El Gobierno prevé aprobar este martes la suspensión de los desahucios para los hogares vulnerables sin alternativa habitacional hasta seis meses después de expirar la declaración del estado de alarma, decretado el 15 de marzo para luchar contra la emergencia del coronavirus, y prorrogado posteriormente hasta el 11 de abril.

El Ejecutivo de coalición ha acordado que el Consejo de Ministros ordinario de este martes dé luz verde a esta medida, tal y como ha avanzado El Periódico y ha podido confirmar Público por fuentes de Unidas Podemos en el Gobierno. 

Está previsto que el real decreto ley a este respecto permita que todos los inquilinos que entren "en zona de vulnerabilidad" se acojan a microcréditos -"Sin intereses ni comisiones"-, que podrán devolver en un plazo de seis años, prorrogable otros cuatro. 

Y, para los hogares que "no puedan afrontar el pago de los microcréditos", habrá ayudas directas del Estado "para saldar su deuda con el ICO". Las ayudas podrán llegar hasta un importe máximo de 900 euros al mes, para cubrir "hasta el 100% del principal e intereses del préstamo suscrito", y de 200 euros mensuales para hacer frente al pago de la comunidad, mantenimiento y hasta el 100% de los suministros básicos.

Podrán acogerse a estos microcréditos todas las personas en paro, las afectadas por ERTEs o reducciones de jornada, así como los autónomos que no superen el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), "incrementado por hijos y dependientes a cargo". 

De hecho, las fuentes citadas presumen de que el concepto para acceder a estos préstamos será menos restrictivo que el utilizado para definir un "hogar vulnerable", necesario para reclamar la moratoria de hipoteca durante la crisis del Covid-19. 

A este respecto, Unidas Podemos abogaba por una suspensión directa del pago de alquileres para los más vulnerables, mientras que el sector del Ejecutivo representado por la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, rechazaba esta medida. Finalmente, no habrá  moratoria o suspensión del pago de los alquileres como tal, al menos de momento.

También se ha acordado que el decreto imponga la "prórroga extaordinaria" de seis meses para todos los contratos de arrendamiento de vivienda habitual, contando con los que no están catalogados entre los más vulnerables.

Distinción entre pequeños caseros y grandes tenedores

Por otra parte, el Ejecutivo prevé distinguir entre los pequeños caseros y los grandes tenedores de vivienda. En el caso de los grandes tenedores de vivienda, los inquilinos se beneficiarán "o bien de una quita de la deuda del 50%, o de una "reestructuración" de dicha deuda en un plazo de entre 2 y 3 años, aún por cerrar.

El importe de esa quita correrá a cuenta de los grandes tenedores de vivienda. "Siempre podrán acogerse a las líneas de crédito del Instituto de Crédito Oficial (ICO)", recuerdan las citadas fuentes. 

A su vez, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, José Luís Ábalos, ha negado este lunes que esté previsto permitir condonaciones de pagos en el marco de esta norma. En una comparecencia desde el palacio de La Moncloa, Ábalos ha pedido esperar al martes para conocer los detalles del real decreto ley.

Satisfacción de Unidas Podemos

Por otro lado, desde la formación de Pablo Iglesias muestran su "satisfacción" con las medidas comprometidas, y afirman que han logrado mejorar "la propuesta inicial, en clave de mayor justicia social". Destacan la diferencia entre los pequeños y los grandes tenedores de vivienda, que asumirán "parte del impacto de la medida", o la "muy amplia definición" de los supuestos de vulnerabilidad. 

Celebran también la prohibición de desahucios por impago de alquiler, y que el decreto contemple que el Estado vaya a hacerse cargo de los inquilinos que "no puedan hacer frente a la devolución de las ayudas para el pago del alquiler". "En la práctica derivará en una exención del pago para miles de hogares", sostienen.