendrán que pagar una multa de 12 meses a razón de seis euros al día, es decir, 2.190 euros cada una.

El tribunal ha estimado el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Fiscal y, parcialmente, el presentado por la Asociación de Abogados Cristianos contra la sentencia de fecha 26 de noviembre de 2018 del Juzgado de lo Penal nº 23 de Madrid, que absolvió a las dos activistas acusadas de delitos de odio y contra los sentimientos religiosos.

La sentencia considera que "no puede considerarse amparada en la libertad de expresión la conducta de las acusadas" toda vez que "eligieron un templo católico simbólico en Madrid, como es La Almudena, la Catedral de Madrid, para realizar los actos físicos gravemente ofensivos y vejatorios para los sentimientos de los católicos, asegurando además que tendrían la máxima repercusión pública posible, al ir acompañadas de periodistas que grabaron su actuación y fue divulgada con posterioridad a través de múltiples medios de comunicación".

Una multa de 2.190 euros para cada acusada

"Dicha acción tenía por destinatarios a todos los católicos, ofender los sentimientos de los católicos mediante actos ofensivos al símbolo más importante de la Religión Católica como es la Cruz, que no se justifican por su desacuerdo con las ideas de la iglesia Católica acerca de la reforma de la ley del aborto, y que pudieron expresar libremente en otro lugar diferente", agrega el tribunal.

La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, celebra esta decisión ya que "era disparatado pensar que un ataque como este quedara impune". "Seguiremos luchando para que se haga justicia como se ha hecho en este caso frente a otros ataques que vulneren la libertad religiosa o el derecho a la vida", ha destacado.

Lara Alcázar, líder del movimiento Femen en España, ha mostrado su desacuerdo con el fallo y ha insistido en que se trató de una "protesta pacífica y simbólica" que, en su opinión, debería estar amparada por el derecho a la libertad de expresión. "Esta condena económica es un palo importante", ha reconocido la activista, para después advertir de que ello no quiere decir que no vayan a seguir "peleando" y que se reunirán con su abogado para analizar los pasos a dar a partir de ahora.