El fiscal solicita ilegalizar ANV y PCTV por colaborar con Batasuna

La Fiscalía ha optado por el camino más largo para impedir que Acción Nacionalista Vasca (ANV) y el Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) concurran a las elecciones del 9 de marzo. Tras estudiarlo desde el pasado 3 de diciembre, dos días después de que se produjera el atentado de Capbreton, en el que murieron dos guardias civiles, el Ministerio Público ha decidido presentar, "en principio", dos demandas de ilegalización ordinarias, una contra cada formación que presuntamente incumple la ley de partidos.

Estarán basadas en el artículo 9.3.F de dicha ley, que persigue el "colaborar habitualmente con entidades o grupos que actúan de forma sistemática de acuerdo con una organización terrorista o violenta, o que amparan o apoyan al terrorismo o a los terroristas", como se declaró en marzo de 2003 que hace Batasuna.

Según explicó ayer en rueda de prensa el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, esta actividad se ha acreditado en el caso de PCTV al descubrirse que 39 responsables de Batasuna (doce de ellos miembros de su actual Mesa Nacional) estaban en nómina y que cedió el local de Usurbil (Guipúzcoa) donde se reunió su cúpula en varias ocasiones.

Minimizar el terrorismo

En el caso de ANV también se alegará la causa A del mismo artículo: "Dar apoyo político expreso o tácito al terrorismo, legitimando las acciones terroristas para la consecución de fines políticos al margen de los cauces pacíficos y democráticos, o exculpando y minizando su significado y la violación de derechos que comporta".

Para acreditar esta alegación viene como anillo al dedo la actuación de la alcaldesa de Hernani, de ANV, Marian Beitialarrangoitia, cuando pidió en Pamplona un aplauso para los presuntos autores del atentado de la T4 que acababan de ser detenidos.

Las demandas serán presentadas a principios de la próxima semana ante la Sala del 61 del Tribunal Supremo. Como el trámite será más largo que los dos meses que quedan hasta las elecciones -ya que la única vez que se ha puesto en práctica, con Batasuna, se necesitaron prácticamente siete meses-, los escritos incluirán una petición de suspensión cautelar de actividades de ambas formaciones. Esta petición, un día después de presentadas las demandas en el Supremo, será reproducida ante el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que ha fijado para los días 4 y 5 de febrero la vistilla en la que decidirá si adopta esta medida prevista en el Código Penal.

Suficiente la medida cautelar

Conde-Pumpido explicó que, en su opinión, la suspensión cautelar de PCTV y ANV será suficiente para impedir que se presenten a las próximas elecciones, a pesar de que ello afecta a un derecho fundamental.

Si no se acordara esta medida, el fiscal general señaló que el Ministerio Público acudirá a los recursos contencioso-electorales, que tienen un plazo fijado de resolución tanto ante el Tribunal Supremo como el Constitucional, previsto en la ley electoral. Esta posibilidad también se utilizará con las candidaturas o marcas blancas con las que se prevé que Batasuna intente burlar su prohibición de participar en las próximas elecciones.

Mañana el Gobierno

En lo que Conde-Pumpido coincidió con el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, fue en que las demandas no se pudieron presentar antes, porque hasta la recepción del último informe policial no se contaba con las pruebas suficientes para argumentarlas.

El Consejo de Ministros autorizará hoy a los Servicios Jurídicos del Estado a que presenten su demanda contra las formaciones cuestionadas. En su última comparecencia, el ministro no quiso adelantar cómo se hará, por lo que es posible que consista en un incidente de ejecución de sentencia, trámite más rápido que el elegido por el fiscal.