Gloria Calero fue nombrada delegada del Gobierno en el País Valencià en septiembre del 2020, en sustitución de Juan Carlos Fulgencio. En poco menos de un mes se decretaría el estado de alarma y el confinamiento total, con la congelación absoluta de las actividades en la calle, incluidas las manifestaciones y otros tipos de protestas. Con el deshielo de finales de verano empezarían los dolores de cabeza, con una lista creciente de escándalos y conflictos con los movimientos sociales –que ya le han exigido la dimisión diversas veces– como no se veía desde la época del PP. La permisividad con la extrema derecha, las cargas policiales durante las últimas manifestaciones por la libertad de expresión, el conflicto con el movimiento feminista o el desalojo ilegal de un centro social de barrio de Benimaclet, entre otros, conforman un listado de agravios creado en solo unos pocos meses.

La última fue el pasado 5 de marzo, cuando un grupo de activistas de la Assemblea Feminista de València, entraron a la Delegación del Gobierno y se encadenaron en el patio hasta forzar una reunión con Calero. La acción venía motivada por el conflicto persistente entre el movimiento feminista y la policía, a quien acusarían de "animadversión" y "persecución" hacia sus activistas, que se ha traducido con numerosas multas basadas en la Ley Mordaza.

La titular del Juzgado de lo contencioso-administrativo número 2 de València consideraría suficientemente acreditada esta animadversión y anularía algunas de estas multas el pasado octubre. Otros jueces, pero, no lo han visto igual y han validado las sanciones. Maria Josep Martínez, abogada de la Assemblea Feminista denuncia las dificultades que suponen este tipo de sanciones: "Te ponen una multa de 100 euros, pero si vas a juicio y pierdes, no solo tienes que pagar la multa sino 300 o 400 euros de costas, el sistema está hecho para generar indefensión y que prefieras pagar la multa".

La Ley Mordaza, explica la abogada, permite a los policías denunciar presuntos insultos sin tener que demostrarlo después ante un juez. "Es que tenemos una denuncia para decir a la policía que "sois unos opresores", que, aunque se hubiera dicho, en un contexto de movilización es totalmente normal y tendría que estar amparado por la libertad de expresión", continúa Martínez. Ante esto, la Asamblea Feminista se ha reunido varias veces con Calero, para tratar de reducir esta persecución, pero denuncian que las "buenas palabras" no se ha traducido ningún hecho concreto y las multas se han seguido tramitando. "El problema de fondo es la Ley Mordaza y, al final, Calero está poniendo la cara por un gobierno de Madrid que no hace el que tiene que hacer", apunta Martínez, quien se ha reunido dos veces con la delegada del Gobierno y la considera una "mujer fuerte y con capacidad de imponerse si es necesario".

Enfermera de profesión

Gloria Calero es enfermera de profesión, pero ya hace más de 25 años que se dedica a la política. En 1995 fue nombrada regidora de Igualdad y Servicios Sociales en su ciudad, Sagunto. El 2003 llegaría a la alcaldía gracias a un pacto con Esquerra Unida y el Bloc, pero el 2007, el PP recuperaría el consistorio. En València hay cierto consenso que su elección como delegada responde a la cuota de poder de José Luis Ábalos, ministro de Fomento y Secretario de Organización del PSOE, además de histórico opositor a Ximo Puig. Aunque, por ahora, el conflicto interno esté bastante amortiguado. Fuentes socialistas explican que el relevo de Fulgencio respondió básicamente a una voluntad de dar más visibilidad a la institución, que consideraban que tenía un perfil demasiado bajo.

Su desconocimiento de la seguridad y la policía es, para el periodista Miquel Ramos, un problema, puesto que "no está formada en orden público y no tiene un perfil profesional sino institucional, por el que se limita a hacer de portavoz de la Policía. La sensación es que no controla nada, si no simplemente avala todo lo que le ponen sobre la mesa". Para Ramos, especializado en extrema derecha y en cuerpos de seguridad, esto se concreta en situaciones como la que se vivió el 12 de octubre en el barrio de Benimaclet, donde se permitió una marcha de antorchas fascistas con beneplácito policial: "Obviamente no se podía prohibir la marcha, pero sí que podría haber acotado el recorrido, evitando la provocación. Esto no son decisiones técnicas sino políticas".

¿Quién controla a la Policía?

"Lo que pasó en la segunda manifestación por la libertad de Pablo Hásel es muy preocupante. Si hay una cosa que sabe todo el mundo es que el día siguiente de una carga policial, la manifestación siempre es pacífica. La policía deja hacer un poco más y los manifestantes también están más tranquilos. Esta vez los antidisturbios cargaron sin ningún tipo de provocación previa ni proporcionalidad. Y esto no fue lo peor, sino que continuó la cacería de manifestantes de forma demencial por todo el centro de València hasta medio kilómetro de donde se había disuelto la manifestación". Quien así se expresa es Carles Esteve, diputado de Compromís y herido en la pierna por un golpe de porra justo aquel día.

Calero, en declaraciones públicas, aseguró que "después de haber visto los videos", quedaba claro que "no había habido cargas" y que la actuación policial "había sido acertada". El posicionamiento de Calero despertó una oleada de críticas y peticiones de dimisión y una duda todavía más preocupante: ¿Quién controla realmente a la Policía? Incluso voces socialistas, como el coordinador de izquierda socialista, Kilian Cuerda, criticaron las acciones policiales, aunque el grueso de cargos y portavoces del partido cerraron filas con la versión de Calero.

"A mí no hace falta que me expliquen que vieron en los videos, que yo estaba –continúa Esteve– pero más que una dimisión, lo que necesitamos es una investigación y saber de quién salió la orden de cargar, si fue política o vino de mandos intermedios. Y depurar responsabilidades, porque no puede ser que la policía no controle cuando se emplea la violencia y cuando no. Nos hace falta una Policía que pueda garantizar derechos básicos como el de manifestación, permitir los abusos es ir contra la imagen del cuerpo". Ramos también considera que hay que "investigar los excesos con criterio propio y no pedir un informe a la policía que ya sabemos que es corporativista y lo negará todo".

Desde el entorno socialista niegan ningún tipo de problema de control policial y alaban el trabajo de Calero al frente la de Delegación del Gobierno, un cargo, aseguran, que "siempre está expuesto a este tipo de críticas".