El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), a la vista de que la izquierda no se pone de acuerdo para formar gobierno, y tras un mes de agosto horribilis, el primero desde que es presidente, ha decidido pasar a la ofensiva con todo el poder de la mayor administración autonómica.

El mismo Moreno, el vicepresidente Juan Marín (Ciudadanos), el consejero de Presidencia Elías Bendodo (PP) y el de Hacienda, Juan Bravo (PP) lanzaron este lunes una fuerte ofensiva contra el jefe en funciones del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y la ministra de Hacienda, la andaluza María Jesús Montero, a cuenta de la financiación de Andalucía, justo uno de los temas favoritos del PSOE a lo largo de los años que estuvo en el Ejecutivo.

Primero, Moreno se declaró “molesto” con el presidente Sánchez porque considera que no jugó con lealtad institucional durante la crisis de la listeriosis, agregó que el presidente los chantajea con la financiación de la Comunidad y anunció que contempla todas las opciones para recibirlos. La Junta considera que el Estado tiene que abonarle 1.350 millones.

Además, Moreno aseguró que mantiene conversaciones con el presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, para ver qué pueden plantear de cara a la mejora del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas. "El Gobierno dice que no nos da ese dinero y que si queremos que nos los de, tenemos que abstenernos para que Pedro Sánchez sea presidente del Gobierno. Un chantaje en toda regla", dijo Moreno en una entrevista en Canal Sur Radio.

En paralelo, el vicepresidente Marín reclamó una convocatoria de la Conferencia de Presidentes para abordar con el Gobierno un nuevo modelo de financiación autonómica “razonable”, dijo, para Andalucía y el resto de las comunidades.

Y por la tarde, después de que el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo enfatizase el mensaje presidencial, el consejero de Hacienda reveló que le ha enviado una carta -a la que ha tenido acceso Público- a la ministra Montero en la que le reclama que convoque, “esté en funciones o no”, de manera “urgente” el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), el órgano en que las Comunidades y el Gobierno coordinan -cuando lo logran- los asuntos impositivos y le reclama una “solución jurídica apropiada”.

Infrafinanciación de Andalucía

En la carta, Bravo afirma que existe una infrafinanciación en Andalucía y que “hay un riesgo serio para el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria” que “pueden poner en riesgo las políticas sociales que se prestan por la Comunidad”.

La ofensiva del Gobierno andaluz ha surgido debido al bloqueo de las llamadas entregas cuenta que, según argumenta la ministra, es imposible hacerlas, porque la Abogacía del Estado considera que “excede la capacidad” de un gobierno en funciones, al estar limitadas sus decisiones en aquellas cuestiones que pueden comprometer a gobiernos futuros. Es decir, que Montero está atada de pies y manos en este asunto.

Sin embargo, Bravo considera que "no hay precepto legal que establezca una prórroga automática de las entregas a cuenta" por cuanto considera que éstas "no se entienden sin su vertiente dinámica”. Bravo sostiene que el argumento de las limitaciones legales de un Gobierno en funciones "debe entenderse en el ámbito presupuestario del gasto”, apartado que estima es donde se proyecta "el programa de gobierno", pero rechaza que esa atadura jurídica pueda alcanzar a "la determinación y distribución de las entregas a cuentas, que es una obligación ex lege".

Los 1.350 millones

Los 1.350 millones que reclama la Junta salen, según Hacienda, de "la falta de cumplimiento" de la normativa reguladora del régimen de financiación. Bravo asegura que el cálculo del volumen de entregas a cuenta para Andalucía en el ejercicio 2019, según "las previsiones macroeconómicas y la evolución prevista de diferentes figuras impositivas" son 19.233,44 millones de euros, una cantidad que difiere en "837,10 millones de los 18.386,34 millones comunicados por el Ministerio de Hacienda”.

A esta cifra, Bravo le añade otros. 513 millones de la liquidación del ejercicio 2017. En julio de 2019 -le escribe el consejero a la ministra- se ha recibido "la liquidación definitiva del ejercicio 2017" por diferentes impuestos y fondos del sistema de financiación y en ésta se ha omitido "una mensualidad de la cuantía recaudada en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido, correspondiente a dicho ejercicio, dando lugar a una financiación inferior en 513,30 millones a la realmente obtenida”.

837 más 513 dan 1.530.

El PSOE de Andalucía replicó al Gobierno andaluz que esta reivindicación es “una cortina de humo” para tapar lo que consideran una mala gestión de la crisis de la listeriosis.