Este artículo se publicó hace 11 años.
El Gobierno aprobará la extradición de un disidente kazajo para mantener sus acuerdos comerciales
Organizaciones como Amnistía Internacional denuncian la detención por motivos políticos de Alexander Pavlov, exguardaespaldas de un conocido opositor al régimen, y aseguran que podría sufrir torturas si cae en manos
Alejandro López de Miguel
El Gobierno previsiblemente aprobará la extradición del ciudadano kazajo Alexander Pavlov el próximo viernes 27. El exjefe de seguridad y hombre de confianza de un conocido empresario disidente en Kazajistán será entregado a las autoridades de su país si la Audiencia Nacional y el Consejo de Ministros así lo deciden, sin que el Gobierno kazajo haya presentado aún pruebas que sustenten los cargos que le atribuyen.
Tras verse obligado a abandonar su país en 2009, Pavlov recibió el estatus de refugiado político en Reino Unido, pero fue detenido en nuestro país por la Interpol a finales de 2012 en virtud de una orden del Gobierno kazajo, acusado de estafa a un banco-BTA Bank, del que habría obtenido fraudulentamente un crédito de 22,5 millones de dólares- y de organizar atentados terroristas que a día de hoy no se han cometido.
La defensa considera que se trata de un montaje Recluido en el centro Madrid 7 desde entonces, Pavlov ha logrado posponer su extradición en una ocasión, precisamente por la ausencia de pruebas -el Gobierno Kazajo no está obligado a presentarlas ya que en los procesos de extradición no se celebra juicio- pero las autoridades españolas podrían tomar la decisión de entregar al disidente a su país, en el que se han documentado numerosas violaciones de los derechos humanos a presos y enemigos políticos tal y como denuncia Amnistía Internacional (AI).
Esta ONG, la Liga Italiana de los Derechos del Hombre y la Fundación Diálogo Abierto -entre otros grupos- han reivindicado que la detención de Pavlov se debe a su relación con este disidente político, mientras que la defensa del ciudadano kazajo y otras fuentes de la propia AI denuncian que el Gobierno español pretende entregarlo a las autoridades de su país para no dañar sus lucrativas relaciones comerciales con Kazajistán.
Un país que alberga el 3% de las reservas mundiales de petróleo, se encuentra entre los cinco mayores productores de gas del mundo y resulta especialmente atractivo para las empresas del sector de la defensa, las energías renovables o el transporte.
Entre 2012 y 2013 Talgo firmó contratos por valor de 1.482 millones con Kazajistán
Las cifras no dejan lugar a dudas: a finales del mes de junio la empresa española Talgo firmó un contrato para suministrar 21 trenes para servicios de larga distancia a este país por valor de 482 millones de euros. Y eso no es todo, ya que en 2012 esta misma compañía suscribió un contrato de mantenimiento de los trenes de Kazajistán durante 15 años por la friolera de 1.000 millones de euros.
En la misma línea, el ministro de Defensa Kazajistán, Adylbek Dzhaksybekov anunció durante una visita de Pedro Morenés a Astana en el mes de junio su intención de comprar dos aviones militares C295 y otros dos aviones A400M, aprovechando la ocasión para firmar un Memorando de Entendimiento para la cooperación militar y técnica que pretende estrechar los vínculos entre ambos países.
Por otro lado, sólo dos días después de la fecha en la que está programada la extradición el presidente Rajoy realizará un viaje por Kazajistán y Japón. Y esto, teniendo en cuenta que apenas han transcurrido dos semanas desde la visita de una delegación kazaja a nuestro país para conocer el modelo de colaboración público privada (PPP, public-private partnership en su siglas en inglés) en la construcción de infraestructuras en un encuentro organizado por el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX).
Las Jornadas de Partenariado Multilateral celebradas en marzo en las ciudades kazajas de Astana yAlmaty, a las que asistieron 34 empresas nacionales, son otra muestra del enorme interés de España por obtener contratos en el país asiático, en el que ya operan compañías de la talla de Indra.
No se aprecian "fundadas razones" de persecución políticaLa decisión de conceder la extradición de Pavlov -rechazada en abril por la Audiencia Nacional porque Kazajistán no aportó pruebas de los cargos que le imputa- corresponde a la Sección Segunda de la Sala de lo Penal, pero será el Consejo de Ministros quien tenga la última palabra sobre la expulsión del ciudadano kazajo.
"Creemos que el proceso será rápido", asegura a Público María Costa, una de las letradas encargadas de la defensa de Pavlov, que considera difícil predecir la decisión de la Audiencia y asegura que recurrirán al Tribunal Europeo de Derechos Humanos en caso de que el Gobierno decida entregar al exjefe de seguridad.
"Alexander solicitó asilo político en España, no se le concedió y se ha recurrido, por lo que se ha pedido al tribunal que suspenda el proceso de extradición hasta que se resuelva", añade la abogada.
La Audiencia Nacional ahora en la "recíproca confianza entre ambos Estados", en que no se aprecian "fundadas razones" de persecución política y en el hecho de que Kazajistán se haya adherido al Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.
El exjefe de Pavlov Mukhtar Ablyazov también esta acusado de participar en actividades ilegales por las que está siendo investigado, y es un conocido disidente del régimen kazajo- cuya calidad democrática ha sido puesta en duda por varias organizaciones internacionales- gobernado por el presidente Nursultan Nazarbayev durante treinta años.
La Audiencia Nacional lo entregará en base a la "recíproca confianza entre ambos Estados"
La reciente detención en Italia y entrega a Kazajistán de la mujer y la hija de Ablyazov -en una operación originariamente destinada a apresar al empresario- provocó un terremoto político en Roma, que revocó la extradición mes y medio después de ordenarla, cuando las familiares de Ablyazov ya estaban en su país de origen, por lo que el jefe de Gabinete del ministro del Interior se vio obligado a presentar su dimisión
La defensa insiste en que se trata de un montaje, y que su entrega al régimen de Nazarbáyev viola las obligaciones internacionales de España, algo que también reivindican desde AI. La ONG ya había pedido a las personas que forman parte de su red de acciones urgentes -100.000 sólo en España- que escribiesen al Ministro de Justicia y al Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional para frenar la extradición por el riesgo de que pueda sufrir torturas y malos tratos en el país asiático.
"Lo que España debe hacer es respetar la legislación internacional y sus compromisos en esta materia, particularmente el principio de no devolución. El derecho internacional consuetudinario, la legislación internacional, incluso la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes indican que España no puede extraditar a ninguna persona a ningún país donde corra riesgo de sufrir persecución o pueda sufrir serias violaciones de derechos humanos, como es el caso de Pavlov. Por eso pedimos a las autoridades españolas que frenen esta extradición", ha declarado Virginia Álvarez, responsable de Política Interior de Amnistía Internacional -según recoge la propia ONG en su web.
Las condenas a varios activistas por su vinculación con el empresario Mukhtar Ablyazov y sus ideas discrepantes del gobierno kazajo, o los informes de torturas y otros malos tratos a detenidos y presos han sido documentados por AI, pero al parecer no son motivos suficientes para que el Gobierno frene la extradición de Pavlov, que ya ha pasado varios meses entre rejas y ha recibido numerosas cartas de apoyo de parlamentarios europeos claramente favorables a su causa.
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