El estatuto del becario se le resiste al Gobierno y a los agentes sociales. Este martes todas las partes han mantenido una nueva reunión para negociar en base al último borrador remitido por el Ministerio de Trabajo a las principales organizaciones sindicales, CCOO y UGT, y, aunque se han producido algunos avances en las conversaciones, tampoco se ha logrado cerrar un acuerdo en este encuentro.

Tras la última reunión, celebrada en febrero, en Trabajo se mostraban optimistas (con cautelas) con la posibilidad de que la negociación se pudiera resolver en la siguiente mesa. Con esta idea arrancaron las conversaciones este martes por la tarde, pero los de Yolanda Díaz no han obtenido el visto bueno de los sindicatos. Las partes se han emplazado a un nuevo encuentro la próxima semana, que probablemente tendrá lugar el martes 14 de marzo.

La negociación para regular las prácticas de los estudiantes ha sufrido importantes giros desde que arrancó el pasado año. Su inicio (sin la presencia de la patronal, que no quiso sentarse en esta mesa en un principio) fue ágil y durante el verano en el Ministerio de Trabajo se apuntó a que se podría cerrar un acuerdo en septiembre. Esto no fue así, pero la negociación sólo se demoró hasta octubre, cuando los sindicatos dieron su visto bueno (previa ratificación de sus ejecutivas) a un documento que, entre otros elementos, recogía la eliminación de las denominadas prácticas extracurriculares (las que no forman parte de los planes de estudio y que se llevan a cabo de manera voluntaria).

Estas prácticas suponen el mayor escenario del fraude de los conocidos como falsos becarios, estudiantes en formación que, de facto, realizan la labor propia de un trabajador asalariado sin percibir sus prestaciones y sin estar amparados por sus derechos. El acuerdo parecía inminente pero Trabajo decidió tratar de convencer a la patronal para que se sentara en la mesa y formara parte del mismo, con el objetivo de dotarlo de mayor consenso y garantías.

Tras la entrada de la patronal en la conversación (y también de las posiciones de los rectores universitarios y de otros ministerios del Gobierno de coalición), el Departamento de Díaz modificó varias veces la propuesta que habían validado CCOO y UGT. Primero optó por ampliar a tres años el periodo transitorio o de adaptación para la supresión de las prácticas extracurriculares (es decir, esta modalidad existiría durante tres años más hasta su desaparición definitiva).

Después, se presentó una nueva propuesta que descartaba la eliminación de las prácticas extracurriculares, que seguirían existiendo pero con limitaciones para tratar de evitar el fraude. En los borradores que se trabajaron en las reuniones de enero y febrero se planteó limitar estas prácticas a un máximo de 36 créditos por curso académico, es decir, 900 horas anuales, la mitad de una jornada laboral. Los sindicatos no la aceptaron y Trabajo planteó una nueva limitación a 480 horas, la propuesta que se habría llevado a esta última reunión, que tampoco ha logrado el consenso.

Los sindicatos piden límites claros entre formación y trabajo

Desde los sindicatos se traslada que el objetivo principal es evitar el fraude de los denominados falsos becarios, algo que, a su juicio, solo es posible si se diferencia de manera clara entre formación para acceder a un empleo (formación en el trabajo) y formación en el marco de los estudios. En el primer caso, se recurriría a los contratos formativos diseñados en la reforma laboral, mientras que la actividad formativa de los estudios estaría amparada por el denominado estatuto del becario; de esta manera, se establecería una frontera clara entre trabajadores en formación y estudiantes en prácticas, y se acotaría el margen para cometer fraude.

Las organizaciones sindicales trasladan que en la reunión de este martes se han producido avances para eliminar el fraude de los falsos becarios, no solo en las prácticas curriculares y extracurriculares de las universidades, sino también en la formación profesional (FP) y en el SEPE. Sin embargo, a su juicio todavía no hay suficientes límites que garanticen el final de la utilización de los estudiantes en prácticas como trabajadores.

El secretario confederal de Juventud de Comisiones Obreras, Adrià Junyent, advirtió además de la necesidad de que la negociación se desarrolle sin ceder a presiones externas ni de la Conferencia de Rectores Universitarios (CRUE) ni de otros ministerio del Ejecutivo: "Este debate ya es bastante complejo incluso para los agentes sociales", dijo al término de la reunión. El vicesecretario general de política sindical de la UGT, Fernando Luján, ve margen, además, para que se pueda producir un acuerdo que incluya a todas las partes, incluida la patronal.

En todo caso, desde ambos sindicatos se avisa de que para firmar "tenemos que estar seguros de que esta norma va a servir para eliminar el fraude y para que ningún becario esté realizando un trabajo de forma gratuita y sin una cotización".

El estatuto del becario tendría otras medidas para mejorar la calidad de las prácticas y ampliar derechos de los estudiantes, como limitar el número de becarios que puede tener una empresa a un 20% de la plantilla (con el objetivo de que no se puedan cubrir con becarios las tareas de producción que corresponden a la plantilla de trabajadores). Aunque todas las empresas podrán disponer de un mínimo de dos personas en prácticas para garantizar que los pequeños negocios también puedan participar de estos procesos. 

Además, se deberán compensar los gastos que le genere al estudiante la actividad formativa, como los que tienen que ver con el desplazamiento al lugar de trabajo, el alojamiento o la manutención, siempre que no reciba ninguna beca o ayuda destinada a este fin. La persona que curse prácticas en empresas tendrá derecho a vacaciones, se respetarán los límites y descansos, incluidos días festivos, fijados en las normas legales y convenios colectivos que resulten aplicables a las personas trabajadoras que prestan servicios en la empresa.

Los estudiantes podrán interrumpir su formación por enfermedad o accidente que le imposibilite continuar con su labor y la formación no podrá desarrollarse por turnos ni en horario nocturno, salvo que la naturaleza de la actividad que se realiza lo requiera.