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Los Franco reclaman que el dictador vuelva a ser enterrado con honores militares

Los nietos apelan a un real decreto de 2010, que recoge que la Presidencia del Gobierno o Defensa debe ser los encargados de organizar un funeral con la interpretación del himno y una descarga de fusilería.

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La tumba del dictador Francisco Franco en la Basílica del Valle de los Caídos. REUTERS/Juan Medina

La familia Franco pretende que el dictador vuelve a ser enterrado con honores militares. Los nietos presentaron el pasado viernes sus alegaciones contra la exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos donde reclaman sus pretensiones.

En el documento, que ha hecho público la Fundación Franco, los descendientes del tirano apelan al Real Decreto 684/2010 que regula el reglamento de honores militares "como homenaje y manifestación de respeto a la bandera de España, al rey y a determinadas personalidades, autoridades y mandos militares". 

Tal y como recoge el texto del real decreto le corresponde a la Presidencia del Gobierno o al Ministerio de Defensa "la organización y concreción de los actos de honras fúnebres que se celebren", que "se rendirán por una unidad con bandera, banda y música y consistirá en la interpretación del himno nacional completo, arma presentada y una descarga de fusilería".

En su mismo escrito de alegaciones, la familia de Franco expone su intención de enterrar al dictador en la cripta de la catedral de la Almudena, en Madrid. En el texto, instan a que si se lleva a cabo la exhumación de los restos se les entregue "de forma inmediata" el féretro con su cadáver en la basílica del Valle de los Caídos, para que, tras las honras fúnebres y oficios religiosos, se proceda a darle sepultura.

Según el documento, la primera intención de los Franco sigue siendo evitar la exhumación. A este respecto, la Fundación Franco presentó este lunes otro escrito de alegaciones al real decreto que inicia el proceso de desenterramiento en el que pide personarse en el proceso.

En su texto, la fundación insta a la recusación de la instructora del procedimiento, la subsecretaria de Justicia Cristina Latorre Sancho, y reclama la nulidad del proceso "por transgresión a la ley y a los principios constitucionales". La fundación, en los treinta folios de alegaciones que ha dirigido al Gobierno, incide en la "inconstitucionalidad" del real decreto ley que modifica la Ley de Memoria Histórica para iniciar el proceso de exhumación de Franco.