Una campaña "en positivo". Eso es lo que ha prometido el PP de cara a las próximas elecciones del 21 de diciembre. Sin embargo, el Gobierno ha emprendido ya la táctica de la política del miedo: si ganan otra vez las formaciones independentistas, no habrá crecimiento económico ni recuperación del paro, vienen a decir.

Así se deduce de las intervenciones públicas de los miembros del Ejecutivo en esta última semana. Fue el propio Mariano Rajoy el primero en marcar la línea argumental. "Si empieza la normalidad, la previsión de crecimiento pasará de un 2,3 a entre un 2,8 o un 3%", auguró el martes en una entrevista en la Cadena Cope. En su conversación con Carlos Herrera, además, el presidente del Gobierno pidió a todos los españoles que no boicoteen los productos catalanes ("si no, los empresarios catalanes sufren dos veces", argumentó) y deseó que vuelvan todas las empresas que, gracias a un decreto de Moncloa, cambiaron su sede social y fiscal y salieron de Catalunya en cuestión de horas.

Al día siguiente fue el titular de Economía quien siguió arremetiendo contra los males que la "crisis" catalana había provocado en el sector. "Si el tema de Catalunya no estuviera encima de la mesa, la prima de riesgo española estaría más baja: en vez de en 115 puntos básicos, estaría en el entorno de los 85 o 90 puntos", aseguró. Y fue incluso más allá: "Si no hubiéramos tenido esta situación, las agencias de rating habrían elevado la nota de España y estaríamos en notable o notable alto", sentenció Luis De Guindos en su comparecencia en la Comisión de Economía del Congreso. Como Rajoy, auguró también un crecimiento del 3% para el 2018, ya que confía en que los comicios del 21-D "den un respiro y un clima de mayor normalidad" a la situación actual.

Ya el viernes fue el portavoz del Ejecutivo central el encargado de presumir de los informes de la OCDE y el FMI sobre las perspectivas de la economía española. "España es el país que más ha reducido la tasa de paro en el último año", dijo parafraseando a la ministra del ramo, Fátima Báñez, días antes. "Se ha reducido el paro en 603.000 personas, lo que supone el 17,8% del descenso del paro en todo el conjunto de la OCDE", siguió Íñigo Méndez de Vigo, augurando que el Gobierno cumplirá su previsión de conseguir 20 millones de trabajadores en el año 2020.

Del mismo modo, el también titular de Educación se vanaglorió de las previsiones del Fondo Monetario Internacional, que sitúa en el 3,1% el crecimiento de España en 2018, muy por encima del 2,3 enviado por el Gobierno a Bruselas. "El presidente ya celebró la previsión diciendo que incluso podría llegar al 3% si se normaliza la situación política en Catalunya", recordó Méndez de Vigo. Y agregó: "En ese caso, la economía española volvería a crear más de 500.000 puestos de trabajo", prometió.

Frente a estas cifras, el portavoz gubernamental relató justo las contrarias: las que, según él, ha provocado la actitud del Govern de Carles Puigdemont y Oriol Junqueras intentando proclamar una declaración unilateral de independencia (DUI) en Catalunya. "La rebaja de las previsiones del Gobierno enviadas a la Comisión Europea contienen la influencia de la situación política de Catalunya: la incertidumbre y la inseguridad jurídica tuvieron impacto en Catalunya y lo siguen teniendo", afirmó. Después, enumeró las 2.500 empresas que habían salido de dicha comunidad, la caída de la ocupación hotelera (un 7% en ocupación y un 13% en facturación, según sus cifras), la de las ventas (entre un 20 y un 30%), la del sector textil y la venta de automóviles (también alrededor del 30%) y la falta de confianza inversora de países como EEUU o Alemania.

"El paro en octubre tuvo la mayor subida en Catalunya desde 2008 y se perdieron 1.259 autónomos mientras Madrid ganó 2.375", continuó Méndez de Vigo, alentando el discurso del miedo. "De ahí la importancia del 21-D: Catalunya en manos de los secesionistas no tiene futuro", espetó desde su tribuna en Moncloa. "Se trata de recuperar el daño causado. Hemos perdido cinco años. No perdamos cuatro más", mitineó.

No es la primera vez que el Gobierno usa la economía para amedrentar al electorado... o a la oposición. El PP, que siempre se ha tildado a sí mismo como el mejor "gestor", usó también esa excusa para intentar presionar al PSOE para que apoyara los Presupuestos Generales del Estado -PGE- del 2017. No lo consiguió, pero ese mismo argumento usará ahora el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para volver a convencer al PNV de cara a la aprobación de las cuentas del 2018, que ya llegan con retraso: "Tener unos presupuestos es bueno para todos, no sólo para el Gobierno", defiende.

Antes de eso, el Ejecutivo de Rajoy usó la política del miedo para alertar, antes de las elecciones del 26-J, de los "efectos negativos, profundos e intensos" -en palabras de De Guindos- que tendría un Gobierno de Podemos. Y, más recientemente, tanto para arremeter contra la celebración del referéndum del 1-O o, incluso, para defender la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Catalunya. De no hacerlo, rezaba la exposición de motivos del acuerdo, la posible independencia de la comunidad conllevaría un "empobrecimiento de la economía de entre el 25 y el 30%.

Así las cosas, todo apunta a que buena parte del argumentario de los conservadores de cara al 21-D estará basado no sólo en la recuperación de la "normalidad" y la "convivencia" o en la defensa de la "ley", la "Constitución" y la "igualdad" y "unidad de España". El PP, en campaña, hablará de economía. Y mucho.