El final de los abusos laborales a los becarios tiene una segunda oportunidad: el decreto ley. El adelanto electoral ha forzado que casi todos los trámites legislativos que se encontraban en marcha en Congreso decayeran sin solución. Este es el caso de la reforma de la ley de seguridad ciudadana, también denominada ley mordaza, que ha finalizado sus trabajos de forma abrupta cuando apenas le quedaban puntos por cerrar. Sin embargo, parece que todavía existen vías para otras normas.

Este es el caso de la proposición de ley reguladora de las prácticas académicas externas presentada por Unidos Podemos, que plantea acabar con el fraude laboral de los becarios. Su tramitación ha sido toda una carrera de obstáculos en el Congreso. La Cámara la admitió a trámite en noviembre de 2017, pero no fue hasta un año después, en noviembre de 2018, cuando pasó su segunda prueba de fuego superando el debate de totalidad. Tras más de un año en trámite, la iniciativa ha estado bloqueada por las 42 peticiones de ampliación del plazo de prórroga de enmiendas al articulado registradas por PP y Cs.

Sin embargo, un movimiento del Gobierno casi lograr desbloquear, de forma involuntaria, su trámite. El Ejecutivo introdujo en el decreto de actualización de las pensiones la obligatoriedad de que todos los estudiantes en prácticas estuvieran dados de alta en la Seguridad Social. Sin embargo, la disposición no incluía quién debía hacerse cargo de las cotizaciones (la universidad o la empresa).

Este vacío forzó que Unidos Podemos y Ciudadanos comenzaran a negociar en el Congreso para resolver el asunto de la Seguridad Social tomando como base la proposición de los de Iglesias. Sin embargo, cuando el grupo confederal había llegado a un acuerdo con Cs para desbloquear la iniciativa, el adelanto electoral truncó cualquier posibilidad de que saliera adelante.

En Podemos buscan ahora dar salida a algunas de sus medidas por la vía del decreto. Los de Iglesias negocian en la actualidad con el Gobierno la posibilidad de llevar a cabo determinadas reformas, incluidas en su pacto presupuestario, a través de esta fórmula, como es el caso de la regulación de los alquileres abusivos y de la factura de la luz. Una vez disueltas las Cortes, parte de las facultades del Congreso pasan a la Diputación Permanente (órgano que asume sus funciones fuera del periodo de sesiones y cuando se encuentra disuelto), que tiene la potestad para convalidar decretos aprobados en el Consejo de Ministros.

Por eso, el próximo lunes, miembros de Unidos Podemos mantendrán una reunión con la secretaria general de universidades para negociar la inclusión en un decreto ley de, al menos, las medidas que desde el grupo confederal consideran más urgentes, según avanzan fuentes de la formación. Entre estas medidas están la de reconocer a las universidades como las únicas entidades autorizadas para coordinar la oferta de prácticas. El objetivo es acabar con las ofertas de becas de otras entidades que, de facto, ofrecen puestos de trabajo con peores condiciones, menos remunerados o que, directamente, no ofrecen remuneración.

Límitar los becarios e incluir una remuneración mínima

Otra de las reformas que negociarán con el Ejecutivo es la limitación del número de becarios por empresa. En su iniciativa, proponen unas ratios que establecen  cuántos estudiantes en prácticas puede haber por cada grupo de trabajadores. Si la empresa tiene entre 1 y 10 trabajadores, podrán disponer de 1 becario; si trabajan entre 11 y 30 personas, podrá haber 2 estudiantes; las empresas que tengan en plantilla entre 31 y 59 empleados, podrán tener a un máximo de 3 personas en prácticas; mientras que si hay más de 60 trabajadores, el número de becarios no podrá superar al 5% de la plantilla.

Desde Unidos Podemos también se pondrán sobre la mesa cuestiones como la necesidad de limitar el número de estudiantes en prácticas por tutor académico, que las labores desempañadas en las prácticas se ciñan estrictamente a los estudios cursados o la posibilidad de incluir un mínimo de remuneración. En su proposición de ley, el grupo establece que el estudiante en prácticas debe tener derecho a una retribución mensual, cuya cuantía no podrá ser inferior al Salario Mínimo vigente calculado en proporción a la duración horaria de las prácticas.

Fuentes del grupo aseguran que también intentarán resolver el vacío legal provocado por el decreto en el asunto de las cotizaciones a la Seguridad Social. El Gobierno mantuvo reuniones con organismos del ámbito educativo, como la Conferencia de Rectores, donde aseguró que no serían las universidades las que asumieran el coste de las cotizaciones, una posición en la que también está Unidos Podemos.

La formación es consciente de que el Ejecutivo puede rechazar algunas de las medidas planteadas en la reunión del próximo lunes, pero insisten en que intentarán llegar a un acuerdo que resuelva las cuestiones más urgentes a través de un decreto.