Si bien en otras materias las diferencias entre el PSOE y Unidas Podemos no son tan abruptas, en lo que toca a la gestión de las migraciones la distancia entre ambas formaciones es abismal, como ya se ha puesto de manifiesto puntualmente en estos meses de legislatura, aunque ahora se atisba que la tormenta no ha hecho más que empezar y que se avecina una nueva disputa en el Gobierno. 

Unidas Podemos tiene muy claras sus posiciones y plantea regularizar a todos los migrantes que se encuentran en situación irregular en España, pero el propio Pedro Sánchez decidió ponerse el miércoles de perfil al ser preguntado por la propuesta de su socio de Gobierno. 

El presidente del Gobierno primero dijo que “no sabía muy bien” qué era lo de la “regulación completa”, y luego se limitó a recordar Sánchez que “ha habido colectivos vinculados con el sector agroalimentario, que hemos específicamente regularizado su situación para que precisamente salgan de esa situación de anormalidad y de economía sumergida y puedan trabajar", afirmó.

Y Sánchez, según fuentes consultadas, no va a salir de este posiconamiento Es decir, podría darse alguna regularización sectorial y muy concreta de migrantes, pero está descartada la regularización de todos los que estén actualmente en España, como pide el partido morado.

El Gobierno ve muchas problemas en esta "regulación completa" tanto por las crisis sanitaria como por la crisis económica por la que pasa el país, y quiere zanjar este debate ante el temor de que la oposición lo vuelva a utilizar para hablar del "efecto llamada", pese a que está más que demostrado que dicho "efecto llamada" no existe.

Las declaraciones de Sánchez se produjeron sólo horas antes que el grupo parlamentario confederal presentara en el Congreso de los Diputados su propuesta para regularizar de forma extraordinaria a todos los migrantes que estaban en suelo español cuando se declaró el estado de alarma y que lo soliciten, incluyendo a los solicitantes de asilo.

También hay razones económicas

El portavoz de la formación, Pablo Echenique, reconoció que era muy difícil cuantificar el total de potenciales beneficiarios por esta regularización, pero añadió que, más allá de las razones sociales, del reconocimiento del trabajo de quienes desempeñaron tareas esenciales, los "héroes" de esta pandemia, la decisión se apoya también en razones económicas.

De hecho, una reciente investigación de la Universidad Carlos III estima que el paso de una persona de situación irregular a regular puede repercutir en un aumento de alrededor de 3.000 euros en los ingresos anuales del Estado. "De acuerdo con esta estimación, la medida aquí propuesta podría suponer un aumento total de ingresos para las arcas públicas de hasta 1.500 millones de euros anuales", reza la propuesta remitida por Unidas Podemos al resto de grupos.A su entender, estos 1.500 millones de euros resultarían vitales, en un momento en el que el Ejecutivo tiene claro que debe lograr una mayor recaudación para costear las políticas sociales que se necesitan.

A falta de que se concreten los apoyos concretos a esta iniciativa, hace un par de semanas un grupo de ONGs redactó una proposición no de ley (PNL) en esta dirección. Además de contar con Unidas Podemos, recibió el apoyo de ERC; EH Bildu; la CUP y el grupo parlamentario plural (Junts per Catalunya, Más País Compromís, y BNG). Sin el apoyo del PSOE, vistas las posiciones de la derecha y la ultraderecha sobre esta materia, cualquier propuesta acabará en vía muerta, dado el reparto de fuerzas en el arco parlamentario. Y los socialistas no se plantean apoyar esta propuesta.

Con todo, en Unidas Podemos seguirán dando la batalla por convencer a sus socios, como ya ocurre con medidas como el impuesto a las grandes fortunas. Y, de momento, no están dispuestos a tirar la toalla.