El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado la apertura de juicio oral de la causa derivada de la operación Emperador, la supuesta macroorganización criminal liderada por el ciudadano chino Gao Ping para llevar a cabo una actividad sistemática de fraude fiscal y blanqueo de capitales entre 2010 y 2012. El magistrado abre juicio oral contra Gao Ping y otras 106 personas, de varias nacionalidades, entre ellas el actor de cine porno Nacho Vidal, e impone fianzas que en el caso de los principales investigados superan los 103 millones de euros.

En su auto, el titular del Juzgado Central de Instrucción 4 acuerda abrir juicio oral conforme a los escritos de acusación presentados por la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado por presuntos delitos de organización criminal, cohecho pasivo, cohecho activo, amenazas, detención ilegal, blanqueo de capitales, contra la hacienda pública, falsedad en documento mercantil, organización criminal, tenencia de moneda falsa y delito contra la propiedad industrial.

En el caso de los ciudadanos de origen chino Gao Ping, Lizhen Yang y Weizhen Yang, el juez les impone a cada uno el pago de fianzas por más de 103 millones de euros en concepto de multas y costas, a los que deberán hacer frente en el plazo de diez días. Estos tres investigados, además, junto con otros diez, deberán garantizar de forma solidaria, en concepto de responsabilidad civil, la suma de 22,4 millones de euros. 

El caso Emperador investigó una macrooperativa para, de un lado, defraudar al fisco en la importación de 1.000 contenedores anuales de artículos de bazar, declarando en la aduana menos cantidad y productos distintos de los reales buscando un menor gravamen, y, de otro, evadir a China las grandes cantidades de efectivo generado en la venta de lo importado (de 4 a 5 millones de euros mensuales) y, por tanto, de origen ilícito. 

El juez Calama expone que a partir de la diligencias de entradas y registros ejecutadas, intervenciones telefónicas, declaraciones de los investigados, así como del análisis de documentación, dispositivos de almacenamiento masivo de información obrantes a la causa y de los informes periciales practicados, "aparecen indicios racionales para considerar que los encausados forman parte de una compleja macroorganización criminal de carácter internacional, encabezada por Gao Ping, compuesta de sucesivos grupos y escalones perfectamente estructurados y jerarquizados, cuyo único y común propósito es llevar a cabo una actividad sistemática de fraude fiscal y blanqueo de capitales, constituyendo al efecto un entramado de sociedades pantalla, al frente de las cuales se sitúa a diferentes testaferros, y confeccionando los correspondientes documentos mercantiles (facturas) y públicos (pasaportes) que resultan necesarios para dar soporte a estas actividades delictivas". 

Una de las vías que utilizaba la trama para el blanqueo de capitales y el fraude fiscal consistía en la recogida de dinero centralizada en polígonos de Cobo Calleja en Fuenlabrada (Madrid) para su posterior remisión hacia el exterior fuera de los cauces legalmente establecidos. 

Según reveló la instrucción de la causa e informó Público en varios reportajes, los beneficios ilícitos se evadían a China mediante varias modalidades: por carretera hasta bancos andorranos y de allí a China, usando correos humanos; por vía aérea desde Barajas, también mediante envíos camuflados bajo la apariencia de supuestas remesas de inmigrantes a través de gestoras de transferencias (MoneyGram, Coinstar y Monty Global).

También usó la trama el sistema de compensación, por el que personas con gran cantidad de dinero opaco fuera de España aceptaban efectivo en España de la organización y seguidamente se lo devolvían transfiriendo a China el importe recibido desde sus cuentas en paraísos fiscales. Esta última modalidad fue investigada dentro de la pieza separada Empresarios, que acabó con la dispensa de los imputados con autos de sobreseimiento dictados entre 2014 y 2017. 

La Fiscalía Anticorrupción solicita la pena de 47 años y tres meses de cárcel para Gao Ping, al que atribuye más de una decena de delitos. 

Según publicó este medio en julio de 2020, aunque el caso Emperador saltó a la luz pública con la megaoperación de detenciones y registros de octubre de 2012, en realidad, la investigación comenzó en el año 2009 por la Fiscalía Anticorrupción y, tras la querella de ésta, en 2011 se asumió por el juzgado. De 2009 a octubre de 2012 el caso permaneció bajo secreto a cargo de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), dependientes de la Policía Nacional. En ambas unidades policiales, el comisario José Luis Olivera ocupó cargos de gran responsabilidad: en la UDYCO, de 2000 a 2003, y en la UDEF, entre 2006 y 2012 como jefe máximo. 

Conexiones policiales

Otra pieza separada, llamada Funcionarios, destapó el suministro de información restringida por parte de policías a cambio de regalos de, al menos, un miembro de la organización de Gao Ping. La Fiscalía pidió la imputación de nueve policías, entre los que se encontraban el comisario Andrés Gómez Gordo y el entonces Comisario Jefe del Puesto Fronterizo de Barajas, Carlos Salamanca Vilches, detenido años más tarde, en 2017, junto a Villarejo en el primer golpe a la organización criminal que hoy investiga la causa Tándem en la Audiencia Nacional.

De forma sorprendente, todos los imputados en la pieza Funcionarios fueron desimputados y/o absueltos en el juicio celebrado en 2016, cuya sentencia confirmó el Supremo en 2017. Salamanca y Gómez Gordo no llegaron al juicio: el primero fue exonerado al poco de abrirse la pieza, en noviembre de 2014, y el segundo, poco antes del señalamiento de la vista. 

Una investigación exclusiva de Público desveló las conexiones de la operación Emperador y la trama liderada por Gao Ping con la pieza 'Iron' del caso Villarejo, que actualmente se está enjuiciando en la Audiencia Nacional.