Todos los indicios apuntan a que se está produciendo una operación interna de encubrimiento de delitos cometidos en el entorno de la anterior cúpula policial.

Desde que, en mayo de 2016, la comisión judicial del caso del pequeño Nicolás presentara su informe sobre la grabación ilegal a agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y de Asuntos Internos y pidiera la imputación de la cúpula policial que encabezaba el comisario Eugenio Pino, ese ex número dos del cuerpo ha entregado un largo escrito al juez Arturo Zamarriego para que declarase la nulidad de las actuaciones y el fiscal del caso, Alfonso San Román, ha intentado una y otra vez anular todo el procedimiento. 

Algo sospechoso, puesto que un mes antes, en abril, tanto Pino como el fiscal jefe de Madrid, José Javier Polo Rodríguez, tenían en su poder un exhaustivo informe --al que ha tenido acceso Público en exclusiva--, elaborado por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía, en el que se denuncia el presunto "origen ilícito" el patrimonio del comisario José Manuel Villarejo, el investigado más polémico en este caso.

Además ese informe subraya a la Fiscalía "la necesidad de adoptar nuevas medidas de investigación tendentes a esclarecer los hechos; en concreto, si la estructura societaria analizada pudiera estar sirviendo de base para introducir en el sistema económico legal bienes de origen ilícito." Y advierte al fiscal Polo de que "de ser así resultaría de especial gravedad tanto desde el punto de vista de las penas con que tales actividades resultan sancionadas en la ley penal, como desde el punto de vista de la alarma y repercusión social en cuanto cometidos, presuntamente, por quienes forman parte de un Cuerpo Policial". 

Portada del informe de la Unidad de Asuntos Internos con fecha de entrada en Fiscalía Anticorrupción en abril de 2016.

Aunque el discurso de la anterior cúpula policial --incluido el ex ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz-- en defensa del comisario Villarejo es que el caso del pequeño Nicolás estaba contaminado porque el jefe de las pesquisas, el comisario Marcelino Martín-Blas, es "enemigo" del investigado, este informe de Asuntos Internos (que irá desglosando Público en los próximos días) echa por tierra esa argumentación. 

El informe fue encargado en febrero de 2016 al comisario Francisco Miguelañez, quien sustituyó a Marcelino Martín-Blas al frente de la Unidad de Asuntos Internos en abril de 2015. La decisión de cesar al que hasta entonces llevaba la investigación interna del caso Nicolás la tomó el propio director adjunto operativo (DAO), Eugenio Pino, de quien dependían tanto Villarejo como Martín-Blas, apelando precisamente a esta "enemistad manifiesta". 

Sin embargo, la tormenta decisiva se desencadenó cuando las pesquisas apuntaron claramente a que el comisario Villarejo y sus empresas estaban detrás, al menos, de la difusión de esa grabación ilegal. De hecho, ya están imputados en el procedimiento el propio Villarejo y su esposa, Gema Alcalá, entre otros.

Propuesta de la Unidad de Asuntos Internos para esclarecer si el patrimonio de José  Villarejo tiene un origen ilítcito.

Dinero traído de paraísos fiscales y de negocios con imputados en casos de corrupción

Asuntos Internos inició la investigación a petición de la Dirección Adjunta Operativa, como explica el informe, con informaciones "facilitadas por la Comisaría General de Policía Judicial en el mes de febrero del año en curso [2016], tras acometer un análisis de inteligencia financiera de carácter preliminar sobre el funcionario investigado que, entre sus recomendaciones, citaba el inicio de una investigación por Blanqueo de Capitales y la consiguiente judicialización del asunto". 

En concreto, "dichas informaciones aluden al Comisario del Cuerpo Nacional de Policía, D. José Manuel Villarejo Pérez, y en particular a su estrecha vinculación con una estructura societaria que pudiera estar sirviendo para introducir en el mercado legal fondos de origen desconocido". El informe asegura que el patrimonio del comisario asciende a 25 millones de euros y casi 100 propiedades, y sostiene que esa fortuna se construye a partir de dinero traído de paraísos fiscales y de negocios con imputados en casos de corrupción.  

Introducción al informe sobre un posible delito de Blanqueo de Capitales del comisario José Manuel Villarejo y familia. 

Según el informe, esta estructura societaria del comisario Villarejo comienza a hacerse visible después de que El País la desvelara en marzo de 2015 y le atribuyera "el control de numerosas sociedades con más de 16 millones de euros". También señala que se ha vinculado al comisario Villarejo "con la filtración continuada de información sensible a la prensa y le relacionan con la Asociación Transparencia y Justicia, personada en casos muy mediáticos relacionados con asuntos de corrupción".  

