Ya no hay vuelta atrás. En plena primavera, la sociedad vasca dirá definitivamente agur a dos marcas inconfundibles del último conflicto violento de Europa occidental. Por un lado, ETA entregará sus armas de manera verificable y legal. Por otro, un centenar de políticos y empresarios dejará de tener escoltas. Sin armas ni amenazados, quedarán más de tres centenares de presos, encerrados a cientos de kilómetros de sus hogares. Algunos están gravemente enfermos. El Gobierno, de momento, dice que no habrá cambios en su férrea política penitenciaria, exactamente la misma que se aplicaba en los años más duros.

“2017 va a marcar un hito en la Historia de este país. Ésta es una apuesta por el futuro, la resolución, la paz y la justicia”, señala a Público la expresa Oihana Garmendia, quien esta misma semana comparecía ante los medios para dar a conocer una nueva iniciativa de la izquierda abertzale: “Euskal Udaberria Kalera, Bakea eta Askatasuna irabaztera” (La primavera vasca a la calle, a ganar la paz y la libertad). “El objetivo es vaciar las cárceles y la vuelta a casa de las personas huidas”, explica su portavoz.

Se trata de la primera campaña impulsada por la izquierda independentista en el nuevo escenario que se abrirá el día 8 de abril, fecha en la que ETA, con el respaldo de un amplio número de activistas sociales, completará su desarme. “Eso permitirá cerrar la fase violenta de este conflicto político y facilitará que se vayan desatando los nudos gordianos en torno a presos y otras cuestiones”, destaca Garmendia. En tal sentido, la expresa habla de buscar “una solución integral a las consecuencias del conflicto”, lo que incluye tanto a presos como a víctimas. “No nos queremos enquistar en lecturas partidarias del pasado –subraya-. Cada uno ha tenido una responsabilidad diferente”.

Paul Ríos, exportavoz de la desaparecida Lokarri e impulsor de la Conferencia de Paz de Donostia de 2011. EFE

Ese debate ya está instalado en el interior de ETA. Hace un mes, cuando aún no se sabía nada sobre el acto de desarme, su portavoz, David Pla, anunciaba en una entrevista publicada por el diario Gara “un proceso de reflexión entre toda la militancia de ETA a partir de primavera”. Esa discusión se produce en un momento trascendental, por lo que sus decisiones serán igual de relevantes. “Interpretamos que dentro de ese proceso también estará el debate sobre el futuro de la propia ETA”, señala a este periódico el portavoz del Foro Social Permanente ─un grupo que trabaja para consolidar el nuevo escenario vasco─, Agus Hernan.

En ese contexto, una de las palabras que más ha sonado durante la última semana ha sido “disolución”. El pacifista Paul Ríos –ex portavoz de la desaparecida Lokarri e impulsor de la Conferencia de Paz de Donostia de 2011- cree que el camino abierto lleva hacia allí. “Hace varios años dijimos que el proceso de paz debía abordar una agenda DDR: Desarme, Desmovilización o Desmantelamiento y Reintegración. Por tanto, el desarme del 8 de abril quitará un problema de la agenda, y lo siguiente debería ser el desmantelamiento y desaparición de ETA”, sostiene.

Preguntas sin respuesta

A falta de conocer cuándo y de qué manera llegará ese nuevo paso, otros expertos advierten sobre las interrogantes que se abrirán en el camino. “Hay cosas que no están resueltas”, indica Kristian Herbolzheimer, integrante de Conciliation Resources, una organización internacional que sigue muy de cerca la situación del denominado “caso vasco”. “Cuando ETA entregue las armas, o incluso si mañana anuncia que se ha disuelto, ¿en qué situación jurídica quedarán aquellos miembros de esa organización que no están presos?”, se pregunta.

