El verano de 2008, coincidiendo con el arranque de la grave crisis económica que sacudió a España, el entonces jefe de Estado estaba preocupado por una cuestión personal: ¿qué hacer para recibir una importante cantidad de dinero procedente de Arabia Saudí sin dejar rastro en España? Es decir, necesitaba una estructura financiera fuera de las fronteras españolas para ocultar 100 millones de dólares (casi 65 millones de euros en esa fecha). 

La solución llegó de la mano del abogado Dante Canonica y el bróker Arturo Fasana, ambos suizos, que crearon una fundación de nombre Lucum en el paraíso fiscal de Panamá con el propósito de albergar el ‘regalo’ saudí. Los 64,8 millones de euros fueron transferidos a una cuenta de la banca helvética Mirabaud, y allí estuvieron hasta que en 2012 fueron traspasados a una cuenta de Corinna Larsen, que por entonces mantenía una relación sentimental con el rey, en el paraíso fiscal de Bahamas.

Esta indigna maniobra está reflejada en el informe del fiscal suizo Yves Bertossa donde decreta el archivo de su investigación abierta en 2018 sobre la donación que recibió Juan Carlos I en agosto de 2008 por parte del rey saudí. En el informe consta que Canónica y Fasana declararon que el entonces monarca español les pidió una solución para el dinero. El bróker Fasana era un viejo conocido del monarca español, ya que en los años noventa había gestionado una macrocuenta en Suiza para canalizar la evasión fiscal masiva de los capitales de medio centenar de magnates españoles, incluidos los de Juan Carlos I, gestionados por los empresarios Alberto Alcocer y Alberto Cortina, Los Albertos, como desveló Público en una investigación exclusiva sobre el origen de la fortuna del rey emérito. 

Arturo Fasana confesó al fiscal Bertossa que desde el principio supo que Juan Carlos I no había declarado el dinero a la Hacienda española, lo que a todas luces constituía un flagrante delito, agravado por el hecho de que quien lo cometía era nada más y nada menos que el rey de España. Sin embargo, los hechos no podrán ser enjuiciados en España debido a que en 2008 Juan Carlos de Borbón gozaba de inviolabilidad como jefe de Estado, según fuentes de la Fiscalía del Tribunal Supremo.

En su informe, el fiscal helvético relata los pasos seguidos durante tres años con el objetivo de investigar si la aparente donación se trató en realidad de una comisión por la adjudicación a un consorcio español de las obras del AVE a La Meca. También rastreó los movimientos de la cuenta de Lucum para intentar dilucidar si existió blanqueo de capitales. Pero nada de ello ha podido ser probado, según dice Bertossa.

Y ello es debido a que no existe ningún documento que acredite la donación, como es preceptivo para que los bancos admitan el ingreso de sumas como la que se embolsó el rey emérito. Pese a que Bertossa indica que la donación no ha podido ser "justificada con claridad", no ha podido probar que se trate de una comisión ilegal por el negocio del AVE a La Meca.

Tampoco ha podido probar blanqueo de capitales en la acción de traspasar cuatro años después el dinero a una cuenta de Corinna Larsen en Bahamas, ya que esta ha declarado que se trató de un "regalo" del monarca, lo que ha corroborado en su declaración Dante Canonica. 

Bertossa no preguntó a las autoridades saudíes si realmente regalaron ese dinero al rey español altruistamente porque una comisión rogatoria al país de Oriente Medio "probablemente estaría condenado al fracaso, ya que obtener pruebas allí es muy difícil", consta en su informe. 

En su investigación, Bertossa halló otros movimientos bancarios sospechosos, como un ingreso de 1,8 millones de dólares del sultán de Bahrein en la cuenta de Lucum y dos "préstamos" a Corinna Larsen de 1,6 millones de euros desde la misma cuenta, cerrada en 2012.

No obstante, Yves Bertossa concluye que el entramado para albergar la donación, con el uso de la fundación Lucum, demuestra "un deseo de ocultación". Ha impuesto una multa a la banca Mirabaud de 50.000 francos suizos por omisión de información a la autoridad suiza competente en prevención de blanqueo de capitales. Según el fiscal, el banco debía haber informado por "el carácter poco habitual de los fondos recibidos en esa cuenta --de Corinna Larsen-- y los diferentes flujos financieros intercambiados entre las cuentas de la citada y la de la Fundación Lucum, de la que Juan Carlos I tenía el derecho económico".