La Fiscalía ve indicios de delito en un negocio del candidato de Vox en Andalucía

Después de haber encontrado indicios suficientes de un presunto delito contra la Hacienda Pública mediante un fraude en una subvención, la Fiscalía de Sevilla ha decidido remitir a la Fiscalía Superior de Andalucía la investigación que abrió al candidato de Vox a la presidencia de la Junta, Francisco Serrano, dada su "consideración de aforado", de la que goza como diputado.

Ahora, la Fiscalía Superior deberá decidir si está de acuerdo con la de Sevilla y reclama que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía investigue y procese al diputado de ultraderecha.

Afirma la Fiscalía, en un comunicado enviado a los medios, que "la investigación realizada ha permitido confirmar que una sociedad limitada recibió fondos públicos del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad […] por importe de 2,4 millones de euros, para lo cual la empresa debía aportar un capital social en consonancia con el proyecto a desarrollar y, principalmente, con los fondos solicitados al Ministerio, y a estos efectos la sociedad se constituyó realizándose por los socios aportaciones no dinerarias consistentes en maquinaria diversa que se afirmaba como de su respectiva propiedad, cuando ello indiciariamente no se ajustaba a la verdad".

Añade la Fiscalía, "en el desarrollo de la actividad sufragada parcialmente con fondos del Ministerio de Industria, no consta la realización del proyecto comprometido de fabricación de peleas en la localidad de Niebla (Huelva) y no se ha llevado a cabo el reintegro de la deuda".

El artículo 308.1 del Código Penal establece lo siguiente: "El que obtenga subvenciones o ayudas de las Administraciones Públicas, incluida la Unión Europea, en una cantidad o por un valor superior a cien mil euros falseando las condiciones requeridas para su concesión u ocultando las que la hubiesen impedido será castigado con la pena de prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo de su importe, salvo que lleve a cabo el reintegro".

El mismo artículo en su punto 8 recoge las condiciones en que se entenderá "realizado el reintegro". A saber: "Cuando por el perceptor de la subvención o ayuda se proceda a devolver las subvenciones o ayudas indebidamente percibidas o aplicadas, incrementadas en el interés de demora aplicable en materia de subvenciones desde el momento en que las percibió, y se lleve a cabo antes de que se haya notificado la iniciación de actuaciones de comprobación o control en relación con dichas subvenciones o ayudas o, en el caso de que tales actuaciones no se hubieran producido, antes de que el Ministerio Fiscal, el Abogado del Estado o el representante de la Administración autonómica o local de que se trate, interponga querella o denuncia contra aquél".

El Ministerio Público añade en su comunicado que las decisiones de la Fiscalía Superior deben afectar también a los socios de Serrano en este proyecto, que no están aforados, "para evitar la existencia" de posibles "decisiones judiciales contradictorias".

La investigación de la Fiscalía se inició por una denuncia de Rubén Sánchez, de la asociación de consumidores Facua. Ahora se ha sumado una segunda denuncia del Ministerio de Industria. El caso había sido revelado en una investigación publicada por infolibre.es.