El Gobierno ya tiene garantizados los apoyos suficientes para sacar adelante el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 después de alcanzar un acuerdo con ERC. El portavoz del grupo republicano, Gabriel Rufián, ha explicado en rueda de prensa el pacto de mínimos alcanzado en lo relativo a las cuotas e incentivos que se fijarán en el marco de la futura ley de audiovisual, entre otros acuerdos que afectan a otras materias.

Los 13 diputados de la formación republicana se suman al sí confirmado por EH Bildu (5), PDeCAT (4), Más País (2), Compromís (1), PRC (1), Nueva Canarias (1) y Teruel Existe (1), que junto a las formaciones del Gobierno, PSOE (120) y Unidas Podemos (34, ya que el escaño de Alberto Rodríguez aún no ha sido ocupado), alcanzan los 182 diputados, una holgada mayoría a la que previsiblemente se sumarán los cinco parlamentarios de PNV (no ha confirmado el apoyo total a las cuentas porque "aún queda un trámite largo en el Senado".

Respecto a las negociaciones presupuestarias entre el Gobierno y ERC, Rufián ha detallado que "una cuota del 6% del contenido audiovisual mundial ofertado en las plataformas" será en lenguas cooficiales. En otras palabras, de toda la oferta europea disponible (el 30% del catálogo de las plataformas), un 20% de las producciones serán en catalán, euskera o gallego. 

Sobre los incentivos, el portavoz de ERC ha explicado que se ha acordado un impuesto del 5% para la producción audiovisual. "El 10% de todo esto irá al Instituto de Cinematografía de Artes Audiovisuales y todo ellos será íntegro para las lenguas cooficiales, es decir, el 10% de este impuesto será para intentar fomentar la producción audiovisual en lenguas cooficiales", ha añadido.

Rufián ha señalado también que ha pactado con el Gobierno eliminar la partida consignada para las reformas de mejora de las instalaciones de la Jefatura de Via Laietana. "Como centro de tortura que fue, debe convertirse en un museo de la memoria", ha valorado. Si bien, no ha prosperado la enmienda registrada conjuntamente con EH Bildu para que dicho espacio pase a ser en un lugar destinado a la memoria.

Por otro lado, otro acuerdo anunciado pasa por equiparar las condiciones de jubilación de los agentes del Cuerpo de Mossos d'Esquadra a los de Policía Nacional y de la Ertzaintza, a partir de los 60 años, o 59 años si se acreditan al menos 35 años de actividad efectiva y cotización en el cuerpo. 

En materia de pensiones, Rufián ha hecho alusión a las enmiendas que los republicanos y EH Bildu lograron introducir en la primera pata de la reforma de las pensiones, cuyo texto fue aprobado este lunes como paso previo a su votación definitiva en el Pleno de la próxima semana, como es el mandato al Gobierno a realizar una auditoría sobre las cuentas de la Seguridad Social y un complemento a la pensión para carreras de cotización de 40 años que no alcancen 900 euros, entre otras medidas.

Por su parte, la portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpura, que este lunes compareció desde Donostia junto a Arnaldo Otegi para confirmar el sí de su formación a los Presupuestos, ha puesto en valor este martes el acuerdo alcanzado con el Gobierno para hacer permanentes las medidas del escudo social, así como la dotación de 25 millones de euros para el fondo de compensación para las víctimas del amianto.

"Hemos demostrado responsabilidad y altura de miras", ha celebrado en referencia a la izquierda independentista vasca y catalana, por lo que pide al Gobierno que "demuestre lo mismo". "El soberanismo de izquierdas es determinante, somos la garantía de las políticas de izquierdas y para hacer frente a las políticas de la derecha. Pedimos al gobierno que aproveche esta fuerza para que mejore la vida de la gente", ha aseverado en la rueda de prensa conjunta con ERC.

Minutos antes, el portavoz del PDeCAT, Ferran Bel, también había anunciado el voto favorable de los cuatro diputados catalanes al proyecto presupuestario tras lograr pactar con el Gobierno más de 40 enmiendas, entre las cuales destaca la apertura de los fondos europeos a entidades sin ánimo de lucro que presten servicios sociosanitarios y que no sean de titularidad público. "No somos imprescindibles, pero nuestro apoyo es significativo para el Gobierno", ha remachado Bel.