Hacer oídos sordos. Esa ha sido la respuesta del Gobierno a la gran multitud de catalanes que ayer reclamaron que les permitan sacar las urnas a las calles. Fue la Diada 'más masiva de la historia', según los organizadores de la 'V', pero el Ejecutivo  ha decidido continuar con su inmovilismo habitual: 'La consulta no se celebrará porque es ilegal'.

Así lo ha señalado este viernes la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, que ha insistido en que el deber de todo gobernante -también el de Artur Mas- es 'cumplir la Constitución'. 'El Gobierno está sujeto a la Constitución y a las leyes. En este momento y en cualquier otro. En España y en Catalunya', sentenció en la rueda de prensa ofrecida tras el Consejo de Ministros.

Con ello respaldó las declaraciones que su homóloga en el PP, María Dolores de Cospedal, realizó esta misma mañana alegando que 'en democracia se gobierna con leyes y no con manifestaciones'. Y, mientras en el PP apelaban a la 'mayoría silenciosa', la número dos del Ejecutivo de Mariano Rajoy tiraba de argumentario para demostrar que su equipo 'también es el Gobierno de todos los catalanes'. 'Nuestra preocupación constante es atender todas sus necesidades en todos sus aspectos', mitineó.

Insistió en que Rajoy está abierto al diálogo 'porque más allá del 9 de noviembre hay más días en los que hay que seguir trabajando por los intereses de los catalanes' y recalcó que justo hoy se ha aprobado un Real Decreto por el que se distribuyen nuevos pagos al FLA que también benefician a Catalunya.

Sáenz de Santamaría también mostró su esperanza en que Mas cumpla su promesa de no llevar a cabo ninguna actuación ilegal y le instó a promover una reforma de la Constitución para intentar conseguir sus aspiraciones. 'Igual que el Gobierno respeta el derecho constitucional de los manifestantes para expresar lo que tengan por oportuno expresar -dijo, en referencia al evento de ayer en Barcelona-, el presidente de la Generalitat sabe que tiene la misma obligación de cumplir la Constitución y las leyes y espero que así lo haga', manifestó. Y agregó: 'Quien promueve el cambio de modelo tiene un procedimiento a seguir, que es la reforma de la Constitución, que establece también el procedimiento a seguir para llevar a cabo cambios de la naturaleza que la Generalitat reclama'.

No obstante, la vicepresidenta volvió a mostrarse reticente también a esa posibilidad. 'El Gobierno cree que puede haber una reforma Constitucional', respondió tras ser preguntada por la petición del PSOE para llevarla a cabo, 'pero con una premisa fundamental: es imprescindible que haya consenso para llevar a cabo esa modificación', añadió.

Y advirtió: 'Antes de inciarse un proceso que puede acabar generando frustración, hay que saber con qué cuenta', dijo, reclamando a la oposición que aclare 'qué se pretende (cambiando la Carta Magna), hacia dónde se quiere ir y con qué apoyos se cuenta para esa reforma'. Además, pidió 'que se tenga muy presente que 'todos juntos trabajamos mejor'.

En cualquier caso, recordó que el Ejecutivo central recurrirá ante el Tribunal Constitucional tanto la Ley de Consultas que está pendiente de aprobación en el Parlament catalán como la posible convocatoria de referéndum para el 9 de noviembre. La primera medida está prevista que se apruebe el próximo 19 de septiembre, un día después de la fecha prevista para el referéndum independentista escocés, y que cae en viernes, día en el que se celebran los Consejos de Ministros. Por ello, fuentes de Moncloa confirmaron también que, en el caso de que sea necesario convocar un Consejo de Ministros extraordinario para tomar medidas contra las decisiones del Parlament, así se hará, incluso aunque el presidente (que tiene previsto viajar en fechas cercanas) no pueda acudir al mismo.