La orden en que el Gobierno andaluz, que preside Juan Manuel Moreno Bonilla (PP), se habilita por primera vez para pagar a las empresas sanitarias que tengan conciertos con la Consejería por consultas de Atención Primaria y también por efectuar operaciones y atenciones en hospitales de la red pública se ha tramitado sin tener en cuenta a los sindicatos.

La norma ahonda en la privatización del sistema al permitir gastos que antes, con la normativa anterior, no se podían hacer, aunque el Servicio Andaluz de Salud asegura que no se va a producir tal privatización y que lo que se hace es disponer de "posibilidades de asistencia sanitaria que pudieran llegar a ser concertadas si en algún momento crítico puntual fuera necesario (incluidas todo tipo de consultas, tanto de Atención Primaria como especializada)".

"Tener [esto] previsto en una norma es obligación de toda Administración porque es una señal inequívoca de previsión para cualquier tipo de contingencia, por ejemplo: pandemias, situaciones de catástrofe, etc...", asegura Salud.

"En pleno mes de agosto por casualidad". Así se enteró CCOO de que la orden estaba en marcha. "A nosotros no nos ha llegado", aseguran en UGT. Salud así lo decidió en una resolución en la que se propone como interlocutores a la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y a la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) y también a la Federación Andaluza de Consumidores y Usuarios (FACUA) y la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

"El objetivo de este trámite –razona Salud– es agilizar la tramitación de los contratos con las empresas adjudicatarias y tener referencia para la presupuestación y tarifación teniendo en cuenta las necesidades asistenciales actuales". Por ello señalan a la patronal y a los consumidores como interlocutores: "[Así] estimamos se da audiencia a los interesados cuyos derechos e intereses legítimos pueden considerarse afectados por el decreto proyectado, posibles empresas adjudicatarias".

Proceso de privatización

La resolución añade que el proceso de audiencia pública a la que se ha sometido el proyecto de norma también facilitará su conocimiento por cualquier persona y que "esta pueda aportar las consideraciones que estime oportunas". De hecho, CCOO así lo hizo y presentó alegaciones. En ellas, según José-Pelayo Galindo, de la Federación de Sanidad del sindicato, ya se alertó de que la orden fomentaba la "privatización" del sistema.

También Facua en sus alegaciones mostró "preocupación" por lo mismo: "El hecho de que por parte del Servicio Andaluz de Salud cada vez más se tienda a suplir la atención que debe prestar a los ciudadanos a través de convenios y conciertos con entidades privadas, lo que supone una privatización encubierta de la sanidad pública y una pérdida de calidad en la atención sanitaria pública".

"Mostramos un absoluto rechazo –añade Facua– al aumento que se está produciendo en los convenios y conciertos con empresas privadas para que presten los servicios sanitarios, que son competencias del servicio público de salud, y no se haga inversión ni en personal, ni en medios para que esta asistencia pueda ser realizada por el servicio público de salud, algo que supondría a medio y corto plazo un ahorro para la economía andaluza, además de preservar la calidad y garantías del servicio público de salud".

El Gobierno de Moreno ha incrementado año tras año el presupuesto destinado a conciertos sanitarios, según los datos que recoge la escueta memoria económica de la orden. Así, de 410 millones en 2018, ultimo año de Gobierno del PSOE, se ha pasado en 2021 a 523, una subida del 27%.

En términos relativos, sin embargo, el gasto en conciertos respecto del total del gasto sanitario, debido al aumento del presupuesto global (sobre todo por la pandemia) destinado a Salud, ha aumentado apenas unas décimas, del 4,40% de 2018 al 4,49% de 2021. Esta cifra es de las más bajas del país.