La Fiscalía Anticorrupción se ha apoyado en la declaración testifical de María Dolores de Cospedal para oponerse a que se cite a Mariano Rajoy ante el juez Pablo Ruz, para que aclare si cobró 57.600 euros entre los años 2008 y 2010 en concepto de sobresueldos en negro del PP, como sostiene Luis Bárcenas.

En el escrito entregado al juez, firmado por el fiscal del caso, Antonio Romeral, éste se opone a la comparecencia de Rajoy recordando, entre otros extremos, que De Cospedal ha negado tajantemente la recepción de esas entregas en dinero ópaco a Hacienda. Para el Ministerio Público, es una "declaración de contraste" de la versión de Bárcenas.

Romeral señala que su oposición a que declare ahora Rajoy deriva, de un lado, de las fuentes que sustentan los hechos a aclarar por el hoy presidente del Gobierno, es decir, la declaración de Bárcenas y sus 'papeles', y también la ausencia, en tanto no se aporten los informes periciales que se han pedido tanto a la Intervención General del Estado como a la Policía, de indicios delictivos que sustenten la continuación de la instrucción.

El fiscal, en otro alarde de parsimonia en esta investigación de la contabilidad B del PP, señala que hay seguir actuando con "cautela", "evitando aquellas diligencias que, aún cuando pueden despertar interés político y social, lo hacen sobre la base de unos hechos y expectativas de difícil acómodo en el proceso penal, o que, aún teniéndolo potencialmente, el transcurso del tiempo impide su investigación y conocimiento".

El escrito del fiscal se opone a las peticiones de la acusación popular que actúa en nombre de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE), que reclamaba además la citación como testigos de Rodrigo Rato y Jaime Mayor Oreja. En su caso, Romeral rechaza que comparezcan porque los supuestos cobros que recibieron de las cuentas B del PP se refieren a un periodo que no es objeto de investigación.

El fiscal también rebate el argumento de ADADE de que era preciso que Rajoy fuese 'compelido' a decir la verdad por el poder judicial, ante su falta de explicaciones ante el poder legislativo, haciendo caso omiso a lo que esta parte califica como "clamor ciudadano".

Para Romeral, las peticiones de ADADE, incluida la citación de Rajoy, son "diligencias de conveniencia, orientadas más a un interés extraprocesal que al que debe presidir todo procedimiento penal de averiguación del delito y sus partícipes".