La Comisión Bilateral Generalitat-Estado ha acordado un calendario de trabajo que incluye sucesivas reuniones entre el próximo mes de septiembre y enero de 2022 para abordar el traspaso de distintas competencias, ha informado la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, tras la reunión este lunes, la primera desde el 1 de agosto de 2018.

En una rueda de prensa después del encuentro, que ha durado alrededor de dos horas, la ministra lo ha calificado como "una muy buena reunión" y "un buen comienzo en la reactivación del diálogo por parte del Gobierno de España"; lo ha tachado de "fructífero" y "muy constructivo", y ha dicho que se ha desarrollado en "buen tono", "amable y muy honesto", y en "un ambiente muy distendido".

Rodríguez ha asegurado que no se han abordado asuntos como autodeterminación y amnistía, que podrán ser objeto de la mesa de diálogo que debe reactivarse en septiembre, y que la representación de la Generalitat sí ha hablado de fondos europeos, pero la propia ministra ha señalado que, "por respeto a todas las autonomías y al sector empresarial", este no era "el marco más ajustado" para abordar ese asunto.

En concreto, además de anunciar el pacto sobre la ampliación del aeropuerto de El Prat, la ministra ha informado de que se han alcanzado cinco acuerdos "que van avalados por un calendario de trabajo para el próximo semestre".

Estos cinco acuerdos hacen referencia a la reducción de la conflictividad institucional; la encomienda a la Comisión Mixta de Transferencias para que se culmine el traspaso de materias como becas y ayudas al estudio; la creación de un grupo de trabajo para tratar traspasos "viables", como Formación Profesional; la reactivación de la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales; y la creación de un grupo de trabajo para abordar el traspaso en el ámbito de los ferrocarriles.

Después de la mesa de diálogo prevista para septiembre, el calendario acordado este lunes arrancará ese mismo mes con las "rodalies", que abordará un grupo de trabajo, y seguirá en octubre analizando otras materias "susceptibles de ser traspasadas".

En noviembre continuará con la Comisión de Infraestructuras y en diciembre con la de Asuntos Económicos y Fiscales, para convocar una nueva Comisión Bilateral en enero o febrero del próximo año en la que "analizar el fruto de este proceso", que espera sea "productivo".

Además, se ha acordado una aportación total de 200 millones de euros antes de fin de año para dar cumplimiento a la Disposición adicional tercera del Estatuto de Autonomía de Catalunya, que establece que "la inversión del Estado en Catalunya en infraestructuras, excluido el Fondo de Compensación Interterritorial, se equiparará a la participación relativa del producto interior bruto de Catalunya con relación al producto interior bruto del Estado para un periodo de siete años".

La titular de Política Territorial ha querido dejar claro que "la relación del Gobierno (central) es con el Gobierno (catalán) no se trata de una cuestión de partidos sino de una relación institucional y en ese marco de referencia constitucional es en el que se mueve el Gobierno de España".

El objetivo del Ejecutivo que preside Pedro Sánchez, ha insistido, es conseguir una relación "distinta" que permita "acabar con la conflictividad social y política en Cataluña", "siempre -ha añadido- en el marco de la ley y la Constitución".

Junto a la ministra de Política Territorial, en representación del Gobierno de España han estado presentes, entre otros, la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera; las secretarias de Estado de Hacienda, Inés María Bardón, y de Transportes, Isabel Pardo de Vera; y el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas.

La delegación catalana ha estado encabezada por el vicepresidente del Govern, Jordi Puigneró; y los consejeros de la Presidencia, Laura Vilagrà, y de Economía y Hacienda, Jaume Giró. Han asistido también la delegada del Govern en Madrid, Ester Capella; la secretaria general de la Presidencia, Núria Cuenca; el secretario general de la Vicepresidencia, Ricard Font; y el director general de Relaciones Institucionales y con el Parlament, Bernat Costas.