Precisamente un mes después de estas publicaciones se cesó al comisario Marcelino Martín Blas, quien había informado a su jefe Eugenio Pino y reflejado en los informes presentados a finales de 2014 al Juzgado de Instrucción Número 2 de Madrid la relación entre el comisario Villarejo y el medio digital propiedad de él, su mujer y su socio, Rafael Redondo. Desde ese medio se produjeron todas las filtraciones del caso: la detención de Francisco Nicolás, la grabación ilegal asegurando que el CNI y Asuntos Internos estaban manipulando pruebas y la constante petición de cese de los investigadores.  

También consta en el sumario del caso Nicolás que la Asociación Transparencia y Justicia, de la que es secretario general el socio del comisario, está personada como acusación popular en el procedimiento y que el abogado que la representa, David Macías, es abogado personal de Villarejo en otras causas. Macías también es empleado del entramado societario investigado por blanqueo de capitales y administrador de la sociedad que edita el medio digital donde se han publicado las revelaciones antes mencionadas. Lo sorprendente es que la Fiscalía nunca haya reparado en que se podría estar cometiendo un fraude de ley con esta actuación, según diferentes expertos en derecho consultados por Público. 

Extracto del informe donde se explica que las primeras informaciones son de 2015, pero no se investigan hasta 2016.

La publicación de las sociedades de Villarejo motivó en 2015 que el ministro del Interior encargara a la Policía un informe sobre la compatibilidad de las actividades del comisario Villarejo, que Eugenio Pino le encomendó a su jefe de gabinete, José Ángel Fuentes Gago.

Este último concluyó que el entramado societario se correspondía con inversiones familiares del policía y que no eran actividades incompatibles, a pesar de que existen despachos de abogados, agencias de detectives, consultoras y medios de comunicación. Pero lo más irregular de todo, según las fuentes consultadas, es que Fuentes Gago admitía que el comisario no tenía concedida por el Ministerio de Administraciones Públicas la compatibilidad para esas actividades, un requisito indispensable para cualquier funcionario sea del ministerio que sea, como ya había desvelado Público.

Este otro informe, que se mantuvo en secreto hasta que fue incluido en el sumario del pequeño Nicolás que instruye el juez Arturo Zamarriego, llevó a Fernández Díaz a alabar las hazañas del "agente encubierto" que tan "buenos servicios" había dado a España.
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Meses después, a finales de 2015, tanto Eugenio Pino como el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago tuvieron que ir a declarar ante Zamarriego y fueron preguntados por los asuntos empresariales del Villarejo. El primero aseguró no saber de las empresas de su "agente encubierto" nada más que por lo que le contaba Martín-Blas, aunque el propio Villarejo reconoce en una nota informativa que sus empresas habían sido empleadas en la Operación Cataluña que Pino ejecutó a través de su brigada política. 

El segundo entró en contradicción con su propio informe de incompatibilidad, ya que reconoció que no había mirado las actividades de las empresas del comisario y que sólo se fijó en los cargos que este ocupaba en los consejos de administración. Según la ley de compatibilidades de funcionarios de la Administración Pública, incluso para ocupar estos cargos tendría que haber tenido concedida la compatibilidad.

No es hasta febrero de 2016 que el ex número dos de la Policía, sin que nadie se lo ordene, insta a que se investigue a quien era uno de sus hombres de confianza; y no para saber si son compatibles sus actividades, sino que lo hace para saber si son legales. 

Pero el resultado de las pesquisas nunca fue remitido al juzgado que le había preguntado unos meses antes sobre estas relaciones empresariales. Lo envió a la Fiscalía, que desde hace diez meses lo tiene guardado en un cajón y no cesa de pedir la nulidad de las actuaciones. 

Que Eugenio Pino sólo enviase el informe al fiscal de Madrid y no se lo hiciese llegar al magistrado que investiga el caso Nicolás es una prueba más de que el jefe de la brigada política de Fernández Díaz hace uso de la información necesaria para la investigación judicial en función de sus intereses personales. Algo que también queda demostrado en la conversación que el ex DAO mantiene con el comisario Enrique García Castaño, en la que asegura que se ha reunido con un coronel del CNI para advertirle de que si le llaman a declarar otra vez en ese caso tendrá que desvelar información que no contó al juez cuando fue llamado como testigo, con obligación de decir la verdad y como número dos de la Policía en activo en ese momento.

Pocas cosas pueden ser más graves que eso para un altísimo funcionario público.

...CONTINUARÁ

Conversación entre los comisarios Pino y García Castaño