La Fiscalía y la Policía Nacional han abierto una investigación sobre una presunta trama de corrupción en la Autoridad Portuaria de Cartagena (APC), que salpica a dos altos cargos del Partido Popular en la región: Yolanda Muñoz y Antonio Sevilla. 

El Ministerio Público está trabajando sobre posibles delitos de prevaricación, falsedad documental, tráfico de influencias, revelación de secretos. Los dos representantes están acusados de haber amañado siete contratos públicos y empleos con la intención de beneficiar a varias empresas.

Muñoz es la actual presidenta de la APC y fue secretaria de la Consejería de Educación y Cultura de Murcia. Mientras, Sevilla es el expresidente de la entidad portuaria y dirigió la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio. 

También están implicadas varias figuras, todas ellas identificadas bajo las siguientes siglas: F. C., administradora de la empresa de recursos humanos Barraise SL; S. G. B., consultor de la mercantil de innovación tecnológica Sopra Steria España SA; F. C., jefa de Innovación del Puerto; y P. E. G. (también accionista de la consultora Estrategias y Desarrollo Financiero SL).

El comienzo: una denuncia de sindicatos

La denuncia partió de UGT y CCOO, y la Fiscalía abrió diligencias de investigación en la Comisaría de Policía Nacional de Cartagena. El Cuerpo procedió a llamar a numerosos trabajadores de la APC para testificar sobre licitaciones, falsedad en documento público, prevaricación, tráfico de influencias, revelación de secretos y uso de información privilegiada.

En este sentido, la Policía Nacional terminó la investigación en septiembre y derivó toda la información a la Fiscalía, que decidió trasladarla al Juzgado de Instrucción número uno de Cartagena. Cuando se incoen las diligencias, la presidenta del Comité de Empresa de la Autoridad Portuaria de Cartagena por el sindicato UGT, Isabel Rosique Martínez, ha avanzado que UGT tiene intención de personarse en el procedimiento como acusación particular.