MADRID.- Por sorpresa y en el último Consejo de Ministros, el banquero Alfredo Sáenz fue indultado por el Gobierno socialista en funciones de José Luis Rodríguez Zapatero, después de perder las elecciones generales de 2011.

Ahora, un Gobierno en funciones, esta vez del Partido Popular, duda en conceder esta medida de gracia a una maltratada, María Salmerón, quien debe entrar este viernes en prisión por incumplir el régimen de visitas dictado por la Justicia para evitar que su hija viera a su maltratador y padre de la niña.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha pedido un informe a la Abogacía General del Estado para dirimir si es legal conceder el indulto a María Salmerón. En cambio, pocas dudas tuvo el gobierno anterior para indultar a Sáenz.

El pasado 11 de marzo de 2015, Catalá manifestó en el Congreso que se estaba tramitando la petición de indulto y prometió que el Gobierno tendría "la máxima sensibilidad para encontrar las circunstancias que permitan el otorgamiento del indulto si así lo informa favorablemente el tribunal sancionador". Pero ha pasado casi un año y el indulto no ha sido tramitado, hasta que ha saltado la noticia del inminente encarcelamiento.

María Salmerón hizo todo lo posible para impedir que su maltratador y exmarido viera a la hija de ambos, de tal manera que fue condenada porque existía "una verdadera retención o secuestro de la menor respecto del derecho del padre...", decía la sentencia que la condenó a dos años de prisión, aunque luego la Audiencia de Sevilla rebajó la pena a seis meses.

Por su parte, Alfredo Sáenz fue condenado a tres meses de arresto  como responsable de una denuncia falsa contra unos empresarios, a los que se mandó a prisión en connivencia con un juez corrompido, Lluís Pascual Estevill, para intentar cobrar una deuda pendiente que éstos tenían con Banesto, la entidad que presidía.

Alfredo Sáenz no iba a entrar en prisión, pero la condena suponía su inhabilitación para ejercer de banquero. De ahí el indulto, el favor in extremis aprobado por el ejecutivo socialista en funciones para el entonces consejero delegado del Banco de Santander y número dos del poderoso Emilio Botín.

María Salmerón ingresará en la cárcel de no aprobarse su indulto porque es reincidente al haber sido condenada con antelación por incumplir el régimen de visitas; Su maltratador nunca entró en la cárcel porque fue condenado a menos de dos años de prisión por maltrato físico, psicológico y sexual contra ella.

El indulto a Salmerón cuenta con la opinión contraria del tribunal que la condenó y del fiscal. En cambio, el Gobierno del PSOE basó el indulto a Sáenz en el informe favorable emitido por el ministerio público.

Tiempos e influencias diferentes

A Salmerón los tiempos y las influencias no le han beneficiado como a Sáenz. Presentó la denuncia contra su expareja por maltrato habitual en 2001, antes de que entrara en vigor la Ley Integral de violencia de género de 2004, por lo que el litigio por la custodia de la hija en común se realizó en una vía separada, la civil.

Ella hizo todo lo posible para impedir que la niña viera a su exmarido, de tal manera que fue condenada varias veces y en 2009 la custodia de la hija pasó a su maltratador, cuando la niña sólo contaba con poco más de nueve años de edad. Después recuperó la custodia, pero ahora llegan las consecuencias de su pertinaz desobediencia a la Justicia.

El pasado 25 de enero, el juzgado de lo Penal número 13 de Sevilla fijó para este 5 de febrero la fecha de ingreso voluntario en prisión para María, quien espera una decisión de última hora para librarse de la cárcel.

Más capotes para Sáenz

Mientras Justicia tramita su petición de indulto, María Salmerón ha sido premiada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad por su lucha contra los malos tratos con su participación en documentales con víctimas reales de violencia machista.

En el caso de Alfredo Sáenz, el Tribunal Supremo resolvió en febrero de 2013 que el indulto no anulaba los efectos de su condena de Sáenz. Esto es, que el Gobierno podía indultar pero no borrar los nombres de los condenados del Registro Central de Penados. Esto provocó  su inhabilitación para ejercer de banquero formalmente, porque así lo prohibe una norma del Banco de España

Un més después llegó un nuevo capote. En abril de 2013, el Gobierno, esta vez en manos de Mariano Rajoy aprobó un Real Decreto de honorabilidad en el sistema financiero español que anula la inhalibitación automática de los banqueros condenados por delitos dolosos y lo deja a criterio del gobernador del Banco de España.

Ese mismo mes, Sáenz anunció su retirada voluntaria "por motivos personales" del Santander, antes de que el Banco de España resolviera sobre su caso y cobró 88 millones de euros en concepto de pensión. Recientemente ha sido nombrado miembro del consejo asesor internacional de JP Morgan para Europa, Oriente Medio y África.