El Gobierno de Aragón propone equiparar a los aprendices de torero con deportistas de elite

"Los alumnos de las escuelas taurinas podrán ser reconocidos, como deportistas de alto rendimiento al amparo de lo establecido en la normativa vigente", establece en su artículo cuarto el proyecto de decreto que está tramitando el Gobierno de Aragón para modificar los reglamentos que regulan el funcionamiento de esos centros y de las plazas de toros portátiles, así como la celebración de festejos, tanto populares como "oficiales".

El artículo explica que esa medida tendría como objetivo "favorecer la compatibilidad con la enseñanza secundaria y superior" de los alumnos de esas escuelas taurinas, las cuales seguirán teniendo como requisito para poder operar la obligación de garantizar "de forma efectiva" la "compatibilidad de la actividad de aprendizaje taurino con la educación obligatoria de todos y cada uno de su alumnado en edad escolar", tal y como señala la normativa vigente, de 2003. 

El reconocimiento como deportista de alto rendimiento conlleva para los que participan en aulas o programas de tecnificación una serie de medidas para facilitar "la compatibilización del entrenamiento deportivo con el adecuado desarrollo de los estudios", que es la parte del modelo que el Gobierno pretende aplicar a los aprendices de torero.

No obstante, esa medida requiere algunas modificaciones legislativas, ya que para acceder al reconocimiento como deportista de alto rendimiento es necesario disponer de la condición de "deportista de alto nivel" que concede el CSD (Consejo Superior de Deportes), alcanzar en las competiciones determinadas marcas que establece la Consejería de Educación o figurar en "las relaciones oficiales de clasificación aprobadas por las federaciones deportivas españolas o internacionales", requisitos en los que no parece que acaben de encajar la prácticas taurinas.

La normativa permite acceder a la calificación de deportista de elite antes de los 16 años (los alumnos pueden entrar a los 12 en las escuelas taurinas) aunque como vía para acceder únicamente a las ventajas "para la conciliación de estudios con la práctica deportiva" y solo "mientras participen en los programas de tecnificación deportiva", durante la cual "tendrán la consideración de deportistas en fase de tecnificación cualificada".

La iniciativa, según sostiene la memoria del decreto pretende "poner énfasis en la formación integral de los futuros profesionales, como vector de transmisión, pervivencia y conservación de la fiesta de los toros", ya que aquella quedaría condicionada "a que el aprendizaje taurino no suponga detrimento alguno de su educación básica obligatoria".

La propuesta ha encontrado la oposición de uno de los socios del cuatripartito  que preside Javier Lambán, en este caso Podemos, que ha presentado una batería de alegaciones contra el texto que hasta hace unos días permanecía en exposición pública.

"No existe amparo legislativo alguno, ni nacional ni autonómico, que permita calificar a los alumnos de las escuelas taurinas ni a las personas que desarrollan la actividad de la tauromaquia como deportistas", sostienen los morados, que reclaman su eliminación del proyecto al tiempo que advierten de que esa calificación como deportistas de elite para los aprendices de torero "podría ser contraria a la normativa actualmente en vigor en relación con el deporte de alto rendimiento".

El sector languidece en Aragón como en el resto del país

La memoria señala como uno de los objetivos del decreto "mejorar la formación, protección y seguridad del alumnado de las escuelas taurinas", a las que se refiere como "vector de transmisión del conocimiento taurino entre generaciones y cantera de futuros profesionales", mediante la compatibilización de su enseñanza obligatoria "con su formación teórica y práctica taurina" mediante "la celebración de las clases prácticas con reses de lidia, modificando las condiciones y requisitos de celebración de las clases prácticas con reses".

Sin embargo, esa actividad formativa presenta una baja intensidad, como ocurre en general con el mundo taurino, que languidece mientras los ayuntamientos buscan nuevos usos para las plazas y el sector se sitúa en el punto de mira de la Inspección de Trabajo tras detectarse fraudes en el ámbito laboral.

En Aragón se mantienen activas tres de las 31 escuelas taurinas de España, una en cada una de sus tres provincias, que el año pasado celebraron un total de trece clases prácticas con reses, cuatro en Huesca, otras tantas en Teruel y cinco en Zaragoza.

