MADRID.- La Fiscal General del Estado, Consuelo Madrigal, es considerada “clave” en la posición adoptada por el ministerio público de adherirse a la causa de los perjudicados por la talidomida, que reclaman ante el Supremo ser indemnizados por las malformaciones que han sufrido por este fármaco.

La Talidomida se prescribió a mujeres gestantes entre 1960 y 1965 y se estima que causó malformaciones y daños irreversibles a cerca de 5.000 personas. Madrigal recibió en enero pasado a la Asociación de Víctimas de la talidomida (Avite) y, tras dicha entrevista, el fiscal del Tribunal Supremo, dentro de su autonomía, se adhirió a la reclamación de los perjudicados.

El Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo aborda a partir de este miércoles el caso de la talidomida. La Fiscalía del Tribunal Supremo ha remitido un escrito a la Sala en el que entiende que el laboratorio cometió un atentado contra la salud de la humanidad, al tiempo que apoya indemnizar a los perjudicados con 200 millones de euros. El ministerio público tilda este drama como “hecho extraordinario y catastrófico”.

El laboratorio, la farmacéutica Grünenthal Pharma, SA, consiguió que la Audiencia Provincial de Madrid anulara la sentencia que le obligaba a indemnizar a los 300 perjudicados y agrupados en Avite. El presidente de dicha asociación, José Riquelme, considera un “rayito de esperanza” el escrito que el ministerio público ha elevado a la Sala de lo Civil del Supremo. Varios afectados permanecen a las puertas del alto tribunal a la espera de conocer el fallo.

La Audiencia de Madrid absolvió a la farmacéutica Grünenthal al entender que el plazo de reclamación había prescrito por haber transcurrido más de 50 años. Por ello, anuló la sentencia del juzgado de primera instancia 90 de Madrid que en 2013 había fijado indemnizaciones para los perjudicados. El plazo de prescripción en daños permanentes es de 50 años y de un año desde la mayoría de edad.

El ministerio público defiende que el plazo de prescripción de 50 años debe contarse a partir del Decreto de ayudas a los afectados, del año 2010, ya que antes de la resolución del Ministerio de Sanidad los afectados “carecían de un elemento necesario para la demanda”.

La Fiscalía sostiene que otro posible plazo a contar sería incluso posterior: a partir de la petición de perdón del año 2012 que realizó la farmacéutica reconociendo su culpa, pero sin indemnizar a los españoles perjudicados lo que constituye para el ministerio público “un hecho gravísimo para la conciencia de la humanidad”.

En su escrito, el fiscal considera que el hecho de pedir perdón públicamente “y reconocer su responsabilidad por la tragedia de la talidomida por parte de Grünenthal Pharma, SA y hacer una estatua representando la tragedia de las víctimas, es un reconocimiento de su culpa y de que saben que el gran ataque producido a la salud de las personas, sigue vigente, es un hecho IMPORTANTISIMO (sic)” que fija “claramente” el inicio de la prescripción.

La farmacéutica sólo ha indemnizado a los afectados de Alemania y, recientemente, de Australia. El resto de perjudicados de otros países han recibido ayudas de sus respectivos gobiernos, pero no de la empresa causante de estos daños. La empresa multiplicó la indemnización para los perjudicados alemanes en el año 2012 al detectar nuevos efectos de la talidomida sobre su salud. Dicho documento es conocido como Informe Heidelberg, que esgrime la asociación de víctimas Avite como otra prueba de que la prescripción no se ha cumplido.
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A la Fiscalía le llama “poderosamente” la atención de que la empresa farmacéutica llegara a acuerdos a partir de dicho informe con los afectados de Australia, pero no con los de España: “Esto es un contrasentido en un mundo global y las víctimas de la talidomida en Australia no pueden recibir mejor trato que las de España”.

A un “hecho extraordinario y catastrófico” como el de la talidomida, explica el escrito, “hay que darle la misma respuesta, aunque con diferente técnica jurídica, en todos los países del mundo, ya que nos encontramos con un atentado muy grave a los Derechos Humanos, en el ámbito internacional, principalmente los derechos a la vida, a la salud y a la integridad física y moral, que es reconocido en todos los textos internacionales que protegen estos derechos”.

Por todo ello, la Fiscalía considera que este “gravísimo atentado contra la salud de la humanidad, derecho recogido en la mayoría de las convenciones internacionales no ha prescrito” y el reconocimiento de su culpa por la fabricante alemana en 2012, es “un hecho decisivo de que no ha prescrito”.

La jueza de primera instancia Gemma Susana Fernández condenó a la farmacéutica a pagar 20.000 euros por cada punto porcentual de minusvalía a cada perjudicado. La asociación Avite agrupa a unos 300 perjudicados, pero estiman que en España podría haber entorno a 5.000 personas afectadas.