Este martes termina el plazo que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) dio a la Generalitat para ejecutar la sentencia del 25% de castellano en las escuelas y el Govern está aprobando a contrarreloj una serie de medidas para hacerle frente. Tras impulsar un decreto in extremis que establece que el Govern asume la plena responsabilidad de los proyectos lingüísticos de cada escuela, este martes ha enviado a los centros unas instrucciones con un cuestionario de siete preguntas para verificar si los planes se adecuan a esta nueva legislación. "Las nuevas normativas nos deben servir para no aplicar ningún porcentaje en ningún centro del país", afirmó rotundo el conseller de Educació, Josep González-Cambray, aunque rehuyó hablar de desobediencia.

Las direcciones deberán contestar a las siete preguntas binarias – de sí o no – para saber si pueden mantener el plan actual, o bien si deben adecuarlo. Las instrucciones determinan que si se contestan todas las cuestiones afirmativamente, el proyecto del centro cumple con la normativa y, por lo tanto, se puede mantener. Por el contrario, si alguna es negativa, éste deberá revisarse y modificarse el próximo curso. Entre las cuestiones, se pregunta si el proyecto contempla un uso "curricular y educativo" tanto del catalán como del castellano y si evita el uso de porcentajes.

En una rueda de prensa posterior al Consell Executiu, el conseller ha sacado pecho de las medidas que está impulsando el Govern para "alejar a los tribunales de las escuelas", entre ellas el propio decreto y también una nueva ley que está en trámite en el Parlament. "Hacemos de escudo legal y jurídico de los centros educativos", ha dicho González-Cambray.

El conseller ha remarcado que se han enviado "instrucciones muy claras" a los centros sobre la situación actual y cómo deben actuar y ha incidido en que se está protegiendo jurídicamente a las direcciones. El decreto rechaza explícitamente la aplicación de porcentajes en el aprendizaje de lenguas. El Govern está "luchando con todas las herramientas" contra la judicialización y a través del "máximo consenso político, social y pedagógico", ha añadido.

El decreto será convalidado en el Parlament con el apoyo de ERC y JxCat, así como los Comuns, que estaban en entredicho pero ya lo han explicitado. El PSC se ha desmarcado, aunque sí suma para la aprobación de la nueva ley. El conseller ha explicado que ha respondido al requerimiento del TSJC informando sobre el envío de instrucciones a los centros, así como de la aprobación del decreto ley y el resto de actuaciones que están llevando a cabo respecto al uso del catalán en las escuelas. González-Cambray ha rehuido responder si se trata de desobediencia y se ha remitido a la respuesta del gabinete jurídico del Govern para cuestiones más técnicas.

Siete preguntas que responder hasta el 30 de junio

Por lo que se refiere a las instrucciones enviadas a los centros, estas incluyen un cuestionario con siete preguntas para verificar los proyectos lingüísticos que ya tienen. La primera es si el proyecto prevé que el catalán, como lengua propia de Catalunya, sea la normalmente utilizada como lengua vehicular y de aprendizaje. La segunda pregunta si el proyecto prevé también que el catalán sea la lengua de uso normal en la acogida del alumnado recién llegado. La tercera es la que hace referencia al uso curricular y educativo tanto del catalán como del castellano y la cuarta cuestiona si el proyecto incorpora criterios exclusivamente pedagógicos y desde un abordaje global, integrador y de transversalidad curricular para determinar la presencia y el tratamiento de las lenguas oficiales.

La quinta pregunta es acerca de si el proyecto lingüístico tiene en cuenta la diagnosis de la realidad sociolingüística del centro, la sexta si tiene en cuenta los resultados de las pruebas y evaluaciones periódicas, tanto internas como externas, en las distintas etapas educativas. El cuestionario se cierra con la pregunta sobre si el proyecto lingüístico evita el uso de porcentajes en la enseñanza y el uso de las lenguas.

En las instrucciones se especifica que la dirección del centro debe verificar que el proyecto se adecua al decreto antes del 30 de junio. Añade que contará con el asesoramiento de la inspección y de los equipos de lengua y cohesión social y que esto se realizará mediante el cuestionario de verificación. Será la inspección referente del centro quien validará que se haya completado el cuestionario.

En los casos en los que existan respuestas negativas, será necesario adaptar el proyecto y que esta modificación la apruebe el consejo escolar, en el caso de los centros públicos, o la titularidad del centro habiendo escuchado al consejo escolar, en el caso de los concertados. Una vez hecha la modificación, la dirección o la titularidad del centro tendrán que enviar el nuevo proyecto a la dirección del servicio territorial correspondiente o a la gerencia del Consorci d'Educació de Barcelona.

El Departament, responsable de los proyectos lingüísticos

Por otra parte, en las instrucciones que se han enviado a los centros se especifica que el Departament "asume la responsabilidad" sobre la legalidad de los proyectos lingüísticos que valida. En este sentido, el Govern recuerda que es el Departament y González-Cambray el encargado de verificarlos y dar su visto bueno, considerando, pues, que los centros no hacen otra cosa que dar cumplimiento a la orden de una instancia superior.

Sin embargo, sí se insta a los miembros de la comunidad educativa a velar para que se cumplan estos proyectos lingüísticos. En concreto, se recuerda que los docentes y el personal de atención educativa "no pueden optar por un uso de la lengua distinta al previsto en cada proyecto lingüístico". Inspección revisará que se esté aplicando correctamente, ya sea con visitas, controles u otros tipos de planes específicos. "Un profesor no puede elegir la lengua en la que hace la clase", ha remarcado González-Cambray.