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La fiscal pide que Granados pague 3.170 euros a la Guardia Civil por el chivatazo

Anticorrupción mantiene su petición de tres años de cárcel para el exsecretario general del PP madrileño y para los otros dos acusados  por la primera de las causas de la trama Púnica en ser juzgada

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El ex secretario general del PP de Madrid Francisco Granados, acompañado por su abogado Javier Vasallo, a su llegada a la Audiencia Nacional. EFE/ Mariscal

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido este jueves que el exconsejero madrileño Francisco Granados, y los otros dos acusados de haberle alertado con un chivatazo de que le estaban investigando, indemnicen conjuntamente a la Guardia Civil con 3.170,30 euros por los gastos que les ocasionó este soplo.

La indemnización a la Guardia Civil que solicita la fiscal es por los gastos que ocasionó el tener que montar un dispositivo ficticio en la Comunidad Valenciana al que trasladaron a Talamino con el objeto de distraerle de la investigación de Púnica y tratar de sacarle información sobre el chivatazo.

La fiscal anticorrupción Teresa Gálvez ha cuantificado esta indemnización al exponer sus conclusiones definitivas, en las que ha mantenido su petición de tres años de cárcel por un delito de revelación de secretos para Granados y el agente de la Guardia Civil José Manuel Rodríguez Talamino, que fue el que le dio el soplo en una discoteca de Valdemoro.

Para el único que ha modificado la fiscal sus conclusiones provisionales es para el guardia civil en excedencia y exasesor de Granados, José Luis Caro Vinagre, para el que sigue pidiendo los tres años de cárcel, pero ha planteado al tribunal la posibilidad de condenarle de forma alternativa por cooperación necesaria en un delito de revelación de secretos, lo que le supondría una pena de 18 meses de cárcel.

El Ministerio Público ha precisado en su exposición final que la actitud del político regional fue "proactiva en todo momento" porque no solo recebió una información "sensible" sino que además se benefició de la destrucción de toda la información sobre contratos ilegales y pagos en negro que guardaba Marjaliza en sus oficinas de Pinto.

Por su parte, en su alegato final de cerca de dos horas, la fiscal Anticorrupción Carmen García ha concluido  que el exconsejero madrileño  se aprovechó del soplo que le dio un guardia civil sobre la Púnica y participó de manera "proactiva" en la destrucción de documentación que evidenciaba el pago en B de comisiones a políticos.

Y por ello, ha proseguido, no existe "prueba gráfica" que acredite los pagos en B procedentes de comisiones ilegales que Marjaliza -según ha testificado hoy- entregaba a políticos en la sede de sus empresas, en la localidad madrileña de Pinto.

En el turno de última palabra, Francisco Granados ha afirmado en del juicio de Púnica que él no tenía "nada que ocultar" ni que "destruir" y ha acusado a David Marjaliza de mentir en sus acusaciones contra él.

Granados ha lamentado que en el juicio que ha quedado visto para sentencia se sienten en el banquillo dos guardias civiles acusados de darle el chivatazo de que la UCO le estaba investigando, ya que se trata de agentes "honrados" que "llevan a la Guardia Civil en el corazón, que lo hacen por vocación y con afán de sacrificio".

En su alegato final, Granados ha arremetido contra Marjaliza, el considerado como conseguidor de contratos para la trama corrupta que le ha acusado en el juicio de cobrar comisiones de empresarios y de haberle instado a quemar documentos una vez supo de la investigación.

"Nunca he formado parte de ninguna organización", se ha defendido Granados ante el tribunal, y ha desmentido que Marjaliza fuera nunca socio suyo. "Este señor a mí no me ha dado un euro jamás por ningún motivo", ni tampoco le adjudicó "nada" en su etapa como consejero, ha dicho.

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