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"Es fundamental defender el secreto de las fuentes de los periodistas. Es un pilar básico de la democracia"

El abogado Carlos Almeida, director de Legal de la PDLI, explica en esta entrevista los derechos de los periodistas y cómo reaccionar ante una situación como la vivida este martes en Baleares, donde un juez ha ordenado incautar los teléfonos de dos periodistas en una investigación sobre revelación de secretos. 

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El director legal de la PDLI, Carlos Sánchez Almeida.

La Policía Nacional incautó este martes, por mandato judicial, ordenadores y teléfonos móviles de dos periodistas de Europa Press y Diario de Mallorca, en el marco de una investigación, dentro del caso Cursach, para determinar el origen de una filtración periodística. La noticia, a pesar de lo poco que se conoce hasta el momento, ha levantado rápidamente las alarmas tanto de las organizaciones de periodistas como de los defensores de la libertad de información por la posible vulneración del derecho a mantener la privacidad de las fuentes. 

La propia Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) ha denunciado que esta acción judicial "vulnera el derecho de los periodistas al secreto profesional, en el que se basa la protección de sus fuentes, y que incluye los documentos y los equipos con los que trabaja el reportero", mientras que el Sindicat de Periodistes de Baleares (SPIB) y la Associació de Periodistes de Balears (APIB) han señalado que se trata del "mayor atentado contra la libertad de prensa de la historia democrática de Baleares".

La Plataforma en Defensa de la Libertad de Expresión (PDLI) también condenó rápida y tajantemente la incautación de los teléfonos móviles de los dos periodistas. En esta entrevista con Público, el director legal de la PDLI, Carlos Sánchez Almeida, explica los derechos de los periodistas, aconseja cómo actuar ante posibles casos parecidos y deja una advertencia clara: "Es fundamental defender el secreto de las fuentes de los periodistas. Es un pilar de la libertad de información, que es clave para el funcionamiento de una democracia". 

La Policía ha incautado ordenadores y teléfonos móviles de periodistas, y según informa Europa Press, los periodistas no están siendo investigados por la Policía. ¿Puede un juez incautar teléfonos móviles de periodistas para investigar una filtración?

El juez debe ponderar el derecho al secreto de fuentes que tienen los periodistas, que está amparado por la Constitución, con la obligación del Estado de perseguir delitos. Supongo que en este caso así lo habrá hecho. Lo veremos. En todo caso, si se ha vulnerado ese derecho de los periodistas, todas las pruebas que obtengan de los dispositivos móviles o del ordenador serían nulas. 

Y el periodista, ¿está obligado a entregar su móvil u ordenador?

Si hay una orden judicial, el periodista está obligado a entregar lo que pida la Policía. Si el periodista no entrega lo que pide el juez podría ser procesado por desobediencia. Otra cosa diferente es que esté obligado a revelar las contraseñas de los dispositivos que permiten el acceso a la información. Los caminos por los que el periodista puede negarse a entregar las claves son diferentes, según si es requerido como investigado o como testigo. 

"¿Quién va a confiar en un periodista si no garantiza el secreto de sus fuentes? Esto te destruye la reputación"

Si el periodista está imputado tiene derecho a guardar silencio y a no revelar sus contraseñas. Si el periodista no está imputado y, por tanto, se le requiere como testigo, en principio, tendría que dar la información solicitada por la Policía, pero el artículo 588 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal exime de colaborar a aquellos  que les pueda ocasionar "una carga desproporcionada". En el caso de los periodistas, es evidente que hay "una carga desproporcionada". ¿Quién va a confiar en un periodista si no garantiza el secreto de sus fuentes? Esto te destruye la reputación, por lo que considero que el periodista puede negarse a dar sus fuentes.

Por otro lado, como ya hemos dicho, el artículo 20 de la Constitución protege al periodista y le da el derecho de no revelar sus fuentes. Si un periodista es obligado a entregar sus contraseñas se estaría vulnerando su derecho, por lo que se trata de un asunto muy delicado. Supongo que el juez ha ponderado y analizado todo esto.

¿Qué sucedería si se ha quebrantado el derecho a no revelar las fuentes del periodista? 