Tras participar en distintos foros sobre la situación en Euskadi, Herbolzheimer también cree que existen puntos por atender en materia de víctimas. Por tales motivos, pide poner la mirada en los acuerdos alcanzados entre el gobierno de Colombia y las FARC. “Allí las víctimas han sido el centro del proceso de paz –subraya-, pero sin la politización que este tema ha generado en España”. En ese sentido, el miembro del Conciliation Resources considera que existe “un posicionamiento de trinchera por parte de la izquierda abertzale, así como otro de ‘derrota total del enemigo’ por parte del Estado”. “Si no se sale de esas posturas será muy difícil consolidar la convivencia y la reconciliación”, remarca.

Desde EH Bildu, el parlamentario Julen Arzuaga asegura que las cosas cambiarán, y mucho, tras el desarme del día 8. “El escenario va a dar un giro de 180 grados: estamos ante la oportunidad de dar cierre a este tema, lo que a su vez debería generar mejores condiciones para hablar de otros asuntos que tenemos pendientes, como la desmilitarización de este territorio”, señaló a Público. De momento, su fuerza política –en la que comparten espacio Sortu, Aralar, EA y Alternatiba- ha anunciado que apoyará una moción presentada por PNV y PSE –socios en el Gobierno Vasco- para mostrar su apoyo al acto de entrega de armas. Elkarrekin Podemos también respaldará ese texto, que se tratará en el pleno del 6 de abril y únicamente contará con la oposición del PP.

El otro desarme

“Los partidos han tenido dificultades para dialogar sobre esta cuestión, pero ahora nos encontramos en una situación totalmente diferente”, celebra Agus Hernan desde el Foro Social Permanente. “Si en el marco vasco llegamos a acuerdos –continúa-, podremos lograr que los gobiernos de España y Francia evolucionen en sus posiciones”. Precisamente, ahí está una de las mayores incertidumbres: nadie se arriesga a pronosticar qué harán los ejecutivos de Madrid y París en cuanto ETA esté desarmada.

“El desarme de ETA debería traer otro desarme: el del inmovilismo del gobierno español y de una parte de la justicia”, afirma el ex consejero de Justicia del Gobierno Vasco y actual portavoz de Sare –una plataforma ciudadana que defiende los derechos de los presos abertzales-, Joseba Azkarraga. A su juicio, sería “antilógico” que Rajoy mantuviese la política de alejamiento que aún sufre la mayoría de los reclusos. “ETA, de facto, está disuelta. Esta parte ha dado todo lo que tenía que dar, pero el gobierno español no ha dado ningún paso”. Al respecto, Arzuaga añade otro elemento a tener en cuenta a partir del día 8: “Las personas encarceladas ya no estarán vinculadas a una organización armada, sino que serán presas de cierta motivación política”.

Nada de esto parece convencer al inquilino de La Moncloa. En distintas intervenciones realizadas a lo largo de los últimos días, Rajoy ha dejado claro que “no habrá nada a cambio de nada, porque nada puede haber”. Su compañero de partido en Euskadi, Alfonso Alonso, fue bastante más lejos y llamó “portavoz de ETA” al lehendakari, Iñigo Urkullu, por su decisión de ejercer como “puente” entre los verificadores del desarme y Madrid. Del mismo modo, Alonso ha defendido una y otra vez la decisión del PP vasco de no participar en la Ponencia de Memoria y Convivencia creada por la mayoría del Parlamento de Vitoria, con la única oposición de los conservadores.

“Lo que ocurre es que aquí hay una confrontación de relatos”, explica Joseba Aurrekoetxea, integrante del Euskadi Buru Batzar, órgano de dirección del PNV. “Por un lado –prosigue-, está ese mundo que ya no opta por la vía armada. Por otro, está el Estado, diciéndoles que están aniquilados”. El dirigente nacionalista toma distancia de unos y otros, mientras defiende “actuar con discreción”. “Lo importante –añade– es que en este país dejemos de hablar de organizaciones armadas y lo hagamos sobre reconciliación, memoria y víctimas”. Son los capítulos que vendrán.