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El Gobierno estudia cerrar por ley los espacios públicos donde se exalte a Franco

El PSOE prepara varias enmiendas a la Ley de Memoria Histórica, que contemplan una serie de sanciones, para impedir que los restos del dictador sean enterrados en lugares abiertos al público, como la catedral de La Almudena. 

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Varias personas pasan por delante de la tumba del dictador Francisco Franco en el altar mayor de la Básilica del Valle de los Caídos. REUTERS/Andrea Comas

El Gobierno quiere evitar por ley que los restos de Francisco Franco sean enterrados en La Almudena, como pretende la familia del dictador. Fuentes del grupo parlamentario socialista, citadas por Europa Press, han anunciado que registrarán varias enmiendas en la Ley de Memoria Histórica que prohibirán que los restos de Franco acaben en espacios abiertos al público, como, por ejemplo, la catedral.

El texto que prepara el PSOE contempla sanciones para los responsables de los lugares que no impidan actos de enaltecimiento del franquismo y que podrían derivar en el cierre temporal e incluso definitivo del espacio. El Gobierno cree que la iniciativa pueda salir adelante en el Congreso con los mismos apoyos con los que se aprobó la exhumación de los restos Franco.

Aunque no menciona directamente a La Almudena, las fuentes socialistas apuntan a que la redacción de la enmienda no será interpretable y sin lugar a equívocos. De ese modo, si la Iglesia acepta finalmente que los Franco entierren al dictador en la cripta de la catedral, el recinto tendría que evitar las visitas cerrando el espacio al público si quiere cumplir la ley.

La reforma de la Ley de Memoria Histórica se está tramitando en el Congreso de los Diputados. Su desarrollo va a prolongarse tras la petición de PP y Ciudadanos de prorrogar el plazo de presentación de enmiendas.

Aunque en un primer momento el Gobierno asumió que no podría hacer nada para impedir que Franco fuera inhumado en La Almudena si la familia así lo quería ─la familia del dictador posee allí unas tumbas en perpetuidad─ hace una semana el Ejecutivo dio un giro de 180 grados.

Tras reunirse en el Vaticano con el secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, sentenció que Franco no podía ser enterrado en la cripta de La Almudena, en pleno centro de la capital, y aseguró que había acordado con Parolin trabajar conjuntamente para convencer a la familia de que optara por otro lugar.

Este compromiso fue matizado por el Vaticano y por la Iglesia española, que sostiene que no puede negarse a que la familia entierre allí al dictador. En la actualidad, la hija de Franco, Carmen, está enterrada en la cripta de La Almudena, junto a su marido, mientras que la esposa del dictador reposa en un panteón en el cementerio de Mingorrubio (El Pardo).

Así las cosas, el PSOE se prepara para impedir por medio de la ley que la voluntad de la familia Franco se imponga a la mayoría del Congreso de los Diputados, que quiere que el dictador no esté enterrado en ningún sitio donde puede ser objeto de enaltecimiento, como explicó el viernes pasado Calvo tras la reunión del Consejo de Ministros.

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