Pues la nulidad de todas las pruebas que puedan obtenerse en esos registros. Pero habría que pelearlo en el juicio. Es posible que un periodista se encuentre con una denuncia por desobediencia cuando se niega a colaborar o a dar información en estas circunstancias. Eso puede pasar. Pero es fundamental aquí defender el secreto de las fuentes de los periodistas con toda la fuerza. Es un pilar básico de la libertad de información, que es, a su vez, un pilar de la democracia. Hay que amparar y proteger a los periodistas.

¿Es habitual que la Policía requise teléfonos móviles de periodistas o que se les investigue por revelación de secretos?

Bueno, ahora mismo Ignacio Escolar y Raquel Ejerique [los periodistas que destaparon el caso del máster de Cifuentes en eldiario.es] están siendo investigados por revelación de secretos. Ha pasado más veces, sí. Se ha perseguido en otros casos a periodistas y es fundamental que todas las organizaciones profesionales y sindicatos defiendan el derecho a no revelar fuentes de los periodistas.

Entonces, ¿un periodista no puede negarse a entregar su móvil cuando hay una orden judicial?

Si se niega estaría cometiendo, seguramente, un delito de desobediencia. Pero, insisto, una cosa es entregar el móvil y otra es entregar las contraseñas. Es cierto que en caso de que se niegue a entregar su móvil, después podría ser absuelto. El Código Penal establece como eximente el ejercicio de un derecho. En este caso, los periodistas tienen ese derecho a no revelar sus fuentes. Eso solo lo pueden hacer los periodistas. Cualquier otra empresa estaría obligada a colaborar y a dar las contraseñas. También cualquier funcionario de la Administración pública. Sin embargo, la empresa periodística es una excepción. Los periodistas tenéis ese derecho constitucional al margen de lo que diga la Ley de Enjuiciamiento Criminal. No obstante, también te digo que si el periodista ejerce ese derecho, lo más normal es que termine procesado por desobediencia y luego en el juicio ya se vería qué derecho prima. 

Otra cosa que nos ha extrañado de esta noticia es que, siempre según Europa Press, la periodista ha pedido ver a los servicios jurídicos de la empresa y la Policía le ha negado esta posibilidad.

Pues puede ser que en esta circunstancia se haya quebrantado otro derecho y es una situación que se está dando mucho últimamente. La Ley de Enjuiciamiento Criminal señalaba antes que no tenías derecho a hablar con un abogado hasta el final de la declaración. Con la reforma de la Ley, ahora se tiene derecho a una entrevista reservada desde el primer momento. Antes incluso de hablar con la Policía. Sin embargo, la Policía aprovecha esos momentos de confusión para preguntar algunas cosas.

"Recomiendo que toda la información que se pase entre periodista y fuente se haga con un cifrado asimétrica de clave pública"

No obstante, todo el resultado de un interrogatorio, cuando se produce sin un abogado delante, puede quebrantar derechos fundamentales cuando el interrogado había solicitado hablar con un abogado. Así que el consejo que damos siempre es no hablar hasta que haya un abogado delante. Ya seas testigo o investigado.

¿Cómo tiene que actuar un periodista si se ve en una situación similar a esta?

Lo primero que tiene que saber el periodista es que tiene derecho, según la Ley, a presenciar el registro. Además, se le tiene que informar en un primer momento si se acude a él en calidad de testigo o de investigado. A partir de ahí, si te dicen que estás como investigado, pues te tienen que leer tus derechos y dentro de estos derechos está el de guardar las contraseñas. Forma parte del derecho al silencio del investigado. Después, tanto si el periodista es testigo como si es investigado, le recomendaría forzar cuanto antes la presencia de un abogado.

 Por otro lado, también recomiendo que toda la información que se pase entre periodista y fuente se haga con un cifrado asimétrica de clave pública y así solo lo pueden leer los interlocutores. Ahora está muy de moda, y lo he visto en varios procedimientos, que la Policía vuelque todas las conversaciones de whatsapp en las investigaciones.

Lo poco que queda claro, es que si había algún denunciante de corrupción queriendo contar algo a un periodista... ahora está más lejos que ayer. 

Sí. Nos falta aún mucha información de este caso para valorar correctamente, pero por lo que sabemos hasta ahora parece un aviso serio, efectivamente. Ya veremos qué consecuencias trae y espero una reacción rápida y contundente de las asociaciones y sindicatos profesionales. Nosotros en la PDLI ya nos hemos posicionado con todo el apoyo a Europa Press y Diario de Mallorca.

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