La Fiscalía Europea ha reclamado a la Fiscalía Anticorrupción las diligencias  abiertas por el contrato para la adjudicación de 250.000 mascarillas por un importe de 1.512.500 euros, del que se lucró el hermano de la presidenta madrileña. Considera que podría existir un fraude en las subvenciones porque la compra de las mascarillas a un amigo de Díaz Ayuso se realizó con fondos FEDER.

Sin embargo, según fuentes fiscales, Anticorrupción no lo tiene claro, puesto que entiende la investigación en clave nacional y por un presunto delito de tráfico de influencias y no por el de malversación, ya que el dinero público se empleó efectivamente para la compra de las mascarillas. 

El lunes 28 de marzo está previsto que la fiscal general del Estado estudie en la junta de fiscales de Sala la cuestión de competencia que ha planteado el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, en el sentido de negarse a trasladar sus diligencias a la Fiscalía Europea. 

La Fiscalía Europea (EPPO) es la responsable de investigar, perseguir y llevar a juicio los delitos contra los intereses financieros de la UE, por ejemplo, varios tipos de fraude, blanqueo y  corrupción. Este departamento tuvo conocimiento de la polémica por el contrato que salpica al hermano de Ayuso a través del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude, adscrito a la Intervención General del Estado, entre cuyas funciones está la coordinación con la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude. 

Ayuso ironiza

Isabel Díaz Ayuso se ha referido este viernes a la petición de la Fiscalía Europea de investigar el contrato que afecta a su hermano. Lo ha hecho en su visita a la localidad de Brunete: "La propia Fiscalía Anticorrupción ya ha corregido esta información, ha dejado claro que no hay ningún tipo delito, que no hay ningún tipo de corrupción, como ya así manifestó en su auto hace semanas", ha dicho, obviando que Anticorrupción investiga si hay indicios de un presunto delito de tráfico de influencias.

Y se ha referido al informe de la Cámara de Cuentas de Madrid para intentar apuntalar que sobre el mencionado contrato de mascarillas no hay ninguna irregularidad: "Lo mismo que ha manifestado la Cámara de Cuentas, que es un organismo independiente; lo mismo que ha manifestado la Intervención de la Comunidad de Madrid, compuesta por funcionarios independientes y lo mismo que se ha valorado en la Comisión de Contrataciones de la Asamblea". 

"En fin, ya no sé en cuántos organismos más se va fiscalizar esta historia, no sé a quién le interesa hacerlo así pero sinceramente después de tantos organismos, falta la ONU por pronunciarse al respecto", ha ironizado la presidenta.