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El Gobierno baraja aplazar la subida de las pensiones hasta después de la investidura

El Ejecutivo en funciones mantiene su compromiso de aplicar la revalorización con efectos desde el 1 de enero de 2020, pero el complicado calendario parlamentario hace muy difícil la aprobación de un decreto antes de que acabe el año.

Manifestación en Madrid para reclamar unas pensiones dignas / EFE

La revalorización de las pensiones podría tener que esperar hasta la conformación de un Gobierno. El Ejecutivo en funciones baraja la idea de aplazar esta reforma hasta después de una eventual investidura, dado el complicado calendario parlamentario para llevar a cabo una subida de las pensiones antes de final de año, y también porque existen dudas jurídicas al respecto.

La subida por encima del 0,25%, que es lo que se estipula en la ley actual, fue una de las promesas clave de Sánchez durante la campaña electoral de las elecciones de noviembre. Sin embargo, el Gobierno en funciones ve ahora más complicado que esto se vaya a producir antes de 2020, como anunció entonces el líder socialista.

El PSOE manejaba algunos pronósticos sobre los comicios que situaban a la formación por encima de los 130 escaños, una situación en la que sería más fácil, y rápido, articular una mayoría suficiente para sacar adelante una investidura. Sin embargo, a poco más de 20 días de que finalice el año, los socialistas se encuentran inmersos en un proceso de negociaciones que podría extenderse hasta el propio mes de enero.

Desde el Ejecutivo en funciones aseguran que siguen manteniendo su compromiso de revalorizar las pensiones por encima del 0,25%, pero son conscientes de que podrían incumplir el plazo que se propusieron en campaña electoral. De hecho, en las últimas previsiones semestrales enviadas a Bruselas, el Gobierno incluyó una revalorización del 0,9%, cifra basada en la estimación que se hacía del IPC en ese momento.

Los motivos fundamentales por los que Sánchez estudia aplazar la subida de las pensiones son básicamente dos: los ritmos de la investidura y las dudas jurídicas que suscita. No ha sido hasta este jueves cuando el rey ha finalizado la ronda de consultas con los partidos políticos, proponiendo al secretario general del PSOE como candidato a la investidura que ni siquiera tiene fecha.

El líder del Ejecutivo ha anunciado que la semana que viene se reunirá con todos los grupos parlamentarios del Congreso y con los presidentes de las Comunidades Autónomas, por lo que es prácticamente imposible que la primera sesión de investidura tenga lugar entre los días 16 y 22. En un principio, desde el PSOE se habían propuesto celebrar la sesión plenaria antes de Navidad, pero más tarde se rebajaron las expectativas y se comenzó a hablar de una investidura antes de final de año.

Las limitaciones del Gobierno en funciones

Tampoco esta opción se ha visto reforzada, sobre todo después de que ERC haya advertido de que no tendrá "prisa" para tomar una decisión sobre la investidura. La formación catalana celebra un congreso el día 21 y sus dirigentes no quieren que el cónclave se vea condicionado por una decisión definitiva en la Cámara Baja (sea a favor de facilitar un Gobierno, o en contra).

La siguiente semana está marcada por los festivos navideños y, pese a que el Ejecutivo se lo plantea, sería muy complicado celebrar una sesión plenaria en este plazo. Eso sin contar con que deberían convencer a los diputados de ERC en un tiempo récord.

Las dudas jurídicas tienen que ver con la situación del Ejecutivo actual. La ley del Gobierno estipula que un Ejecutivo en funciones solo podrá dedicarse al despacho de los asuntos ordinarios, y no podrá llevar a cabo políticas que condicionen al Gobierno entrante.

Si Sánchez decide subir las pensiones por decreto, como ya anunció la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, los socialistas tendrán que ser muy cautelosos y meticulosos a la hora de justificar la "extraordinaria y urgente necesidad" que precisa la norma. En este sentido, fuentes del Gobierno aseguran que ya se ha consultado a la Abogacía del Estado sobre la viabilidad de la reforma.

Incluso de este modo, algún partido de la oposición podría acabar llevando la reforma a los tribunales, que podrían fallar en contra si consideran que la revalorización condiciona la política económica del Ejecutivo entrante. Desde Trabajo insisten en que su compromiso con los jubilados sigue firme y apuntan a una subida el próximo año, pero con efectos retroactivos desde el 1 de enero.