La Fiscalía Especializada en Violencia sobre la Mujer ha iniciado un estudio para cada uno de los casos donde los menores visitan a sus protegnitores, que están en prisión preventiva o condenados por violencia de género. 

Teresa Peremato, la Fiscal de Sala Delegada de Violencia sobre la Mujer, quiere saber cuántos menores visitan por decisión judicial a sus padres condenados por violencia machista. El proceso busca aplicar la Ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, que tiene como objetivo acabar por regla general con este tipo de visitas.

La primera fase de la investigación consistió en una labor de recopilación de la información. El Ministerio Público con la colaboración de Instituciones Penitenciarias (IIPP) reportó a la Fiscalía un listado de 800 casos donde los menores mantenían algún tipo de conversación con los padres. La Fiscalía quedó sorprendida por el elevado número de casos. Todo esto, a falta de conocer los datos en Catalunya y Euskadi.

Ahora, con el listado sobre la mesa, la Fiscalía quiere estudiar uno a uno cada caso. Instituciones Penitenciarias ha pedido a los centros penitenciarios que, por favor, pongan en conocimiento estos casos a cada uno de los juzgados para que los fiscales puedan pronuniciarse. 

La medida tiene como objetivo el de determinar si tales visitas estuvieron acompañadas de una resolución judicial o, por el contrario, se realizaron a espaldas de la ley. También, busca determinar cuál es el interés superior de cada menor en cada uno de los casos. 

Caminando hacia la protección de los menores

La actuación de la Fiscalía se enmarca en lo previsto por la Ley de protección a integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, que entró en vigor el pasado 4 de junio. Algunos de los fines que se propone esta ley son: "Reforzar el ejercicio del derecho de los niños, niñas y adolescentes a ser oídos, escuchados y a que sus opiniones sean tenidas en cuenta" o "garantizar la reparación y restauración de los derechos de las víctimas menores de edad". 

Esta ley ha dado importantes pasos hacia la protección de los menores frente a la violencia machista. El pasado 12 de enero, la ley obligó a la Comunidad de Madrid a retirar un curso sobre el Síndrome de Alienación Parental. Este síndrome, que está prohibido por la ley, culpa a las madres de interferir en las relaciones paterno filiales y supone el descrédito del relato de mujeres y niños sobre abusos y malos tratos.