MADRID.- La Fiscalía ha echado el freno en el caso de la Fllotilla Libertad, el asalto a una flota de ayuda humanitaria a Gaza decidido por las autoridades israelíes. En un escrito dirigido a la Audiencia Nacional, el ministerio público pretende ahora que quede sin efecto la orden dada por este tribunal a las Fuerzas de Seguridad para que avisen si pisa el territorio español el primer ministro de Israel, Benjamien Netanyahu, y seis de sus ministros que tomaron la decisión de atacar la flotilla en el año 2010, lo que provocó nueve muertos y 38 heridos.

El caso fue archivado de forma provisional, al aplicar la limitación de la justicia universal decidida por el Parlamento en 2014, que impide juzgar crímenes donde no haya víctimas españolas o no exista vínculo con España. Pero podría reabrirse si alguna de las autoridades que ordenaron el ataque se encuentra en territorio español.

La decisión, adoptada el pasado 15 de octubre por el juez De la Mata de ordenar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de que informen si Netanyahu y sus ministros pisan suelo español, ha causado una gran controversia en Israel.

El ministerio fiscal ha cambiado de criterio y el pasado 13 de noviembre pidió al juez que dejara “sin efecto” la orden al considerarla una " medida cautelar", sin respaldo legal y de " muy difícil ejecución" al no figurar en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Sin embargo, De la Mata rechaza el cambio de criterio de la Fiscalía, a la que recuerda que en su día no recurrió esta medida, adoptada en el auto de archivo provisional del caso.

El juez De la Mata destaca la jurisprudencia del Tribunal Supremo y recuerda que el sobreseimiento del ataque a la Flotilla Libertad no es definitivo ni libre, sino que es un sobreseimiento provisional. Esto es, “mientras ninguno de los supuestos responsables se encuentre en territorio español”. Si se produjera esta circunstancia, se aplicaría el criterio del alto tribunal, y se cumplirían los requisitos para que “los tribunales españoles dispongan de jurisdicción” sobre el caso.

El magistrado rechaza, por lo tanto, de que se trate de una medida cautelar, sino que se ha dado “cumplimiento exacto” a las obligaciones del IV Convenio de Ginebra, relativo a la protección de las personas civiles en tiempo de guerra, y a la Convención contra la Tortura. El Convenio establece la obligación de buscar a los acusados de haber cometido crímenes contra civiles, “si estas personas se han refugiado u ocultado en su país” y la Convención obliga a los estados firmantes, como España, a “establecer jurisdicción sobre estos delitos en los casos en que el presunto delincuente se halle en cualquier territorio bajo su jurisdicción”.

"Para poder cumplir esta obligación internacional es evidente la necesidad de que, a tales efectos, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado comuniquen a este juzgado central de instrucción, de inmediato, la posible presencia en territorio español de las personas mencionadas en la resolución", explica el juez.

Críticas desde Israel

De la Mata expone además que la Fiscalía solicitó la confirmación de ese archivo provisional cuando la asociación que impulsó esta causa -Cultura Paz y Solidaridad Haydee Santamaria- recurrió el sobreseimiento. "El fiscal no solo consintió, sino que expresamente solicitó por dos veces su confirmación" y por ello no se puede pretender que se modifique una resolución que ya es firme, agrega el juez central de instrucción 5.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad deben avisar si Netanhayu pisa el suelo español, así como los entonces ministros de Defensa, Ehud Barak; Asuntos Exteriores, Avigdor Lieberman; Asuntos Estratégicos, Moshe Yaalon; Interior, Eli Yishai; el ministro sin cartera Benny Begin, y el vicealmirante al mando de la operación, Eliezer 'Chiney' Maron.

La medida duramente criticada este miércoles por Israel, al considerar que "se trata de un fenómeno de provocación política". "Es un uso, un abuso cínico del sistema legal español", afirmó a Efe el portavoz del Ministerio de Exteriores israelí, Emmanuel Nahsón.

Los nueve activistas turcos murieron por disparos de soldados israelíes y fueron arrestados tres cooperantes españoles que viajaban a bordo del Mavi Marmara, el más atacado. Los españoles presentaron en España una querella contra varios dirigentes israelíes.

La investigación fue abierta por el juez Pablo Ruz,predecesor de De la Mata, a partir de esa querella, que admitió estimando que los hechos podrían constituir delitos de detención ilegal, deportación, tortura y contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado.