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El juez Velasco decide que Granados siga en prisión dos años más porque tiene dinero para fugarse

Esta mañana, la Fiscalía Anticorrupción pedía en una vista celebrada en la Audiencia Nacional una prórroga de prisión preventiva para garantizar su presencia en el juicio y evitar que se sustraiga a la acción de la justicia.

El ex secretario general del PP en Madrid, Francisco Granados. EFE

PILAR ARAQUE CONDE

MADRID.- El juez Eloy Velasco ha acordado prorrogar la prisión del ex secretario general del PP madrileño, Francisco José Granados, hasta un máximo de otros dos años más, lo que alcanzaría el tope de cuatro años que prevé la ley para mantener a una persona en prisión preventiva.

En su auto, el juez incluye todos los indicios recabados en la investigación contra el imputado en la operación Púnica para concluir que "la investigación aún no ha sido capaz de destapar una cantidad elevada de dinero que permanece oculta, por lo que, en caso de ser puesto en libertad, le permitiría fácilmente sustraerse a la acción de la justicia".

Para tomar esta decisión, Velasco ha tenido en cuenta también a aquellas personas que han destruido pruebas, como los documentos quemados o triturados en el Ayuntamiento de Valdemoro. Una situación que, según el magistrado, podría todavía aumentarse con Granados en libertad, a  través de una presión más directa y presencial por parte del investigado. 

Esta mañana, la Fiscalía Anticorrupción pedía en una vista celebrada en la Audiencia Nacional una prórroga para que Granados permaneciera en prisión preventiva y así garantizar su presencia en el juicio y evitar que se sustraiga a la acción de la justicia.

El abogado del acusado, Carlos García de Ceca, ha pedido al juez que su patrocinado preste una nueva declaración para concretar aspectos de esta investigación. 

El propio imputado ha pedido ser puesto en libertad y ha asegurado que no se fugará. Asimismo, ha señalado que lo está pasando muy mal porque fuera tiene a familiares cercanos como su madre y sus hijos. 

Granados, considerado como el ideólogo de la operación Púnica, está investigado por los delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, integración en organización criminal, tráfico de influencias, cohecho, malversación de fondos, prevaricación y fraude.

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