El Govern ha aprobado el decreto que blinda a los centros y a sus direcciones ante la sentencia del 25% del castellano en las escuelas. Se trata de un decreto que establece que Educació asume la plena responsabilidad de los proyectos lingüísticos de cada escuela, que el propio Govern revisará y validará. "El decreto da respuesta a la sentencia y supera una judicialización sin sentido", ha afirmado la portavoz del Govern, Patrícia Plaja. Este martes termina el plazo que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) dio a la Generalitat para ejecutar la decisión judicial de forma forzosa.

El decreto, aprobado en un Consejo Ejecutivo extraordinario con este único punto en el orden del día, rehúye a los porcentajes y establece "un nuevo marco normativo" respecto a los criterios y límites del modelo de escuela catalana, ha concretado Plaja. El objetivo del Govern es dar "cobertura jurídica" a los centros y también al equipo directivo ante las acciones que pueda emprender el tribunal. "Educación asume toda la responsabilidad sobre la legalidad del proyecto lingüístico de cada centro", ha reiterado Plaja.

Educación asume toda responsabilidad

La medida se publicará en el DOGC en las próximas horas y a partir de este martes, cuando vence el plazo fijado por el TSJC, todos los centros recibirán "instrucciones claras" sobre los pasos a seguir. La mayoría ya tienen proyectos, que tendrán que revisar y modificar si es necesario, y Educació tendrá que validarlos en un plazo de 30 días.

Plaja ha afirmado que en los próximos seis meses todos los centros deberían tener los proyectos aprobados, y ha manifestado que se tratará de procesos "sencillos y ágiles" para no dar más carga de trabajo a una comunidad educativa tensionada por otras cuestiones con el Govern, como el cambio en el calendario escolar, demandas laborales o modificaciones de currículums.

El objetivo de esta modificación del marco normativo es que "las persecuciones ideológicas no afecten al buen funcionamiento de la enseñanza ni condicionen el modelo de la escuela catalana", pero Plaja ha recordado que la realidad de los centros no es "homogénea" y por eso es imposible la aplicación de una "regulación monolítica".

La portavoz ha explicado que el decreto "da salida al callejón sin salida" en el que ha estado inmerso el Govern en las últimas semanas con la respuesta política a la sentencia.

Acuerdo entre ERC, JxCat, PSC y los Comuns

La semana pasada, ERC, JxCat, PSC y los Comuns llegaron 'in extremis' a un acuerdo en el Parlament para sacar adelante una nueva ley que se complementa con el decreto aprobado este lunes por el Govern y que también deberá someterse a votación. La ley fija que el catalán es el idioma vehicular y de aprendizaje del sistema educativo y el de uso normal en la acogida del alumnado recién llegado. También incluye que el castellano se utilizará en los términos que fijen los proyectos lingüísticos de cada centro, y que será lengua curricular.

Los grupos tuvieron que llegar a un nuevo acuerdo después de que JxCat se despegara del primero, que establecía modificaciones en la ley de Política Lingüística. Aunque debía votarse la semana pasada después de tramitarse con lectura única, finalmente no fue así y aún se encuentra parada en el Consejo de Garantías Estatutarias, que deberá emitir un dictamen esta semana.

La estrategia del Govern se basaba, más allá de los recursos interpuestos, en estas dos vertientes: por un lado, el impulso de cambios legislativos -primera con la modificación de la ley de Política Lingüística y después, con la tramitación de una ley nueva- y por otra, blindar a los centros y a las direcciones ante futuras represalias del tribunal.