MADRID.- A pocos meses para las elecciones generales, el Gobierno estudia devolver a los funcionarios una parte o incluso la totalidad de la paga extra que fue suspendida en 2012 y de la que ya han recuperado el 25 %, según fuentes cercanas a las negociaciones que se están produciendo entre los sindicatos de la función pública y el ministerio de Hacienda.

Fuentes del Ejecutivo han confirmado que "la recuperación de la economía" abre la puerta a estudiar el reintegro del 75% de la paga extra de Navidad o una parte de ella, así como la devolución de uno de los días moscosos que fueron suprimidos a los funcionarios, y de los que han podido recuperar dos de ellos. No obstante, las citadas fuentes han explicado que hay que "analizar al detalle" la repercusión que podría tener cada medida antes de adoptarla.

La voluntad del Gobierno es resarcir a los funcionarios ya que ha sido "uno de los colectivos que más esfuerzos ha hecho durante la crisis e intentar devolver este esfuerzo ahora que se empiezan a recoger los resultados de las medidas adoptadas".

Fuentes de Hacienda han confirmado que las negociaciones con los funcionarios en el tema salarial comenzaron este lunes, aunque ambas partes han mantenido reuniones hace varias semanas para avanzar en las mejoras de las condiciones laborales de los empleados públicos.

Los sindicatos de los funcionarios indican que de momento "no hay papel" sobre la mesa y piden un compromiso firme.

Otras fuentes cercanas a las partes negociadoras reconocen que el Ejecutivo ha abierto un proceso de diálogo "con buena voluntad" y que el espíritu es devolver la extra que fue anulada a los funcionarios. "Hay buena intención", reconocen los negociadores, que a la vez añaden que podría haber una "ligera" subida salarial a los funcionarios.

La Mesa General de la Función Pública tiene previsto reunirse el 16 de julio próximo para tratar estos temas y poder cerrar un acuerdo cuanto antes. 

Este martes las dos partes se reunieron para abordar temas sociales y avanzar en un protocolo contra las agresiones a empleados públicos y el acoso laboral.

Los sindicatos de la función pública recuerdan que los funcionarios han perdido un 30% de poder adquisitivo desde que comenzó la crisis y piden trasladar en un documento los compromisos del Ejecutivo.