El Gobierno da luz verde a la norma que legisla contra la difusión sin consentimiento de los 'deepfakes'
El texto, en tramitación parlamentaria, considera ilegítimo el uso y difusión de imágenes o voces manipuladas sin autorización a través de la IA, y establece una nueva regulación para los 'true crimes'.
Madrid--Actualizado a
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el proyecto de ley que considera ilegítimo el uso y difusión de imágenes o voces manipuladas sin consentimiento a través de la inteligencia artificial (IA), las conocidas como deepfakes, y que regula también los true crimes. El Gobierno da así luz verde a un texto impulsado por los ministerios de Justicia y Juventud e Infancia.
Así lo ha indicado el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros. El texto sustituye a la ley vigente, que data de 1982, y es una norma prevista en Plan de Acción por la Democracia.
El ministro de la Presidencia ha afirmado que con esta ley se pretende "devolver el poder sobre su propia imagen a las personas y a los ciudadanos, y quitarles parte de ese poder a los grandes oligarcas tecnológicos".
La nueva norma considera ilegítimo el uso sin autorización de la imagen o la voz de una persona que haya sido creada, simulada o manipulada con IA o tecnologías similares, además de establecer que compartir imágenes personales en una red social no supone que terceros puedan usarlas en otras redes o canales de difusión.
Estipula en 16 años la edad en la que los menores pueden prestar su consentimiento para facilitar su propia imagen. Este límite se sitúa en línea con el proyecto de ley de protección a los menores en el entorno digital y también regula el consentimiento de las personas con discapacidad.
El Ministerio Fiscal será parte de todos los procedimientos que tengan que ver con menores en los procesos de protección del derecho al honor, derecho a la intimidad personal o familiar y a la propia imagen, según ha precisado Bolaños.
En relación con las personas fallecidas, a través de su testamento, la persona podrá dejar constancia de la prohibición de utilizar su imagen o su voz con fines publicitarios, comerciales o análogos. Se regula que se ha de designar una persona para que pueda autorizar esos usos una vez que se haya producido el fallecimiento del testador.
"Pretendemos dar respuesta a una realidad que cada vez está más presente en nuestra sociedad, que es que la tecnología permite recrear imágenes, voces con un grado de realismo tal que es indistinguible de la realidad", ha declarado el ministro.
No obstante, se protege la libertad de expresión y la libertad creativa. Así, en el caso de personas de proyección pública, en un contexto creativo, satírico o de ficción, se puede utilizar inteligencia artificial. "Se mantiene un equilibrio razonable en materia de libertad de expresión y libertad creativa", ha declarado, para después añadir que se podrá utilizar en contextos creativos, satíricos, de ficción.
Asimismo, se podrá usar este tipo de imágenes sin que sea necesario hacer expresa mención a que se está utilizando una tecnología como la inteligencia artificial, "cuando el contexto sea claramente satírico, claramente recreativo, claramente de ficción".
Se incluye también una nueva regulación para los denominados true crimes con el objetivo de dar mayor protección a las víctimas de estos delitos, de tal manera que se considera injerencia en el derecho a la protección del honor siempre que el victimario obtenga algún tipo de rendimiento económico o proyección personal con ese true crime.
Indeminizaciones
Por otro lado, se regulan los criterios para ponderar las indemnizaciones: "la vulneración de uno o más derechos fundamentales de la persona afectada; la gravedad de las expresiones; los actos propios; el prestigio de los medios donde se hayan difundido -obviamente no es lo mismo un medio que pseudomedios-; o la prolongación de esa intromisión ilegítima en el tiempo".
También se prohíben las indemnizaciones simbólicas y se contempla como posibilidad que se pueda publicar en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la identidad del condenado, el derecho fundamental vulnerado y el importe de la indemnización por la intromisión, siempre que se solicite.
"Ponemos freno a algunas prácticas que son relativamente frecuentes donde hay oligarcas, hay depredadores de lo digital en redes, que se apropian indebidamente de derechos de las personas y nosotros estamos con la ciudadanía para proteger y defender sus derechos", ha declarado Bolaños.
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