El Gobierno evita aclarar si permitirá nuevas exportaciones de armamento a Colombia pese a la brutal represión

La brutalidad policial en Colombia, que será investigada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha vuelto a poner el foco sobre uno de los negocios más polémicos: la exportación de armamento español –con licencia previa concedida por una junta interministerial– a países donde se registran graves violaciones a los derechos humanos. El diputado de EH Bildu Jon Iñarritu intentó que el Ejecutivo aclarase dudas al respecto, pero no lo ha conseguido.

"Las exportaciones de material de defensa a Colombia tienen un carácter regular derivado de una colaboración estrecha con las autoridades de este país y sus FF.AA. tal y como ocurre con buena parte de los países de Hispanoamérica", alega el Ejecutivo en la respuesta remitida esta semana a Iñarritu.

El representante vasco quería saber si durante los últimos meses se han autorizado nuevas exportaciones de material militar a Colombia. La concesión de esos permisos está en manos de la Junta Interministerial para el Comercio y Control del Material de Defensa y Tecnologías de Doble Uso (JIMMDU), el organismo encargado de conceder o rechazar los permisos de ventas al exterior que deben tramitar las empresas armamentísticas. Sus informes son secretos debido a una medida adoptada por el Gobierno de Felipe González en 1987, bajo el amparo de la Ley de Secretos Oficiales de la dictadura franquista.

"¿Estima el Gobierno en aplicación de la legislación vigente, suspender o adoptar otras medidas restrictivas de las autorizaciones de material de defensa y otro material potencialmente letal como las armas pequeñas, las armas ligeras, municiones, vehículos blindados y aeronaves para las Fuerzas Armadas y la Policía de Colombia que puedan utilizar para cometer o facilitar violaciones graves del derecho internacional de los derechos humanos, incluidos los crímenes de derecho internacional?", preguntaba el diputado de EH Bildu. Según datos oficiales recogidos por Público, las exportaciones de armamento español a Colombia durante los últimos diez años superaron los 16 millones de euros.

"Seguimiento" de la situación

En su respuesta, el Gobierno alega que "los datos de las exportaciones autorizadas y realizadas del año 2020 serán dados a conocer en la próxima comparecencia de la Secretaria de Estado de Comercio ante la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados". Del mismo modo, alega que "las autoridades españolas de control han seguido constantemente los hechos

acaecidos en varias ciudades de Colombia durante los primeros días de mayo y la  respuesta policial a las manifestaciones civiles", aunque no aclara si los graves casos de represión tendrán consecuencias sobre las operaciones de venta de armamento a ese país. 

Al igual que en otra respuesta enviada recientemente a Iñarritu sobre la venta de armas a Arabia Saudí, el Gobierno repite que "si se tuviese conocimiento o existiese riesgo de uso indebido de los materiales exportados", las autoridades aplicarían un mecanismo contemplado en la ley que permitirá "suspender o revocar una autorización previamente concedida". También avanza que "la Secretaria de Estado de Comercio informará acerca de aquellas operaciones en las que se ha exigido un certificado de último destino ex post en su próxima

comparecencia ante la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados". 

"Voluntad política"

Alberto Estévez, portavoz de Amnistía Internacional (AI) sobre comercio de armas, lamenta que "una vez más, la respuesta del Gobierno deja que desear", al tiempo que subrayó que "no responde a todas las preguntas formuladas". "Este tipo de respuestas impiden un control parlamentario real de la acción del ejecutivo. ¿Falta voluntad política de ser transparente o esto indica un problema recursos para garantizar un control efectivo de las exportaciones?", cuestionó.

A su juicio, "es preocupante que tampoco faciliten los datos solicitados respecto a operaciones en 2021, al menos de las licencias autorizadas desde enero a mayo". Estévez calificó como "positivo" que el Gobierno haya realizado "un seguimiento constante de lo ocurrido en Colombia en las últimas semanas, pero no aclaran si han adoptado medidas para suspender o revocar las autorizaciones de exportaciones de armas". "¿Acaso no es suficiente la información de la que disponen para evaluar que existe un riesgo sustancial de que las armas se usen para la represión interna según lo establecido en la Posición Común de la Unión Europea de 2008 sobre este tema?", se preguntó.

En las últimas semanas, AI ha documentado "el uso excesivo de la fuerza y violaciones de derechos humanos" en distintas ciudades, al tiempo que ha advertido sobre el uso indiscriminado y desproporcionado de armas letales y menos letales por parte de la Policía colombiana, en particular de los Escuadrones Móviles Antidisturbios (ESMAD), que han generado graves heridas y la muerte de decenas de personas, según reportan organizaciones de derechos humanos en el terreno".

"La Campaña Defender la Libertad es Asunto de Todas informó que del 28 de abril al 2 de junio se han registrado 76 homicidios, en su mayoría de jóvenes, de los cuales 34 fueron presuntamente cometidos por el accionar de las fuerzas de seguridad en el marco de las manifestaciones", señala el experto de Amnistía. Asimismo, otras 988 personas "reportan heridas como consecuencia del uso excesivo de la fuerza del ESMAD, de las cuales 74 sufrieron lesiones oculares". Por su parte, la ONG Temblores denunció que al 31 de mayo se han registrado 3.789 casos de violencia policial indebida y 1.649 detenciones arbitrarias de manifestantes.

"Estos datos deberían ser suficientes para que el Gobierno español, como le pidió AI a principios de mayo, suspenda de forma inmediata las autorizaciones de material de defensa y otro material potencialmente letal que las Fuerzas Armadas y la Policía de Colombia puedan utilizar para cometer o facilitar violaciones graves del derecho internacional de los derechos humanos", destacó Estévez. La organización de derechos humanos también exige que La Moncloa "revoque la autorización de las licencias de material letal concedidas aún no ejecutadas y mantenga esas medidas hasta que los responsables sean procesados".