El Gobierno advierte a Mas de que Constitución y leyes son el único camino

Después de un 11 de septiembre catalán marcado indiscutiblemente por un sentimiento independentista creciente en Catalunya, el Gobierno continúa su estrategia de no salirse de un guión en el que se repiten sin aparente cansancio los términos "dentro de la Constitución", "cumplir y hacer cumplir las leyes", "diálogo institucional con todas las Comunidades Autónomas, también la Generalitat", "respeto a los que se manifiestan y a los que no", "el Gobierno de España lo es también de los catalanes" y "lo importante es salir de la crisis todos juntos".

Los matices de este discurso que los periodistas han intentado sonsacar a la vicepresidenta en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros han sido evitados con prácticamente idéntica respuesta a todas las cuestiones referidas a Catalunya y la posición del Ejecutivo. En donde más concreta ha sido Soraya Sáenz de Santamaría ha sido en la pregunta sobre la carta que el presidente de la Generalitat envió a Mariano Rajoy antes del verano y que espera respuesta de éste. Su salida será "inminente", informó la número dos del Ejecutivo, "en un plazo de 48 horas". El presidente del Gobierno no dará ninguna sorpresa a Artur Mas en la misiva y se ceñirá al discurso de colaboración y diálogo institucional, además de informarle de que se realizará la revisión del sistema de financión en los cauces establecidos y de acuerdo con todas las Comunidades "porque así lo indica la ley", señaló la vicepresidenta. Es decir, trato diferenciado a Catalunya, ninguno; o al menos, no que pueda ser extraído del discurso oficial.

Santamaría anuncia que Rajoy contestará a Mas en 48 horas

Por otro lado, las declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, han sido esquivadas por Sáenz de Santamaría en las dos veces que fue preguntada por ellas. El jefe de la Diplomacia española, que calificó de "éxito" la manifestación independentista en la Diada, aseguró ayer -contradiciendo el mensaje de la propia vicepresidenta, alejado de aventurar cualquier cambio- que había que "hacer una reflexión sobre la organización territorial que nos dimos en 1977, que no debe abocar a una reforma de la Constitución. Es posible una reforma en el tema de las competencias y la financiación, sin entrar en la modificación del título VIII". Pero la numero dos del Ejecutivo ni ha querido referirse hoy a estas palabras ni ha variado sus respuestas.

Sáenz de Santamaría da la misma contestación a quienes le preguntan por la excesiva rigidez del Gobierno para con los planes refrendistas de la Generalitat que a quienes ponen en cuestión la tibieza de un Ejecutivo que no escucha las voces de aquéllos que le piden mano dura con el independentismo y los sentimientos que desbordan los cauces territoriales marcados en la Constitución Española. Sobre si cabe una fórmula de consulta a los catalanes que pueda ser encajada en el marco legal y constitucional, la vicepresidenta no dejó abierta ninguna puerta, más bien al contrario, al apelar al Tribunal Constitucional para hacer cumplir la ley "con firmeza". Tampoco se plantea el Ejecutivo una reforma territorial o de la Carta Magna, aunque en este caso, responsabiliza también a aquellos partidos que la piden sin una mínima "base" o "principio de acuerdo". Sáenz de Santamaría se retrotrae al Debate sobre el Estado de la Nación para ilustrar que, de las muchas peticiones que los grupos parlamentarios hicieron a Rajoy para que reforme la Constitución, ninguna coincidía e, incluso, "algunas eran contradictorias entre sí".

Comparecencia del ministro del Interior

La vicepresidenta ha informado en la rueda de prensa de que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha solicitado comparecer en el Congreso de los Diputados para informar sobre la investigación del ataque de un grupo de ultraderechistas a la sede de la Delegación de la Generalitat en Madrid el pasado miércoles. Sáenz de Santamaría, que ha anunciado que los protagonistas de este episodio ya están "todos" a disposición judicial, no ha concretado si el Gobierno pretende trabajar en la ilegalización de los grupos fascistas, aunque sí ha garantizado que si en la ley de Partido "se cumplen los requisitos" para hacerlo, se hará.