MADRID.- MADRID.- Día clave en el ‘macrojuicio’ de la primera época de la trama de corrupción Gürtel que se celebra en la Audiencia Nacional con 37 procesados. El líder de la organización empresarial, Francisco Correa, tiene previsto tirar de la manta con el fin de reducir su condena.

“Don Vito”, como se hacía llamar entre los suyos, ha asumido que va a ser condenado, ya que tiene por delante ocho juicios de otras tantas piezas separadas del caso, además del que ahora se juzga, con 300 acusados. Afronta más de 300 años de cárcel y sabe que no saldrá indemne de todos ellos.

Por este motivo, su estrategia pasa por reconocer varios hechos de corrupción de los que le acusa la Fiscalía, y rechazar otros de los que no se considera responsable, según fuentes jurídicas conocedoras de sus intenciones.

El alcance de lo que esté dispuesto a asumir se conocerá a partir de la sesión de este jueves en la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares y ante el tribunal conformado por los magistrados Ángel Hurtado –presidente y ponente-, Julio de Diego y José Ricardo de Prada.

Correa romperá la ‘omertá’ –ley del silencio-al tiempo que intentará salvar a su núcleo duro, como son su segundo Pablo Crespo y su contable José Luis Izquierdo. La incógnita está en qué revelará sobre Luis Bárcenas y Ángel Sanchis, extesoreros del PP.

El líder de Gürtel intenta conseguir atenuantes en su condena, como son la reparación del daño -con los 2,2 millones de euros que tenía escondidos en Suiza a nombre de una sociedad panameña, que están bloqueados y que ofrece para hacer frente a la responsabilidad civil-, el reconocimiento de los delitos y una reducción por dilaciones indebidas en este largo proceso.

Previamente, Correa realizó diversos gestos a la Fiscalía y las acusaciones, como no pedir la nulidad del proceso o no recusar al magistrado José Ricardo de Prada a diferencia del resto de las defensas. Su intención era alcanzar un pacto con la Fiscalía, para conseguir atenuantes a cambio de una confesión escrita, pero el ministerio público lo ha rechazado.

Se juzga la primera época de la trama, que abarca los años 1999-2005, en especial los negocios con las comunidades de Madrid y Castilla y León y en los ayuntamientos de Estepona (Málaga), Majadahonda y Pozuelo de Alarcón (Madrid) y en el de la capital. 

Se estima que la trama obtuvo contratos públicos irregulares por valor de 8,4 millones de euros.

Además, Correa ingresó 2,85 millones de euros en comisiones de intermediación ante administraciones públicas en favor de otras compañías.

El Grupo Correa realizaba actos para las campañas electorales del PP, mientras pagaba sobornos a funcionarios y autoridades, según la Fiscalía, cambio de contratos inflados, mientras se creaban facturas falsas y entramados societarios y se desviaba dinero a paraísos fiscales. 

El ministerio público calcula que con este entramado se intentó ocultar a la Hacienda pública fondos por valor de 40 millones de euros.

En la sesión del martes declararon los tres primeros ‘arrepentidos’, que incriminaron a Correa en la financiación de las campañas electorales de los populares Jesús Sepúlveda y Guillermo Ortega, exalcaldes de Pozuelo de Alarcón y Majadahonda (Madrid).

El PP está sentado en el banquillo como partícipe a título lucrativo por estas campañas. Esto es, afronta una responsabilidad civil porque la Fiscalía acusa a esta formación de haberse beneficiado por los fondos procedentes del cohecho y la malversación con 204.198 euros, el dinero que entregó para las campañas de ambos alcaldes.

Francisco Correa tiene previsto reconocer parte de estos hechos que han quedado confirmados por los tres 'arrepentidos', aunque también rebatirá algunas de las afirmaciones vertidas ante el tribunal.

Dos de los 'arrepentidos' incriminaron a Sepùlveda, quien entonces era marido de Ana Mato, exministra de Mariano Rajoy.

Roberto Fernández, su exconcejal de Hacienda, reveló que Correa y personas de su confianza entregaron dinero en efectivo para financiar la campaña de Sepúlveda de 2003. Fueron “en tres o cuatro ocasiones” y ascendieron en total a 100.000 euros.

Sepúlveda les ordenaba a qué empresas contratar y explicó al tribunal cómo eludían los controles para adjudicar a Correa los contratos, agregó Fernández. Según su versión, el exmarido de Mato reunió al grupo municipal del PP para decirles que Correa era investigado por la Policía, por lo que ordenó que se dejara de contratar con sus empresas y mandó comprar teléfonos encriptados para el grupo municipal del PP.

Por su parte, el constructor Alfonso García Pozuelo, reconoció haber entregado a Sepúlveda casi 700.000 euros a cambio de adjudicaciones de obras en Pozuelo de Alarcón (Madrid) por mediación de Correa. También entregó a Correa "cosas" destinadas a “órganismos centrales” que no identificó.

La Fiscalía no preguntó a qué "organismos centrales" había entregado "cosas" por mediación del líder de la trama. Quizá por estrategia procesal, ya que este constructor 'arrepentido' es testigo en el caso abierto sobre los papeles de Bárcenas y la financiación paralela del Partido Popular, que es una de las piezas separadas del caso Gütel.

La Fiscalía pide para Francisco Correa 125 años y un mes por los delitos de asociación ilícita, fraude continuado a las Administraciones Públicas, cohecho activo continuado, falsedad continuada, malversación de caudales públicos continuado, falsedad en documento mercantil, estafa, prevaricación, delito contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y continuado de fraude y exacciones legales a las Administraciones Públicas.