El Gobierno utilizó un decreto ley con medidas sociales, como las desgravaciones fiscales a los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV), para dar luz verde al pago de 1.350 millones de euros de la deuda por el proyecto Castor. El Ejecutivo incluyó esta autorización para indemnizar a Caixabank, Bankia y Banco Santander en el real decreto "de medidas financieras de apoyo social y económico y de cumplimiento de la ejecución de sentencias", que entró en vigor el pasado 29 de diciembre y se someterá al examen del Congreso en el Pleno extraordinario de este jueves.

El Tribunal Supremo, atendiendo a la demanda de las tres entidades financieras, obligó al Estado a pagar los 1.350 millones que los bancos adelantaron en su día para compensar a la constructora ACS y al grupo canadiense Dundee por la cancelación del fallido almacén artificial de gas Castor construido frente a las costas de Castellón. "A dicha cantidad hay que añadir los intereses compensatorios desde la fecha de la presentación de la reclamación hasta la fecha de notificación de la sentencia, sin perjuicio de los intereses legales que pudieran corresponder a partir de la citada notificación de conformidad con la normativa vigente", añade el decreto.

El Gobierno justifica que la ejecución de la citada sentencia se llevará a cabo por el Ministerio de Hacienda al que, para poder proceder al pago de la misma, "se le concede una ampliación del crédito destinado al pago de sentencias de responsabilidad patrimonial del Estado legislador". Asimismo, para atender a su pago, la norma contempla que "se hace necesario acudir en parte al endeudamiento al no disponer el Fondo de Contingencia de recursos suficientes para financiarlo". Esto es, el Gobierno aprueba una ampliación del crédito por 638 millones de euros con cargo a deuda pública.

Se da la circunstancia de que en el mismo decreto se combina la adopción de "medidas sociales y económicas de apoyo" para atender la "situación de emergencia económica y social ocasionada por la pandemia" con otras "situaciones de urgencia derivadas de circunstancias jurídicas imprevistas, como el adecuado cumplimiento de sentencias judiciales que puedan tener repercusiones económicas que den lugar a cambios legislativos urgentes".

Compromís pide modificar el decreto

Por ello, Compromís ha exigido al Ejecutivo que se modifique "de inmediato" el decreto, en el que "se mezclan intencionadamente" la crisis derivada de la covid-19 y el pago "por la puerta de atrás" de la indemnización al proyecto Castor. El portavoz de la formación valenciana en la Cámara Baja, Joan Baldoví, ha criticado en un vídeo "la urgencia del Gobierno en hacerle el bizum a Ana Botín", pues a tenor de la sentencia del Alto Tribunal, al Banco Santander le corresponde la mitad del dinero de la millonaria compensación. 

"Es injustificable que el Gobierno, en el peor momento de la pandemia, con la cantidad de necesidades sociales que quedan por atender, se aproveche del decreto de medidas contra la crisis para colar un pago multimillonario al banco Santander. Este dinero público, en plena emergencia sanitaria, debería ir destinado a rescatar personas y fortalecer nuestros servicios sanitarios públicos", señala Baldoví.

En esta línea, el diputado de Compromís considera "una burla a la ciudadanía" e "inmoral" que el Ejecutivo pida al Congreso a través del mismo decreto "poder endeudarse para ayudar a quienes más los necesitan y además pagar a los directivos del Santander", calificando el proyecto Castor de "estafa diseñada a medida para el beneficio de un empresario como Florentino Pérez y de aquellos que lo financiaron".

Un proyecto fallido

Cabe recordar que Castor pretendía ser el mayor depósito de gas natural de España, pero al poco tiempo de su puesta en marcha, el proyecto tuvo que paralizarse tras provocar medio millar de terremotos en varios municipios de la costa castellonense. Posteriormente, el Estado indemnizó a Escal UGS, la empresa propietaria —controlada a su vez por Florentino Pérez— al revertir la licencia de explotación.

Ahora, dos directivos y la propia compañía se sentarán en el banquillo acusados de delito medioambiental, pues según sostiene el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 4 de Vinaròs (Castelló), Javier Verdeguer Gorrea, los responsables del proyecto generaron "una situación de peligro potencialmente catastrófico" al inyectar gas en la planta de almacenamiento.