Los festejos populares se dispararon hasta 2.656 y los de plaza fueron 60, cifras que en primer caso duplican con creces los 1.079 que recoge para 2019 el Anuario Estadístico del Ministerio de Cultura, en un fenómeno al que para nada resulta ajeno el final de la contención de los presupuestos festivos que ayuntamientos de todo tamaño mantuvieron durante los dos primeros años de la pandemia, mientras el avance de los segundos se reducía a seis eventos más que en el último ejercicio de referencia.

No deja de ser un tercer año anómalo, en este caso por exceso tras dos de defecto, en una clara tendencia general a la disminución sostenida de los festejos populares y acelerada en los "de plaza" que reflejan las cifras oficiales.

Sueltas de becerras para menores de 16 y de 14 años

Este decreto será, si finalmente lo es, uno de los últimos que vaya a aprobar en esta legislatura el Gobierno de Javier Lambán, que entrará en fase de interinidad, como el resto de los de las comunidades que celebran elecciones en mayo, a partir de la convocatoria formal de las elecciones a primeros de abril.

La intención es sacarlo adelante, aunque antes deberán solventarse esas diferencias en dos foros: el propio Gobierno y la Comisión de Asuntos Taurinos, un órgano consultivo en el que están representados los agentes del sector, es decir, desde veterinarios a toreros y ganaderos pasando por empresarios, pero no tienen voz los grupos críticos con su existencia, como los animalistas y los ecologistas, ni tampoco el ámbito educativo, cuyo posicionamiento resulta clave en este aspecto.

"Se acaba de cerrar el plazo para presentar alegaciones y se están estudiando. Cuando se hayan analizado se llevarán las conclusiones a la Comisión de Asuntos Taurinos y se incorporará lo que se considere razonable", explicaron fuentes de la Consejería de Presidencia, que destacaron el elevado número de encuentros previo al lanzamiento del texto que ha permanecido en exposición pública.

Las alegaciones de Podemos hacen referencia a varios aspectos más de la propuesta que consideran que deberían ser retirados o, en su caso, modificados.

Uno de ellos es la posibilidad de que niños de 14 a 16 años participen en sueltas de "exclusivamente reses de ganado de lidia de hasta dos años" y "previo consentimiento expreso de sus padres"; de que otros de menor edad puedan hacerlo en otras de "becerras de menos de un año" siempre que estén "acompañados de sus padres", en ambos casos sin la intervención de personas de mayor edad, y, también, de que los alumnos de las escuelas taurinas de hasta 16 años puedan "lidiar novillos que no hayan cumplido los tres años".

“Los efectos nocivos para los niños”

Podemos recuerda en este punto cómo la ONU recomienda "para prevenir los efectos nocivos para los niños del espectáculo de los toros" que los Estados que han suscrito la Convención de Derechos del Niño, y España es uno de ellos, "prohíba la participación" de "menores de 18 años como toreros y como público en espectáculos de tauromaquia".

"De aprobarse el decreto en los términos señalados", señalan, se abre la puerta a festejos y lidias con "novillos de hasta 460 kilos, con el riesgo físico que puede suponer para los menores", mientras que "en los encierros o espectáculos populares", en los que llegan a alcanzar los 800, "podrían participar menores a partir de 16 años sin limitación alguna".

En este sentido, la alegación de los morados recuerda cómo "son recurrentes los casos de accidentes" en este tipo de actos, en ocasiones con "víctimas mortales de niños y adolescentes debido al carácter violento de los mismos".

Las alegaciones llaman la atención sobre el hecho de que el proyecto de decreto no aclara cómo deberían comunicarse los consentimientos paternos para participar en las lidias, algo que "no otorga la suficiente seguridad jurídica en una materia tan sensible como es la protección del menor".

"Debe haber un consentimiento paterno, o de quien ostente la autoridad familiar, que sea expreso. No va a ser suficiente con que el menor diga que le han dado permiso", explican fuentes de Presidencia, que insisten en que el planteamiento de los festejos para menores "se hace con todas las garantías de seguridad, tanto para los muchachos como para los animales".

Por último, la formación morada considera que el decreto abre la puerta a que actividades como los toros ensogados, los de ronda o los embolados puedan extenderse a municipios en los que "no ha existido arraigo alguno", califica de "completamente insuficientes" las coberturas de seguro de responsabilidad civil que el proyecto de norma impone a los organizadores de festejos taurinos y critica "la no inclusión de previsión alguna en relación a medidas que permitan garantizar la protección y derechos de los animales y su bienestar", por lo que pide su retirada.