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Financiación autonómica Sánchez promete ahora derogar la reforma laboral del PP tras esquivar la cuestión cuando negociaba con Unidas Podemos

En un mitin en València, el presidente se compromete, además, a varias cosas más: actualizar las pensiones el próximo año "para que los jubilados no pierdan poder adquisitivo"; acabar con la LOMCE; un plan de vivienda que permita precios asequibles en alquiler o propiedad y aprobar las entregas a cuenta a las comunidades autónomas antes del 10-N.

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Pedro Sánchez participa en un mitin de la precampaña electoral. (JUAN CARLOS CÁRDENAS | EFE)

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ya ha entrado completamente en modo campaña electoral. En un mitin celebrado el miércoles por la noche en València, el presidente en funciones prometió varias cosas, entre ellas una que recupera ahora que llegan las nuevas elecciones y a la que apenas  había hecho referencia en los últimos meses: la derogación de la reforma laboral del PP y la aprobación de un nuevo Estatuto de los Trabajadores.

La última vez que Sánchez se refirió a la reforma laboral fue el pasado mes de mayo durante la campaña electoral de las elecciones autonómicas y municipales. Entonces afirmó: "Esta será la legislatura en la que se derogará la reforma laboral del PP y se hará un nuevo Estatuto de los Trabajadores". Sin embargo, el pasado verano, cuando los socialistas negociaban con Unidas Podemos la formación de un Gobierno, la reforma laboral fue uno de los principales escollos en esa negociación: la formación dirigida por Pablo Iglesias quería derogar la reforma laboral y subir el salario mínimo, dos medidas que no contempló entonces la última propuesta del partido de Pedro Sánchez, quien además rechazó entregar al partido morado el Ministerio de Trabajo, que sería el encargado de sacar adelante esas iniciativas.

El presidente en funciones, también prometió aprobar las entregas a cuenta a las comunidades autónomas antes de la celebración de las elecciones generales del 10 de noviembre. Al final de su discurso, y hablando de la financiación autonómica, lamentó que otros se "rasguen las vestiduras ahora" pidiendo las entregas a cuenta, y señaló que si no hubiese un Gobierno en funciones "no habría ningún problema".

También, ante las peticiones de más recursos para las comunidades autónomas, criticó a quienes votaron en contra de los objetivos de estabilidad y de los presupuestos. "Pero mirad, aún así y con todo este Gobierno en funciones va a cumplir con las comunidades autónomas y vamos a actualizar las entregas a cuenta antes del 10 de noviembre", añadió.

El presidente se comprometió además a actualizar las pensiones el próximo año "para que los jubilados no pierdan poder adquisitivo", acabar con la LOMCE, derogar la reforma laboral y aprobar un nuevo Estatuto de los Trabajadores y poner en marcha un plan de vivienda que permita precios asequibles en alquiler o propiedad.

Aprobación en el Congreso

Fuentes gubernamentales explicaron que las entregas a cuenta se aprobarían en Consejo de Ministros mediante un Decreto Ley, pero antes de que dicha norma salga adelante se necesita el visto bueno de la Abogacía del Estado.

Al estar en funciones, el Ejecutivo tiene que justificar dos cosas ante la Abogacía del Estado: que la decisión que se tome no compromete al Gobierno entrante y que el decreto responde a una necesidad perentoria.

Los dos supuestos, apuntan las fuentes del Ejecutivo, se cumplen, primero porque las entregas a cuenta son anticipos —y si no de dan ahora se darían después- y segundo y más importante porque hay comunidades autónomas que necesitan urgentemente esa aportación, como la Valenciana y Murcia.

Todavía quedan, en cualquier caso, pasos por dar, como la argumentación que Hacienda mandará a la Abogacía del Estado para que le dé luz verde.

Si las entregas a cuenta se aprueban antes de las elecciones generales como ha prometido Sánchez, al ser un decreto ley tendrán que ser convalidadas por la Diputación Permanente del Congreso.

En el Ejecutivo son conscientes de que la noticia puede provocar la crítica de la oposición, que tache la medida de electoralista, pero las fuentes consultadas insisten en que si se aprueban ahora será por la necesidad que tienen sobre todo las regiones con más aprietos de financiación.

Recuerdan además que otros partidos han reclamado dichas entregas.

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