El Congreso de los Diputados y el Senado mantienen cerradas sus puertas a la actividad parlamentaria durante casi dos meses – desde el pasado jueves día 18 hasta mediados del próximo mes de febrero -. Es una constante en la práctica de ambas cámaras marcada por el mandato constitucional que recoge que los periodos de sesiones se celebrarán entre los meses de septiembre y diciembre y entre febrero y junio.

Pero lo cierto es que en estos momentos existe un verdadero “atasco” de material legislativo en tramitación entre ambas cámaras, la gran mayoría generado por iniciativa del Gobierno del PP que preside Mariano Rajoy. La oposición apenas mantiene vivas tres iniciativas, todas ellas proposiciones de ley –sobre el tribunal Constitucional y la ley electoral (LOREG) que duermen el sueño de los justos desde hace varios meses por decisión de la mayoría absoluta del grupo popular.

El grueso del material legislativo que se encuentra en tramitación lo conforman un total de 26 proyectos de ley presentados por el Ejecutivo. Alguno de ellos, como la reforma del Código Penal, tiene más de un año de “vida” en la institución parlamentaria y su tramitación ha sido desbloqueada recientemente con la llegada del nuevo ministro de Justicia, Rafael Catalá.

Otros, como el proyecto para la deindexación de la economía española llevan desde el pasado mes de febrero; o las iniciativas “estrella” de Rajoy contra la corrupción – reforma de la financiación de .los partidos políticos o el estatuto del alto cargo – entraron el Congreso de los Diputados en el mes de marzo pasado, es decir han estado casi dos periodos de sesiones “aparados” y solo en las últimas semanas se han desbloqueado. Eso sí, fue el propio presidente Rajoy quien defendió el inicio de su tramitación.

Otra docena de proyectos legislativos del Ejecutivo llevan entre cuatro y seis meses en plazos de “enmiendas”. Este trámite parlamentario tiene la peculiaridad de que, en función de los intereses políticos del momento, puede estirarse en el tiempo cuanto convenga, fundamentalmente al Gobierno o al grupo mayoritario. Es el recurso para “adormecer” una iniciativa legislativa el tiempo que se considere oportuno. Ese ha sido el caso de la reforma del Código Penal.

Más de una docena de proyecto de ley del Gobierno se encuentra en este trámite, fundamentalmente para recibir enmiendas a sus respectivos articulados. Otros, como el proyecto de ley de Patentes, están a la espera de recibir enmiendas a la totalidad, esto es un paso todavía más atrás en la tramitación.

El “atasco” comprende iniciativas legislativas desde la concesión de la nacionalidad española a los descendientes de los serfardíes hasta la ley de la Carrera Militar, pasando por el nuevo Código Penal Militar, el estatuto del Personal de la Policía nacional, el Patrimonio Cultural Inmaterial, el de Protección Civil, la de Jurisdicción Voluntaria, o la regulación de las Denominaciones de Origen supraterritoriales, entre otras. Hasta 26.

En el Senado, cámara que “recibe” las iniciativas legislativas que previamente han sido tramitadas por el Congreso, mantiene en estos momentos dos proyectos de ley en tramitación, los dos en

periodo de enmiendas a la totalidad – en esta cámara se llaman de veto -: el proyecto de ley de Seguridad Ciudadana y el de Regulación de la Biblioteca Nacional.

Evidentemente, la Cámara alta debe recibir el resto de iniciativas que tiene pendiente de tramitar el Congreso de los Diputados. Y una vez haya culminado su trabajo, siempre que el texto legal
sometido a debate hubiera sufrido alguna modificación, por mínima que sea, la iniciativa debe regresar a la Cámara baja para su aprobación definitiva. Si no hay cambios va directamente al Boletín Oficial del Estado (BOE), cosa que no suele ocurrir habitualmente.

Por si esto fuera poco entre ambas cámaras acumulan nueve convenios internacionales que deben seguir unos trámites similares a los de una ley para ser sancionados y que el Gobierno pueda ratificarlos ante el organismo correspondiente.

Pero ahí no queda todo. El Gobierno que preside Rajoy, enfrascado en su tarea reformista por encima de cualquier otra premisa, tiene previsto enviar a la institución parlamentaria no menos media docena de proyectos legislativos adicionales en el primer trimestre del año. El pasado viernes 12 de diciembre el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley de Hidrocarburos que no había sido remitido la víspera de Navidad al Congreso de los Diputados.

Sin embargo, para digerir el “atasco” actual y las “prisas” en remitir nuevos textos de última hora que tiene todo Gobierno en la recta final de su mandato al actual parlamento no le quedan muchas jornadas de actividad. El próximo periodo de sesiones en el Congreso de los Diputados tiene programadas 14 sesiones plenarias entre febrero y junio – tres al mes, menos en mayo en que solo habrá dos semanas por la celebración de las elecciones municipales y autonómicas -.

En el Senado el calendario de plenos es todavía más reducido en el mismo lazo de tiempo: 10, es decir dos al mes –la segunda y la cuarta semana -. Esta programación constriñe aún más el trabajo legislativo que se encuentra en tramitación y el que pueda llegar.

Y esto será así porque este viernes el propio presidente Rajoy ha reconocido que no piensa adelantar las elecciones pero que tampoco ha pensado en forzar más allá de los plazos que marca la actual legislación electoral el mandato de esta legislatura. De sus palabras se deduce que tanto diputados como senadores no volverán a sus escaños después de finalizaren el próximo periodo de sesiones. Como mucho, un pleno extraordinario en julio y, apurando mucho, unas dos semanas en septiembre para, sencillamente, decirse adiós.