El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, anunció que el próximo jueves, 7 de octubre, se celebrará un Consejo de Ministros extraordinario para aprobar los Presupuestos Generales del Estado para 2022, tras alcanzare en la mañana de este martes un acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos. El objetivo del Ejecutivo es que estén aprobado por las Cortes antes de final de año.

Bolaños, además, anunció que dichos Presupuestos incorporarán 25.000 millones de euros de los fondos europeos. Además, confirmó que los Presupuestos contemplarán establecer un tipo mínimo del 15% el Impuesto de Sociedades (el gravamen general es del 25%), una demanda de Unidas Podemos en toda la negociación, que pretende garantizar que las grandes empresas no tributan de manera efectiva por debajo de ese porcentaje.

Bolaños también especificó que aunque hay acuerdo sobre la ley de vivienda, otro tema crucial para el acuerdo entre los dos socios de Gobierno, todavía se tardará unas semanas para que este proyecto legislativo llegue a la mesa del Consejo de Ministros.

Bolaños reconoció que la negociación de los Presupuestos y de la ley de vivienda ha sido complicada, pero aseguró que en ningún momento ha peligrado la estabilidad del Gobierno de coalición.

No obstante, el ministro puso en valor la importancia y la apuesta del Gobierno para afrontar el problema de la vivienda, con una ley que aborda el problema de forma integral y pone el foco en conseguir la emancipación de los jóvenes.

Bolaños no quiso adelantar datos concretos de los Presupuestos y dijo que toda la información sobre el contenido de los mismos la dará la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del jueves.

En este sentido, la ministra Portavoz, Isabel Rodríguez, anunció que la inversión total prevista por el Gobierno para afrontar este problema ascenderá a 5.500 millones de euros, para rehabilitación, eficiencia energética y la construcción de 20.000 vivienda de alquiler social.

También destacó la implantación de un bono social de 250 euros mensuales durante los próximos dos años para el alquiler de vivienda, como una medida para buscar la emancipación de los jóvenes, ya que se podrán beneficiar de esta medida todas las personas menores de 35 años.