La sombra de la financiación irregular acorrala a la ultraderecha. Con el Partido Popular liderando la agenda política a ese lado del tablero, Vox y Alvise Pérez están en guerra y en apuros.

El curso ha empezado regular para ambos. El 15 de septiembre, el diario El País publicaba que Vox había recibido un préstamo de 9,2 millones de euros para la campaña de las elecciones generales de 2023 de un banco cuya identidad ocultaba en su balance anual de cuentas. La explicación oficial del partido de Santiago Abascal, según recogió el citado medio, fue que se ocultaba el nombre del banco para "no contribuir a la demonización" de ninguna entidad financiera. Con esta opacidad en sus cuentas, Vox incumple la ley de financiación de los partidos políticos, que establece la obligación de dar publicidad a "la cuantía de los créditos pendientes de amortización, con especificación de la entidad concedente, el importe otorgado, el tipo de interés y el plazo de amortización".

Pero solo dos semanas después de que saltara la noticia, la dirección nacional de Vox ha reconocido que el préstamo vino de un banco húngaro, Magyar Bankholding (MBH). Uno de los principales accionistas de esta entidad es Lörinc Mészáros, magnate y amigo íntimo de Viktor Orbán. Los créditos —fueron dos, uno para las municipales y otro para las generales— se concedieron en 2023 y un año después, en julio de 2024, Abascal tomó la decisión de abandonar su grupo en el Parlamento Europeo —Conservadores y Reformistas (ECR), en el que estaba y está Giorgia Meloni— para formar parte del nuevo grupo de extrema derecha, Patriotas de Europa, conformado alrededor el autoritario presidente húngaro. Un movimiento inesperado que ahora cobra más sentido para muchos.

Las explicaciones al respecto de la cúpula de Vox han sido vagas e inexactas. Su portavoz en el Congreso, Pepa Millán, ha rebajado la cantidad del crédito de 9,2 millones a 6,5 y se ha excusado en que tienen dificultades para conseguir créditos de bancos españoles. "Lo que nos preguntamos es por qué no quieren financiar a Vox, que es la tercera fuerza política de España", aseguró. Dijo, además, que la información estaba en su web, pero el nombre de la entidad financiera no figura en sus cuentas anuales.

En el mes de julio, el Tribunal de Cuentas ya impuso a Vox una multa de 233.324,22 euros por financiación irregular. El órgano fiscalizador determinó que en el año 2019, coincidiendo con su entrada a las instituciones, la formación de extrema derecha cometió dos infracciones muy graves contra la ley orgánica de financiación de partidos políticos al impulsar campañas de recaudación de dinero finalistas. En concreto, los de Abascal pidieron donaciones para financiar la querella contra el expresident de la Generalitat, Quim Torra, y para abonar la fianza de un joven procesado por la muerte de un ladrón.

Alvise salpica a Abascal

A todo esto se le ha sumado una nueva acusación por parte de Alvise Pérez, que, en el ojo del huracán, ha querido salpicar a su principal competidor. ¿El motivo? Más sombras en su financiación.

El agitador ultra convertido en eurodiputado también se ha topado con la ley de financiación de partidos en el arranque del curso político. La semana pasada elDiario.es desvelaba que Alvise recibió 100.000 euros en metálico de un empresario de criptomonedas, Álvaro Morillo, el 27 de mayo de este año, a las puertas de las elecciones europeas que le catapultaron. Morillo presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, donde admitió haber entregado esa cantidad de dinero al líder de Se Acabó La Fiesta (SALF) para promocionar su plataforma.

El empresario estaba al frente de una plataforma de inversiones en criptomonedas, Madeira Invest, que cerró repentinamente después de que El Confidencial publicara que estaba siendo investigado por la CNMV (Comisión Nacional de Mercados y Valores). Este viernes se ha conocido que la Audiencia Nacional investigará a Madeira Invest por ser una "supuesta estafa piramidal".

Ha sido el propio empresario quien ha trasladado a la Fiscalía su vinculación económica con Alvise, aportando documentación y conversaciones grabadas con el eurodiputado en la que se escucha pedir fondos "que no requieran ser controlados por el Tribunal de Cuentas" o prometer leyes favorables si conseguía ser "llave" de Gobierno.

Alvise admitió el cobro de esos 100.000 euros en efectivo y sin factura y dijo que se trataba de "honorarios privados" para "poder tener más ahorros" y así no enriquecerse con su actividad política. Por el camino salpicó a Abascal, preguntándole a través de su cuenta de la red social X (antes Twitter) si "puede negar" que "recibió sobres con efectivo del estafador Criptospain cuando entró en Sentinel (el nombre de la empresa) el día 16 a las 17.20 horas". Vox ha anunciado que se querellará contra él.

En Génova se frotan las manos porque la entrada del agitador ultra al Parlamento Europeo el pasado 9 de junio asustó a un Alberto Núñez Feijóo preocupado por el calado de Alvise en el votante joven.